La ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, trabaja con un grupo de abogados para elaborar la iniciativa legal que estaría en su etapa final. En tanto, parlamentarios y partidos del bloque oficialista esperan que el Ejecutivo mande lo antes posible la propuesta al Congreso Nacional, ya que han pasado casi dos meses desde que La Moneda se comprometió a ello.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sigue haciendo las últimas consultas para terminar de afinar el proyecto que pone fin a la ley de amnistía, por lo que la próxima semana podría ser enviado al Parlamento para su discusión.
La encargada de hacer las consultas es la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, quien ha sostenido encuentros con expertos en el tema de los derechos humanos, abogados especializados en esta área y familiares de detenidos desaparecidos. Con ellos ha analizado las diversas alternativas que se pueden concretar.
Bachelet tomó personalmente el tema luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Luis Almonacid Arellano, profesor comunista asesinado en Rancagua en septiembre de 1973 y, también, porque los familiares de los detenidos desaparecidos, a raíz de la muerte de Augusto Pinochet, han exigido que los tribunales de justicia aceleren las causas y que se ponga fin a la ley de amnistía.
Tres son las fórmulas que sigue barajando el Ejecutivo: anular, derogar o interpretar la ley. Esta última es la más factible, ya que superpone la vigencia del derecho internacional, en el caso de delitos de lesa humanidad, a las estipulaciones del artículo 93 del Código Penal, que es el que dice relación con la prescripción de la acción penal, y adecua en general la legislación penal chilena a los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile en materia de derechos humanos.
En ese marco incluso hay una iniciativa legal de diputados socialistas que en los próximos días debe ser votada por la sala de la Cámara Baja, ya que fue aprobada en general hace un par de semanas. Además, según fuentes de palacio, el proyecto de la mandataria vendría con un paquete de medidas legales en torno a los derechos humanos, los cuales aludirían a la modificación de algunos beneficios para las víctimas.
En cuanto a los partidos de la Concertación, donde no hay unanimidad respecto a si hay que anular, interpretar o derogar, también, por separado, dichas tiendas entregaron sus propuestas a la Presidenta de la República hace más de un mes cuando al interior del bloque se formó una comisión, encabezada por el senador y presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez.
Presidente del PPD: "Es el momento de enviar el proyecto"
Luego de reunirse casi una hora con el ministro del Interior, Belisario Velasco, el presidente del PPD, Sergio Bitar, dijo que "es el momento de que el gobierno envíe un proyecto de ley para la derogación o la anulación de la amnistía. Esas disposiciones legales son totalmente contrarias a un sistema democrático y en consecuencia el país no puede dejar instalada una aberración en el mecanismo jurídico como es esta ley dictada por aquellos que querían tapar sus propios crímenes".
Consultado en relación a si es posible que esta ley sea anulada ahora que Pinochet murió, el ex ministro respondió que "el deceso del ex dictador cierra un momento y abre otro, y este último es que los chilenos ahora unidos dejemos atrás aquellos elementos antidemocráticos que hoy existen y uno de ellos es la amnistía".
Respecto a si hay piso político en la Concertación para aprobar cualquiera de las fórmulas que está elaborando el Ejecutivo, Bitar respondió que el apoyo de la Concertación está y quizás "gente de la oposición, con un sentido democrático, también entregará su respaldo a terminar con este enclave autoritario".
Diputados progresistas acusan al gobierno de "lentitud y anemia política"
Diputados del bloque PS y PPD hicieron un llamado al gobierno para conseguir la nulidad de la amnistía, ya que ésta es la única herramienta jurídica que permite el juzgamiento de quienes atentaron contra los derechos humanos en el régimen militar.
Marco Enríquez-Ominami (PS), René Alinco (PPD) y Clemira Pacheco (PS) dijeron: "Queremos manifestar nuestro enojo ante la lentitud, desidia y la anemia política del gobierno y de una parte de los senadores ante una moción parlamentaria que es urgente y necesaria. Contrario a lo que dicen algunos políticos de derecha, la ley es un tema real y de actualidad, que requiere su derogación".
Paralelamente adelantaron que van a "insistir en la presentación nuevamente del proyecto de nulidad de la ley. No estamos dispuestos a esperar a que sea tramitado en el Senado y al mismo tiempo el gobierno no puede desconocer su compromiso social y moral con la ciudadanía. Una moción como ésta no tiene ninguna razón para estar fuera de la agenda política. Nos parece inaceptable que esta moción no sea tratada con la urgencia debida».
Además emplazaron a miembros de la derecha que fueron funcionarios del régimen miliar a que asuman sus responsabilidades políticas y penales ante las omisiones de las que fueron partícipes frente a las violaciones a los derechos humanos. "La derecha, principalmente aquellos parlamentarios y dirigentes que fueron funcionarios durante la dictadura, tienen que responder por las violaciones a los DDHH y por la política económica que favoreció la depredación y apropiación de nuestras riquezas por parte de quienes apoyaron a Pinochet, hoy militantes o partidarios de la UDI y RN", concluyeron.
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