Carta rogatoria pide conocer la situación procesal, antes de encausar, de los ex ministros de Pinochet Sergio Fernández, Enrique Montero y Mónica Madariaga, además de 12 ex militares y agentes de la DINA. Según Fundación Allende, se podría pedir extradición de quienes no tienen causas pendientes.
La Fundación Allende de España pidió al juez Baltasar Garzón que someta a proceso a 15 chilenos, entre ex ministros de Estado y agentes de la DINA, por el crimen del diplomático Carmelo Soria, ocurrido en julio de 1976 y actualmente amnistiado.
La solicitud afecta a los civiles Mónica Madariaga, ex secretaria de Justicia, al abogado de El Mercurio Enrique Montero Marx y el otrora ministro del Interior Sergio Fernández.
Los uniformados en retiro son Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, René Quilhot Palma, Jaime Lepe Orellana (ex secretario general del Ejército), Raúl Iturriaga Neumann, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence, Raúl Benavides Escobar, Ernesto Baeza y Herman Brady.
Antes de resolver la solicitud, el magistrado ibérico envió un exhorto a Chile -al cual tuvo acceso El Mostrador.cl– pidiendo que la justicia le informe cuál es la situación procesal de cada uno de los mencionados.
La carta rogatoria aún no ha llegado a la Corte Suprema, donde seguirá el procedimiento de pasar a la fiscalía a cargo de Mónica Maldonado, para luego ser enviado a la Segunda Sala Penal, que lo enviará a un juzgado del crimen para que sea tramitado y devuelto a España.
Hecho esto, es altamente probable que los mencionados sean sometidos a proceso, lo que implicará que quienes no tienen causas pendientes -Montero, Fernández y Madariaga- estén impedidos de viajar fuera del territorio nacional ya que, como lo ha hecho en otras oportunidades, Garzón dictará una orden de captura internacional.
El magistrado europeo logró que Pinochet estuviera detenido en Londres en esta indagatoria por los delitos de terrorismo y genocidio.
Fujimori al centro
Para la Fundación Allende, el exhorto no puede llegar en mejor momento, luego de que la Sala Penal de la Suprema extraditara a Alberto Fujimori.
El cruce está en que los cinco altos magistrados estimaron que al ex presidente peruano le cabía participación en dos causas de violaciones de derechos humanos como "autor mediato", es decir, aquel que sin participar materialmente de un crimen, es responsable por las órdenes que imparte para ejecutar el ilícito o bien por omisión.
De acuerdo con fuentes de la organización, la teoría aplicada es importante, ya que una vez procesados en España, Garzón podría pedir la extradición de quienes no cumplen condenas o carecen de procesos pendientes.
¿Cuál es la figura?
El exhorto de Garzón también se cruza con la investigación que sustancia el ministro Alejandro Madrid por la muerte de Soria, ocurrida el 14 de julio de 1976.
El magistrado acreditó en el proceso que, cuando a mediados de la década de los 90 Investigaciones logró obtener una confesión del ex agente de la DINA -que participó en la muerte de Soria-, José Ríos San Martín, efectivos del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército hicieron seguimiento y vigilancia al declarante.
Todo ello, con el fin de que se reuniera en forma secreta con Lepe en el restaurante "La casa vieja" de calle Chile-España 249 y modificara su testimonio donde entregaba todos los nombres de la Brigada Mulchén de la DINA que habían participado en el crimen.
El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.
Ríos San Martín testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.
La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja, en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas sarín. Luego, lo "destestuzaron", dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.
De acuerdo con fuentes allegadas a este caso, Madrid sometería a proceso a Lepe y a otros agentes, aunque no está claro por cuál figura legal, ya que el caso está amnistiado.
Además:
Documento enviado por el juez Garzón [en formato PDF]
