Magistrados explican que las condiciones en materia de seguridad y segregación "previstas en los tratados internacionales de derechos humanos y de tratamiento de reclusos", hacen imposible enviar a los detenidos a este establecimiento. Ministro de Justicia admitió sobrepoblación, pero negó colapso de Santiago I. [actualizada]
Los presidentes de los tribunales de diez jugados de Garantía de Santiago resolvieron enviar a partir de este lunes al penal concesionado Santiago I a todas las personas que sean privadas de libertad, desestimando de esta manera la solicitud de Gendarmería.
El organismo carcelario había remitido el pasado 9 de noviembre un oficio a los magistrados para que enviara a otros establecimientos a los internos, debido a que el mencionado recinto se encontraba al máximo de su capacidad y una sobrecarga significaría millonarias multas.
Sin embargo, en un acta los jueces explican que las condiciones en materia de seguridad y segregación "previstas en los tratados internacionales de derechos humanos y de tratamiento de reclusos", hacen imposible enviar a los detenidos a la ex Penitenciaría.
De esta manera, los magistrados confirmaron la decisión adoptada e informada el pasado 15 de noviembre, cuando una comisión de magistrados visitó el penal de Santiago I y la ex Penitenciaría, para constatar en terreno las condiciones de reclusión.
Los jueces acordaron también solicitar un informe a Gendarmería para que indique qué centros de detención de la Región Metropolitana cumplen con los "requisitos y condiciones mínimas" que permitan cumplir dicha cautelar decretada por los tribunales.
El objetivo, agregaron es reguardar la seguridad, integridad y segregación de los internos, así como las condiciones del personal de custodia.
En tanto, el presidente (S) de la Corte de Santiago, Patricio Villarroel, estimó que lo que han señalado los jueces de Garantía y los directivos de las asociaciones de gendarmes, en cuanto al colapso de Santiago Uno como de la ex Penitenciaría, revisten un hecho "grave".
Ministro de Justicia admite sobrepoblación
En tanto, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, reconoció que en Santiago existe una sobrepoblación penitenciaria en la Región Metropolitana, aunque evitó hablar de colapso al interior del recinto concesionado.
«Las cárceles concesionadas tienen un cupo máximo contractual, precisamente para evitar que se den al interior de ellas condiciones de hacinamiento que atenten contra los propósitos de la privación de libertad. En consecuencia, lo que hay aquí son cupos máximos contractuales que evidentemente se alcanzan en un determinado tiempo", afirmó.
Maldonado admitió que en la Región Metropolitana «tenemos una de las situaciones problemáticas a nivel país en cuanto a sobrepoblación penal. No es ninguna novedad ni lo venimos a decir ahora, a propósito de Santiago 1».
«Cuando se habla de imprevisión, cuando un Gobierno acaba de inaugurar una cárcel con tres mil plazasÂ… entonces no sé de qué estamos hablando. Además, este Gobierno va a llevar adelante -y estamos seleccionando el terreno- la construcción de una segunda nueva cárcel concesionada en Santiago, también de aproximadamente tres mil cupos", agregó.
En ese sentido, afirmó que «se está trabajando tan rápidamente como se puede, pero ustedes comprenderán que un sistema penitenciario chileno que durante largas décadas estuvo -prácticamente- en una situación de cierto abandono, desde el punto de vista de las políticas públicas, y que sólo se ha revertido con los gobiernos de la Concertación, bueno, requiere tiempo para llegar al equilibrio».
Consultado sobre la posibilidad de pagar multas por la sobrepoblación de Santiago I, precisó que «hay un mecanismo contractual que -precisamente- para cautelar que se respete el cupo máximo contractual, se establece la obligación para el Estado de realizar un pago en caso que se exceda ese cupo máximo contractual. Habrá que cumplir lo que señale la norma jurídica. Si hay un pago que hacer, es una cuestión que deberá determinarse de acuerdo a los contratos».
