La investigación interna que desarrolla el organismo fiscal para determinar el origen de las millonarias cuentas que mantuvo el general (R) Pinochet en el extranjero, se ha centrado en el eventual pago de comisiones en la compra y venta de armamento por parte de las FF.AA. Las defensas de los procesados ya tienen acceso parcial al sumario instruido el ministro Muñoz.
No sólo el caso de la venta ilegal de armas a Croacia, que en los últimos días ha experimentado un radical giro tras las condenas de primera instancia y los reveladores testimonios, han llamado la atención al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como uno de los posibles orígenes de la abultada fortuna que el general (r) Augusto Pinochet mantuvo oculta en el extranjero.
Por ello, la petición que ayer, miércoles, realizaron los abogados querellantes en el caso Riggs, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, respecto a investigar la eventual conexión entre estos delitos con este proceso judicial que instruye el ministro de fuero Sergio Muñoz, no tomó por sorpresa a este organismo, encargado de defender el patrimonio fiscal del Estado chileno.
Desde hace varios meses el CDE ya se encontraba tras esa pista, además de otras transacciones comerciales por concepto de venta y compra de armamento que se realizaron durante la década de los noventa por parte de las Fuerzas Armadas, entre las que se encuentran el fallido proyecto "Rayo" y, la compra de 25 aviones Mirage V dados de baja por la Fuerza Aérea de Bélgica.
El CDE, de forma paralela a las indagaciones que lleva a cabo el juez Muñoz, desarrolla una investigación sobre el posible lavado de dinero que habría realizado Pinochet y su entorno cercano, con el objetivo de desorientar a las entidades fiscalizadoras sobre el real propietario de las numeras cuentas e inversiones que mantuvo en el exterior.
Extrema confidencialidad
En abril de 2003, la justicia belga envío a Chile un exhorto para que se investigaran hechos relacionados con la compra de los aviones Mirage-Elkan, además de una serie de insumos de las naves, luego que en ese país europeo estallara el escándalo de corrupción llamado "Dossier Augusta".
En la carta rogatoria, el juez de instrucción de Bruselas, Daniel Fransen, pidió aclarar el destino de cerca de 15 millones de dólares que durante la transacción se habrían destinado al pago de "comisiones" a distintas empresas e intermediarios, hecho que está sancionado por las leyes de dicho país.
Según precisó dicho documento, un 3,6% de dicho monto (cerca de 550 mil dólares) fueron destinados a las empresas Europavía y OGA, cuyo representante era Jacques Lefebvre, ex jefe del estado mayor de la Fuerza Aérea belga y principal promotor de la venta de los aviones a Chile.
Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades». Al día siguiente de escribir la nota, el 7 de marzo de 1995, se suicidó.
A raíz de este exhorto el CDE presentó una denuncia por estas supuestas irregularidades ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, tribunal que desde esa fecha se encuentra indagando la forma en que se llevó a cabo esta compra de armamento.
Una sociedad sospechosa
Sin embargo, los vínculos más cercanos entre el caso Riggs y el Mirage aparecen a través de la empresa Bertier Investment Inc. Esta institución recibió el 96,3% restante de las comisiones (cerca de 14.450.000 dólares), a través de un depósito en una cuenta en el Clariden Bank de Zurcí.
El Primer Juzgado del Crimen pudo establecer que la dueña de la mencionada entidad es la sociedad Alemán, Cordero, Galindo y Lee Trust, la misma que figura en el último informe del Senado de Estados Unidos como una de las receptoras de los fondos pertenecientes a Pinochet en el Banco Coutts & Co. (USA) International.
Según consta en la investigación que develó el millonario patrimonio del ex jefe del Ejército, la cuenta correspondiente a "la sociedad Eastview Finance S.A. envió una transferencia por cable de US$ 1500 al Bank Leumi, en Miami, para «Alemán, Cordero, Galindo y Lee ‘re: GLPV’".
Dicha sociedad -según informó en diciembre de 2004 el diario La Nación– estaba integrada por los abogados panameños Lorenzo Manríquez y Carlos Cordero. Estos también tenían vínculos con la empresa Cornwall Overseas Corporation, cuyo representante en Chile era Oscar Aitken Lavanchy, el ex albacea de Pinochet.
Espirito Santo
A ello se agrega que otro de los destinatarios de parte de esas comisiones fue la sociedad Intercountry Holdings Ltda., a través de un depósito en una cuenta del Banco Espirito Santo, también de Miami.
Lo llamativo es que dicha cuenta (N° 116154103), cuyos dueños aún no se logran precisar, es similar a las que Pinochet manejó entre 1991 y 2000 en dicha institución (N° 115300095, 115391494, 116150253 y 116152530), a nombre de las sociedades Trilateral International Trading y Santa Lucía Trust.
Según las indagaciones realizadas por el Senado norteamericano, el total de los montos que mantuvo el general en retiro en dicho institución financiera no se pudo establecer fehacientemente, dado que la entidad fue vendida a fines de la década de los noventa. Sin embargo, estimó que esos fondos habrían bordeado los 2,3 millones de dólares.
Vínculo con las armas a Croacia
Hace una semana se hizo pública la eventual relación entre Pinochet y el tráfico ilegal de armas a Croacia, descubierto en 1991, a raíz de las revelaciones del capitán de Ejército (r) Pedro Araya, uno de los tres condenados en primera instancia por la justicia militar.
El ex uniformado afirmó que la operación, que se trató de encubrir mediante un supuesto envío de ayuda humanitaria a Sri Lanka, fue decidida en una junta de generales realizada en el Club Militar de Lo Curro, encabezada por el propio Pinochet.
También genera suspicacias el rol que en el caso Armas jugó Aitken, quien también fue asesor del entonces director de Famae, general (R) Guillermo Letelier Skinner, otro de los que Araya mencionó como posibles responsables del envío ilegal.
Por otra parte, la viuda del coronel Gerardo Huber, muerto en extrañas circunstancias luego de declarar en este proceso judicial aseguró que al detectar irregularidades en el envío de estos pertrechos, denunció la situación al mismo Pinochet, pero éste sólo le habría recomendado acudir a ayuda siquiátrica, por el supuesto desequilibrio mental que lo afectaba.
Otra de las aristas indagadas en este caso Riggs es el fallido cohete «Rayo», respecto del cual el ministro de fuero Sergio Muñoz pidió al Congreso que les remitiera los documentos que examinó cuando fiscalizó dicho proyecto.
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