Tal como lo adelantó El Mostrador.cl, el ministro en visita Alejandro Madrid lo notificó este martes de su encausamiento por el delito de asociación ilícita. Decisión también afecta a quien fuera la mano derecha del fiscal ad-hoc, el coronel (R) de la justicia militar Enrique Ibarra Chamorro. Juez también levantó cargos por la muerte del ex DINA Manuel Jesús Leyton
Detenido en el centro militar de Peñalolén quedó el ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien fue notificado del auto de procesamiento en la investigación que sustancia el ministro Alejandro Madrid por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.
Tal como lo adelantó El Mostrador.cl, de esta manera, el magistrado resolvió la petición que le hiciera en tal sentido el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que lo encausara en calidad de autor del delito de asociación ilícita.
Madrid encausó también al abogado de la Auditoría del Ejército Enrique Ibarra, quien también quedaría cuenta con un espacio reservado, dijeron a El Mostrador.cl fuentes militares.
Para el CDE, las declaraciones que constan en el expediente permiten "presumir fundadamente" que ambos sujetos participaron activamente en la organización criminal que sacó a Berríos del país, lo secuestró y eliminó en Uruguay.
Según el organismo, ambos participaron de manera directa en la operación conocida como "Control de Bajas", que pretendía impedir que miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia de la dictadura involucrados en causas por violaciones de los derechos humanos declararan en tribunales.
De acuerdo con la documentación anexada a la causa, la función del ex auditor general del Ejército y del abogado Ibarra era seleccionar a aquellos militares considerados "peligrosos" para la institución, porque manejaban información clasificada o porque estaban relacionados con procesos judiciales en curso.
El CDE concluye que, a partir de los datos reunidos en la investigación, es posible concluir que Torres Silva e Ibarra "excediendo las funciones de sus cargos" se coordinaron con el entonces director general de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange, para ocultar información a los jueces con causas por delitos de lesa humanidad.
El ministro también procesó por asociación ilícita a los suboficiales Marcelo Román y Nelson Sandoval, quienes estaban encausados antes por obstrucción a la justicia. Ambos tuvieron la responsabilidad de cuidar a Berríos mientras estaba en Uruguay.
Madrid también tiene cursó los procesamientos en otra causa que sustancia: el homicidio del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton.
Se sabe hasta ahora que uno de los encausados es el ex oficial del Ejército Vianel Valdivieso y una serie de funcionarios del organismo represivo que estuvieron relacionados con la clínica London.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay.
En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya.
Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
El ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli. En tanto, Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y al propio Covarrubias.