La abogada de la familia del ex comandante en jefe del Ejército anunció que pedirá que se le dé preferencia a todos los posibles recursos que interpongan las defensas de los procesados, con el fin de que este caso emblemático concluya durante los próximos meses. Asimismo, opinó que no existe ninguna posibilidad de lograr extraditar a Michael Townley para ser juzgado en Chile.
Al conmemorarse 32 años del homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Couthbert, una de las abogadas querellantes del caso, Pamela Pereira, manifestó su esperanza en que este proceso judicial cuente con una sentencia condenatoria contra la cúpula de la disuelta DINA y varios de sus agentes, quienes perpetraron este doble crimen el 30 de septiembre de 1976, en Buenos Aires, Argentina.
En el proceso judicial abierto en Chile, en el 2002, el ministro en visita Alejandro Solís mantiene procesados al ex director del organismo represivo, general (R) Manuel Contreras, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, los brigadieres (R) Pedro Espinoza, José Zara, Christophe Willike y Reginaldo Valdés Alarcón, y a los civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas. Actualmente, el magistrado dio por concluida la investigación, sin embargo, las defensas de los encausados han solicitado más de 40 diligencias para pedir su reapertura.
Al respecto, la representante de las hijas del matrimonio señaló que «la voluntad de la familia Prats es que a la mayor brevedad podamos tener la sentencia definitiva de primera instancia y nosotros aspiramos a que ello ocurra a hacia fin de año o principio del próximo, a no más tardar».
«La defensa de los implicados ha presentado solicitudes de diligencias que, en nuestra opinión, sólo constituyen una conducta dilatoria para tratar de postergar la decisión de sentencia porque, sin adelantar ninguna aseveración ajena a la realidad, lo cierto es que los antecedentes son absolutamente contundentes y demostrativos de la participación de los agentes de la DINA y de su máxima dirigencia en el crimen del general Prats y su señora», añadió.
Sin embargo, la abogada anunció que en la tramitación de todos estos recursos, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se exigirá que se haga cumplir la instrucción de la Corte Suprema en cuanto a darles una vista preferente, con el fin de no retardar la investigación.
«La decisión nuestra va a ser exigir que de todas las apelaciones que se produzcan se le de una vista preferente, de acuerdo a los propios criterios que la Corte Suprema ha dicho para casos de DD.HH. Pero con esta situación que se ha producido de permanente dilatación en los tiempos, por parte de la defensa de los acusados, no estamos de acuerdo», recalcó.
Extradición de Michael Townley
Consultada por la posibilidad de acoger una de las peticiones de la defensa de Manuel Contreras, referida a extraditar al ex agente de la DINA Michael Townley -quien se encuentra acogido a un sistema de protección de testigos en Estados Unidos, Pamela Pereira consideró que «es absolutamente inviable, porque ya se pidió su extradición por el Estado argentino y, en su oportunidad, la Corte de Virginia ya rechazó esa extradición. Creo que la única resolución posible por parte del ministro Solís es tener que rechazar esta petición y, en el momento que se produzca una apelación, sea cual fuere la decisión adoptada por juez, nosotros vamos a exigir la vista preferente de la misma».
Respecto a cuál es la sanción que esperan para estos miembros del Ejército que asesinaron a un ex comandante en jefe de la institución, la profesional dijo que «esperamos la sentencia proporcional, justa, ante un crimen horroroso que en Argentina se calificó como de lesa humanidad y así fue establecido en esta causa, por cuanto fue parte de todo un sistema en que, agentes del Estado, haciendo uso de una política sistemática de violaciones a los DD.HH. cometieron un crimen horroroso, en el cual se puso este artefacto explosivo y se explosionó el vehículo del general Prats y su señora y que, precisamente, fue difícil de investigar por estar involucradas instituciones del Estado y personas que actuaron como agentes del Estado».
Evaluación de la investigación
Consultada por cuál es la evaluación que hace del desempeño de los tribunales chilenos, Pamela Pereira comentó que la voluntad para investigar y aclarar este crimen no existió por parte del Estado chileno durante muchos años. «Sólo cuando se reunieron los antecedentes suficientes que permitieron pedir la extradición de un conjunto de oficiales del Ejército chileno, esa petición -en definitiva- se acoge positivamente acá en la Corte Suprema y, en ese momento, se decide a actuar y a ejercer su derecho a procesar y de llevar adelante el juzgamiento», opinó.
En ese sentido, dijo que «nosotros tenemos una valoración muy positiva respecto de lo que fue la conducta del Estado argentino y sus instituciones, en la voluntad política que ellos expresaron de llevar adelante las investigaciones para esclarecer este caso. Si no hubiera sido por esa voluntad decidida de llevar adelante este proceso, este crimen no se hubiera esclarecido. También, no puedo dejar de reconocer que el ministro Alejandro Solís ha llevado adelante la causa con bastante esmero, pero sin duda que esta parte institucional previa uno no puede dejar de recordarla».
Carlos Prats González fue el segundo comandante en jefe del Ejército que resultó muerto a raíz del clima de violencia política que vivió Chile en la década de 1970, ya que el primero fue René Schneider Chereau, quien fue asesinado en Santiago a principios de ese año por grupos de ultra derecha.
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