La iniciativa, presentada en la Cámara baja y surgida tras el Informe sobre Prisión Política y Tortura, señala que los exonerados políticos que quieran acceder al beneficio deberán renunciar al que reciben actualmente. Además, incorpora medidas para menores nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Esta mañana ingresó a la oficina de partes de la Cámara de Diputados el proyecto de ley ideado por La Moneda para reivindicar a las personas que testificaron ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
El mensaje considera exclusivamente las pensiones anunciadas por el Presidente Ricardo Lagos a favor de las víctimas de tormentos y la prisión política, excluyendo a los exonerados políticos.
Debido a que tiene discusión inmediata, la iniciativa debería ser despachada en tres días, tras su paso por las comisiones de Hacienda, Derechos Humanos y Constitución, así como las salas de ambas cámaras.
Si así fuera, los legisladores deberían de programar para la tarde de este miércoles una sesión especial, puesto que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen sólo un día para discutirla y el jueves comienza el receso de fin de año.
La historia de la tramitación parlamentaria indica que tradicionalmente se ha cambiado el tipo de urgencia para proyectos de esta connotación pública, de modo de dotar de mayor tiempo a los legisladores.
Entre los artículos más importantes del proyecto, están la reserva de la identidad de los presuntos torturadores por 50 años, indicando que ni los integrantes de la denominada "comisión Valech" como las víctimas podrán revelarlos hasta que se cumpla ese lapso
Asimismo, expresa que los magistrados tampoco podrán solicitar dicha información, indicando que cualquier falta a esta cláusula originará penas estipuladas en el Código Penal.
Reparaciones
El proyecto considera también una pensión vitalicia para las víctimas de la represión política del régimen militar.
Si bien el beneficio es compatible con otras pensiones, excluye a quienes reciban una por concepto de las leyes sobre exonerados políticos, quienes podrán canjear el privilegio y recibir $ 3 millones por una sola vez.
La pensión anual, que se pagará en doce cuotas mensuales, ascenderá a $1.353.798 para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a $1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a $1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad.
Para los menores nacidos durante el cautiverio de sus madres, el mensaje contempla una indemnización de $ 4 millones, al igual que beneficios en materia de salud y educación.
La normativa, además, considera la entrega de apoyos técnicos y rehabilitación física necesaria para quienes hayan sufrido lesiones permanentes e invalidantes a raíz de la prisión política o la tortura.
Asimismo, el Estado garantizará la continuidad gratuita de los estudios, sean de nivel básico, medio o superior, para personas que producto de la situación que atravesaron no pudieron finalizarlos.
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