En entrevista con El Mostrador.cl, el jefe de la División de Gobierno Interior de esta cartera, Ernesto Barros, explicó en qué consiste esta nueva fórmula para prevenir y perseguir los delitos, en la que existe una coordinación de las policías, Ministerio Público y autoridades de cada localidad.
Desde enero de este año, el Ministerio del Interior actúa como coordinador de los llamados Planes Regionales Antidelincuencia (PRAD), los que tienen por objeto hacer más eficiente la utilización de los recursos en la persecución criminal y lograr que las zonas con los más altos índices de delitos gocen de una mayor seguridad.
En entrevista con El Mostrador.cl, el jefe de la División de Gobierno Interior y subsecretario (S) de esa cartera, Ernesto Barros, explicó cuál fue el origen de esta nueva política para frenar las altas tasas de ilícitos que registran casi todas las zonas del país, sus objetivos y la experiencia que alcanzan con seis meses de aplicación.
Según las cifras dadas a conocer por el funcionario, las denuncias de delitos focalizados bajaron un 11,7 por ciento en todas las regiones del país, mientras que el número de detenidos aumentó en 4,07 por ciento respecto de las cifras registradas durante 2004.
Desde el 16 de junio pasado, los PRAD están implementados en todo el territorio nacional. Sin embargo, estas cifras se refieren al primer semestre de este año, cuando aún la Reforma Procesal Penal no estaba vigente en la Región Metropolitana.
De esta forma, el estudio registra cifras obtenidas en 12 regiones, 16 provincias y, específicamente, en 49 comunas de Chile. Y, de acuerdo a lo explicado por Barros, de las doce zonas contempladas en el estudio -con excepción de la RM- las denuncias de la población bajaron en ocho.
Elementos clave
– Dentro de esta nueva propuesta para combatir el delito, ¿cuáles son los elementos más importantes para obtener buenos resultados?
– En esta forma de enfrentar y prevenir el delito está la fórmula ganadora. Incluye coordinación -que es la palabra clave- con metas precisas. Se coordina el intendente, con los gobernadores provinciales, más el fiscal del Ministerio Público de la zona, además de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, a través de sus mandos superiores regionales.
– ¿Cómo las personas pueden percibir cotidianamente esta nueva estrategia para combatir la delincuencia?
– Es muy importante que en el control, que es un elemento básico de estos planes, la gente participe de varias formas. Por ejemplo, una de ellas en caso de los delitos contra la propiedad, hurtos y robos con fuerza (que totalizan casi el 60% de las denuncias a nivel nacional), hemos pedido a la comunidad -primero- que no compre cosas de origen desconocido, ya que eso tiene que ver con las bandas que lucran con objetos hurtados y, por otro lado, a organizarse con otros vecinos para vigilar y para proteger sus propias casas.
Creemos que esa doble fórmula nos ha dado una estrategia de participación en lo concreto y específicamente para combatir estos dos tipos de delitos: hurtos y robos con fuerza.
– ¿En esta nueva estrategia, cuál es la importancia de la Reforma Procesal Penal?
– Es de la mayor trascendencia. Por ejemplo, para que se produzca un delito basta la voluntad de una persona, pero para que nosotros sepamos de la existencia del delito, podamos pesquisar al infractor o delincuente, sean formalizados cargos en su contra y de ellos se pueda establecer una condena y ésta sea cumplida, a lo menos se necesitan cinco fases de coordinación. Dentro de nuestra fórmula ganadora que es conocer de los delitos, detener a los responsables por Carabineros o Investigaciones, formalizar cargos y obtener condenas, es parte fundamental la Reforma Procesal Penal.
La única forma que los detenidos sean declarados culpables, se acrediten los cargos ante la justicia y cumplan las penas que establece la ley, es que existan las Fiscalías.
– Una de las características del nuevo proceso penal es enfocar los recursos económicos a perseguir los delitos que generan mayor daño social. A la inversa, los de menor importancia no se investigan, a menos que los culpables sean identificados por las víctimas. ¿Esta baja en las denuncias puede deberse a una baja expectativa de los afectados respecto a obtener un resultado positivo?
– No creemos que eso suceda, porque si fuera así tendríamos que comparar que el sistema antiguo tenía otras características más desincentivadoras de la denuncia. Lo que creemos es que efectivamente la Reforma Procesal Penal nunca podrá hacerse cargo de la totalidad de los delitos, ningún sistema puede prometer eso. Sí creemos que se pueden focalizar los esfuerzos en relación a los territorios, y en eso es donde hemos construido acuerdos con los fiscales, en cada uno de los planes regionales.
Es decir, los centros de las ciudades generalmente acumulan una parte significativa de delitos, por la mayor concentración de público y de actividad comercial, social y cultural. Lo que hemos dicho es que los delitos que se cometen en ese lugar tienen que ser especialmente prevenidos, por una parte, y controlados, por otra, y en eso el esfuerzo de la reforma ha sido bien interesante, ya que no aplicamos los mismos remedios de antes, trabajando la totalidad del territorio, sino que focalizamos el esfuerzo. Por ejemplo, en el centro de Talca los hurtos cayeron de 66 que se cometían en el semestre pasado, a nueve y la proporción de condenados fue muy alta.
Creemos que lo importante es un buen diagnóstico, el cual nos debe decir donde ocurren más delitos y ahí es donde debemos poner los esfuerzos preventivos y de control, por eso la reforma y especialmente los fiscales han sido actores claves en este esfuerzo.
– ¿Desde cuándo se aplica esta nueva forma de enfrentar la delincuencia?
– Estos planes regionales antidelincuencia diría que nacen, fundamentalmente, del análisis de los resultados que obtuvimos en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana el año 2003, que no mide denuncias, sino que victimización en la población. Se encuestaron a 16.279 casos de personas mayores de 15 años, y esa información nos dio muchas luces sobre donde estaban ocurriendo los delitos; y, lo segundo, que las experiencias eran muy distintas en cada ciudad, incluso intraregionalmente no eran tan comparables los fenómenos que ocurren en las distintas provincias de una región. Esta encuesta fue hecha por el INE y se va a hacer de nuevo este año.
Luego parte esta política regional el año 2004, con una indicación del Ministerio del Interior, los planes se formulan en diciembre de ese año y se comienzan a aplicar desde el pasado mes de enero. Llevamos seis meses de aplicación y esos son los resultados.
– ¿Esta nueva forma de enfrentar la delincuencia permite una respuesta más rápida a los cambios que pueden experimentar las distintas zonas?
Todo es territorial, nada puede ser en los escritorios, lo que se nos ocurra en los escritorios sino tiene aplicación territorial simplemente no sirve, puede ser un buen estudio, pero todo ocurre en una calle, en una casa o respecto a una comunidad.
Claramente la realidad va cambiando, y por eso se va adaptando, por ejemplo si los hurtos bajan y suben los robos con fuerza tenemos que mirar porque está ocurriendo.
