Con las municipales del próximo domingo se »estrenará» por primera vez la ley de financiamiento electoral. Sin embargo, ya comenzaron las críticas al cuerpo legal: sanciones »ridículas», falta de recursos para su fiscalización y poca transparencia para los ciudadanos son las principales de esas fallas.
En las próximas elecciones municipales no sólo se pone a prueba el respaldo de los partidos políticos, sino también se «estrenará» la ley de gasto electoral. Si bien ésta pone topes a lo que pueden gastar los candidatos a alcaldes y concejales en sus campañas, los estudios realizados hasta ahora demuestran las debilidades de la ley y la dificultad que ésta tiene para ser cumplida.
El cuerpo legal, además de regular y limitar los gastos de los candidatos a cargos de elección popular, introdujo por primera vez el financiamiento público a las campañas. Para este año se estableció un subsidio estatal de 7 mil millones de pesos para los candidatos a alcalde y concejales de un total de 80 mil millones de pesos.
Pero aunque la ley estableció un monto máximo por candidato y sanciones para quienes infrinjan la ley, a juicio de la Corporación Tiempo 2000 -organismo que es uno de los think tanks de la Concertación- la ley requiere urgentemente modificaciones, pues una de las falencias más grave es la falta de transparencia y la poca capacidad de fiscalización.
A esto se suma que los candidatos que infringen la ley tienen multas «ridículamente bajas» y que aún los ciudadanos no tienen la posibilidad de saber quiénes aportaron a las campañas de sus candidatos, salvo en el caso de las donaciones públicas.
Deficiencias en los controles
Según denunció el presidente de Tiempo 2000, Jorge Navarrete, «hemos visto deficiencias que van por el lado de la capacidad de controlar los límites y en la eficiencia en el control del uso de los recursos públicos. Pero me parece que lo más grave es que en la forma en que quedó legislado, la enorme mayoría de los aportes que se hacen a las campañas -incluso a través del sistema de la ley- están hechos a través de mecanismos que, en definitiva, son anónimos desde el punto de vista de la ciudadanía».
«Esto es particularmente serio cuando se trata de aportes de empresas -cualquiera sea su tamaño- pero es más peligroso cuando son grandes empresas, cuando esas empresas tienen accionistas minoritarios que pueden no estar al tanto de la situación, cuando usan recursos públicos o cuando postulan a concesiones o a otro tipo de contratos que pueden ser decididos por la autoridad política. La falta de transparenciaes lo más grave», añadió.
Según Navarrete, lo más importante es mejorar la ley. «Primero transparencia. Segundo, las sanciones deben ser realistas y a veces el objeto ideal de una sanción es no tener que aplicarla nunca, es que actúe disuasivamente. Si dicen que va a ser difícil demostrar una transgresión concreta de un límite, es posible, pero bastaría que en una de las 345 comunas se descubriera y la sanción en vez de una multa ridículamente baja, fuera que la persona que firma como gerente tuviera una responsabilidad personal por lo que ha hecho y que el candidato si fue elegido perdiera el cargo o si no fue elegido tuviera que devolver el financiamiento público que recibió de su bolsillo. Creo que eso influiría en la conducta de los restantes candidatos que no se fiscalizan».
Pese a las deficiencias que la ley presenta, Navarrete destacó que «si bien somos críticos, en el sentido de que la ley no ha cumplido todos los objetivos que se tuvieron en cuenta para dictarla en el momento del acuerdo político respectivo, creemos que, primero, significa un paso adelante por el hecho de aludir el campo al legislar y, por lo tanto, se puede mejorar. Segundo, entre la ley más un efecto que, yo diría, se produjo casi espontáneamente en los ciudadanos, creemos que ha habido un grado de autocontrol, que si bien no es de todos los candidatos y de todas las comunas, ha sido importante. Creemos que se habría gastado más si no hubiera existido la ley y si no hubiera existido la reacción ciudadana».
Los problemas de la ley
A juicio de Tiempo 2000, la actual ley de gasto electoral ha mostrado numerosas deficiencias, especialmente en la definición de gasto electoral, en los mecanismos públicos de control, en las posibilidades de conocer las fuentes de financiamiento y las complejidades de donaciones privadas y en las dificultades de identificar los gastos electorales.
A esto se suma, según la entidad, la escasa participación que se le permite a la ciudadanía para controlar los gastos electorales y la debilidad de las sanciones, entre otros aspectos.
Por esto, en el organismo señalan que una de las principales deficiencias de la ley es que al definir gasto electoral «se incurre en el error de hacerlo de manera taxativa. Si, en cambio, se optara por un concepto abierto o flexible, que incluyera algunos gastos a modo de ejemplificación, sería más fácil para el intérprete poder incorporar otros gastos (que perfectamente pudieran ser catalogados como electorales) a través de la analogía».
Esto, porque «lo más probable es que la inagotable imaginación de los actores políticos encuentre fórmulas de promoción política no consignadas expresamente en la ley, pudiendo tales gastos quedar excluidos de la cuenta que los administradores han de entregar al Servicio Electoral».
Los vacíos legislativos
Aunque uno de los argumentos que se han esgrimido en el debate sobre la ley de gasto electoral es que faltan recursos para poder fiscalizar la totalidad del gasto de los candidatos, especialmente en una elección municipal, para Navarrete el problema principal no es ése, pues -según dijo- «habiendo información nunca va a faltar alguien que la quiera procesar. Para nosotros lo más grave es la dificultad para acceder a la información, la falta de transparencia».
«En el caso del servicio electoral creemos que debiera dotársele de mayores recursos para hacer el control, sobre todo una vez hecha la primera experiencia de funcionamiento (estas elecciones municipales). No es necesario que en todas las elecciones se fiscalicen todos los distritos, circunscripciones y comunas. Puede perfectamente fijarse un sistema aleatorio y eso ya de por sí induce a moderarse y a cumplir la ley. Hay que darle un poco más de recursos al sistema electoral, pero sobre todo hay que abrir la información, primero a los medios, segundo a todas las instituciones que nos dedicamos al estudio de temas académicos-políticos, y tercero, a todos los ciudadanos que estén interesados».
Uno de los problemas que se ha planteado el organismo es cómo se contabilizará la propaganda electoral, por ejemplo, cuando una elección presidencial coincida con una elección parlamentaria de senadores y diputados. Si un candidato a la Presidencia aparece fotografiado con todos los postulante al Congreso a lo largo del país, a quién debe asignársele el gasto de campaña al candidato a la Presidencia, al candidato al Parlamento o a ambos por igual.
Otro de los vacíos legales en que la ley incurriría, según la corporación, es que si bien se establece que las donaciones reservadas -generalmente proveniente de empresas- son individualizadas por el RUT, «nada impide que se sumen donaciones en base a la utilización de múltiples RUT, a pesar que el origen económico de los fondos sea el mismo».
A esto se suma que el apoyo económico que pueden dar los partidos políticos a sus candidatos deben ser «precisados», pues -por ejemplo- en el caso de que un candidato transgreda los márgenes máximos establecidos en la ley «perfectamente puede aducir que el excedente no es propio, sino que imputable al partido político que lo ha estado apoyando».
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