Dos cartas enviadas por profesionales del organismo -la primera firmada por cuatro y la segunda, por doce- dan cuenta del descontento de un grupo de abogados que diariamente litiga defendiendo la inaplicabilidad de la amnistía en casos de secuestro calificado.
Una virtual rebelión debió enfrentar ayer la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, por parte de algunos abogados del organismo, a raíz de la postura que se adoptó sobre la aplicación de la ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos.
La reunión, que duró poco más de tres horas y media, se produjo debido a dos cartas enviadas al pleno del Consejo para que explicara las razones del brusco cambio de norte sobre la ley de amnistía.
La primera misiva, entregada el miércoles, fue firmada por cuatro abogados del CDE, mientras que la segunda, con ligeras modificaciones, fue suscrita por doce abogados y entregada el jueves.
El Mostrador.cl se reserva las identidades de las casi 20 personas que estuvieron ayer en este encuentro, a petición de las fuentes que fueron consultadas para la elaboración de esta crónica.
Clara Szczaranski, cuando se inició este encuentro, estuvo acompañada por el abogado jefe del Comité Penal, Eduardo Urrejola, y la procuradora general de Santiago, María Teresa Muñoz.
Antecedentes recabados por este medio dan cuenta que Urrejola estimó que la carta estaba dirigida al Consejo y no así a su presidenta, y precisó que no podía quedarse en el encuentro debido a que tenía otras materias que atender.
A juicio de los presentes, esto habría significado que Urrejola le quitó el piso para esa instancia a Szczaranski.
El ambiente de la reunión, según dijeron algunos abogados que estuvieron presentes, fue tenso.
De hecho, una abogada increpó a Szczaranski y le preguntó porque se había nombrado al abogado Juan Sebastián Reyes, que alegó ante la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, en el caso del detenido desaparecido mirista Miguel Ángel Sandoval.
Los cuestionamientos apuntaban a que se trata de un especialista en derecho civil y no penal, y porque es "reconocidamente pinochetista".
Szczaranski contestó que desconocía este último hecho, sin embargo la procuradora general de Santiago, María Teresa Muñoz, explicó que la decisión le había correspondido al Comité Penal, mas no se refirió a las vinculaciones políticas de Reyes.
Las dudas centrales de los abogados del organismo acerca del criterio del CDE, en cuanto a que los jueces que llevan causas de derechos humanos por secuestro calificado deben tratar de acreditar el homicidio para aplicar la amnistía, son las siguientes:
– ¿Significa tal instrucción que debemos solicitar diligencias de investigación tendientes a esclarecer las muertes de las personas secuestradas y luego desaparecidas con independencia de los hechos efectivamente acreditados en el expediente?
– ¿Basta con la eventual confesión del imputado, aunque no exista ningún otro elemento de prueba, para plantear que se debe tener por el delito de homicidio que corresponda? acreditado
– ¿Qué pasa con la norma que impide tener por acreditado el cuerpo del delito en base a la pura confesión del imputado (art. 481 Nº 4 CPP)?
– ¿Qué pasa si no es posible establecer de modo concordante y fehaciente la data de muerte?
– ¿Qué pasa si el tribunal rechaza nuestras solicitudes? ¿Debemos apelar aunque no lo hagan los imputados?
– ¿Debemos solicitar la aplicación del DL 2191, de amnistía aunque no lo soliciten los imputados o condenados?
– Si la respuesta anterior fuese negativa, ¿qué significa que debemos «considerar» la vigencia del DL 2191, de amnistía?
– ¿Qué ocurrirá si en las querellas se hubiere denunciado la comisión de delitos expresamente excluidos del DL 2191, de amnistía, como la violación, sustracción de menores de edad, abusos deshonestos, y ellos no pudieran acreditarse sin la existencia misma del cadáver?
– Finalmente, ¿estamos autorizados para, en las demás causas criminales o civiles, invocar causas de exención o exclusión de la responsabilidad criminal o alegaciones de fondo, que no hayan sido esgrimidas por las defensas y que emanen objetivamente de los antecedentes del proceso?
Szczaranski, en todo caso, contestó punto por punto las dudas de los profesionales, en una misiva del pasado 20 de octubre, con lo que de esta manera se adelantó a los miembros del CDE que deberían verla el próximo martes.
Lectura
Durante el transcurso del "evento", Szczaranski dio lectura a un documento y también proyectó transparencias a los abogados. Sin embargo, un par de profesionales abandonó la sala mientras ella terminaba esta exposición, argumentando que no eran alumnos de "primer año" de Derecho, como para escuchar una clase magistral.
Las fuentes consultadas dijeron que el objetivo y el ánimo de Szczaranski, al delinear los argumentos que se usaron ante la Suprema en el caso Sandoval era que la Segunda Sala anulara la sentencia, ordenara al ministro Alejandro Solís reabrir el sumario y acreditar, por los medios legales, la existencia del homicidio.
Durante los alegatos del caso Sandoval, el CDE dio un giro "novedoso" y a la vez críptico respecto de la aplicación de la amnistía, como también un cuestionamiento hermenéutico a la existencia del delito de secuestro calificado de carácter permanente.
El alegato, fundamentalmente, radicó en que para el caso puntual de Sandoval no debía aplicarse la ley de Amnistía, porque se había llegado a una instancia donde el recurso de casación no podía volver atrás los hechos investigados y fallados, tanto en primera como en segunda instancia.
Sin embargo, ese criterio debía ser distinto para todo el resto de las causas donde el secuestro calificado fuera la figura típica desde la cual se iniciaba la investigación criminal. La frase pronunciada por Szczaranski sorprendió a los abogados consultados por este diario.
División
La tesis planteada por el CDE no sólo generó molestia entre los abogados de derechos humanos y entre algunos diputados de la Concertación, sino que también entre los profesionales del CDE que diariamente litigan en los tribunales de Justicia, y particularmente en estos procesos, evitando que se aplique la ley de amnistía y buscando una sanción para los casos de secuestro calificados.
Algunos abogados que estuvieron en este encuentro concluyeron que si bien fue positivo haberle expuesto la diferencia de parecer jurídico a la presidenta del CDE, también reconocieron que ésta última demostró su habilidad política para detener este movimiento interno de abogados litigantes.
En cualquier caso, las cartas debieran ser analizadas la próxima semana durante la tradicional reunión que el pleno del organismo sostiene los días martes.
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Lea además
Carta de los abogados del CDE al Pleno del organismo
La carta de respuesta de Clara Szczaranski
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