Aunque el ex animador calmó las aguas, en el horizonte se asoma una nueva complicación: una auditoría externa que pueden pedir los concejales de la Concertación para saber dónde están los $ 4 mil millones que Lavín obtuvo mediante una operación bancaria que involucró un edificio municipal, cuyo destino aún no es informado.
Después de una reunión que se prolongó por más de 90 minutos, finalmente el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, dejó en suspenso el destino de los 42 funcionarios municipales a quienes no se les renovó su contrato para el 2005 y accedió a revisar individualmente las razones esgrimidas por los directores de las oficinas edilicias para declarar prescindible a este personal.
En la cita donde el ex animador de televisión tomó esta decisión estuvieron presentes las directivas de las dos asociaciones que tiene el municipio, la Asociación de Funcionarios y la Asociación de Profesionales Pedro de Valdivia. En el encuentro también se encontraba uno de los más cercanos asesores del edil, el administrador municipal, Héctor Feeley. La decisión se produce prácticamente una semana después de que se notificaran los primeros »despidos».
Según dijo el viernes el presidente de la Asociación de Profesionales, Fernando Vallejos, ambas agrupaciones deberán presentar un informe conjunto al alcalde en el que expliquen por qué razones los funcionarios a los que no se renovó su contrato deben permanecer en sus puestos. Vallejos insistió en que en muchos casos el supuesto criterio técnico con que se resolvió alguna situación escondía, más bien, algún conflicto personal.
Gestos conciliatorios
La decisión del alcalde Alcaíno, que vivirá su prueba de fuego a partir del próximo lunes, representa el segundo retroceso en menos de una semana. El martes, en el almuerzo que mensualmente planea sostener con los concejales, accedió a ablandar el abrupto final del Plan Pololo, heredado de su antecesor, el presidenciable de la Alianza, Joaquín Lavín, que se había convertido en importante fuente de ingreso para unos 400 vecinos de la comuna.
El fin de este plan, uno de los más promocionados de Lavín en los cuatro años en que encabezó el principal municipio del país, fue gatillado por la brutal contracción de los presupuestos municipales para 2005. De hecho, en comparación con el último del que dispuso Lavín, el de este año es $ 1.300 millones menor. Su desaparición generó casi inmediatamente las protestas de los perjudicados, quienes han intentado, aún sin un resultado, que el ex conductor de televisión los reciba.
Ante los sostenidos reclamos de parte de los concejales, en especial de la concejala DC Ximena Lyon, quien le hizo presente que notificó el fin del plan recién al mediodía del último día del año pasado, Alcaíno finalmente se comprometió a encontrar los fondos necesarios para entregar a unos 200 ex plan pololo un bono por enero, mientras logran hallar alguna nueva ocupación.
El viernes sucedió algo similar con el caso de los 42 funcionarios a quienes se dejó sin contrato, ya que ahora Alcaíno revisará caso por caso, dejando abierta la posibilidad que alguna situación quede sin efecto. Sin embargo, durante la reunión del viernes con ambas asociaciones de funcionarios, Alcaíno se detuvo a explicar el plan de reestructuración que planea realizar en el municipio, el que -según dijo Vallejos- se comprometió a informar antes de echarlo a andar.
Nueva complicación
Sin embargo, si bien el ingeniero y empresario ha logrado contener la molestia que provocaron dos de sus primeras decisiones en el municipio, puede que el panorama experimente una nueva complicación durante la próxima semana, de concretarse un anuncio realizado el viernes por los concejales de la Concertación.
Se trata de la posibilidad de solicitar en el Concejo Municipal del próximo miércoles la realización de una auditoría externa luego de que la dirección correspondiente no haya entregado aún un informe sobre el destino de los fondos que obtuvo Lavín luego de poner dentro del sistema de leaseback el edificio ubicado en la esquina que forman las calles Santo Domingo y 21 de Mayo.
Por la operación bancaria el presidenciable de la Alianza recibió, el 2004, más de $ 4 mil millones. Pero en las cuentas que fueron sometidas a consideración del nuevo concejo no hubo mayores menciones al destino de estos dineros. Razón por la cual a comienzos de diciembre pasado Ximena Lyon pidió un informe, que debía ser entregado en un plazo no superior a los quince días hábiles.
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