De esta forma, Eduardo Quezada afrontará su responsabilidad en el desastre ambiental del río Mataquito perpetrado por Celco en junio de 2007. En tanto, la Conapach emite fuertes críticas contra la gestión de la empresa de los Angelini.
El fiscal José Alcaino solicitará este martes el Juzgado de Garantía de Licantel la formalización del ex gerente de la Planta de celulosa Licancel, Eduardo Quezada, por su responsabilidad en el desastre ambiental del río Mataquito ocasionado por Celco los primeros días de junio de 2007, en la Región del Maule.
El representante del Ministerio Público explicó que esta formalización se basa en el artículo 291 del Código Penal que sanciona "la propagación indebida de sustancias tóxicas que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal" y el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que sanciona «al que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños".
En este sentido los abogados Ignacio Poblete Newman y Cristian Tapia, de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y representantes de las organizaciones de pescadores de la trinchera, Pesca, Duao y Llico -que entablaron querellas criminales en contra de los que resulten responsables-, señalaron que "existe una actuación o representación de un actuar delictual de los formalizados que no es para nada negligente, sino más bien, una clara representación del daño que se le causaría al medioambiente del lugar y, en ese actuar, prefirieron derramar los tóxicos al río, por lo tanto, deberán asumir todas las responsabilidades penales que el ordenamiento jurídico ambiental vigente le exige".
Por su parte, Patricio Gutiérrez, dirigente del sindicato de pescadores de Caleta Llico, afectada por la contaminación, expresó que si bien es un hecho significativo que se desarrolle un juicio a estas personas, "hoy la justicia en nuestro país, en materia medioambiental es tan superficial, ya que no sacamos nada con que ellos vayan a la cárcel si la empresa cuando vuelva a operar al cien por ciento siga botando metales pesados al río".
Y aclaró que "lo que necesitamos como pescadores es que exista una orden a la recuperación del río así como también un compromiso por parte de la empresa y una fiscalización real de que esta no seguirá contaminando, lo cual permita colaborar en la comercialización de nuestros recursos que hoy fueron afectados".
Además, el dirigente cree que la autorización del gobierno tanto de reanudar 100 % de la producción por parte de la planta así como el levantamiento de la prohibición de pesca en la zona afectada por el licor negro, son decisiones apresuradas y condicionadas por presiones políticas y de los empresarios turísticos.
Por ello, cuestiona que se pueda asegurar que los metales se fueran al fondo del río. "Esa es una prueba más de la poca transparencia en torno a este tema. Así mismo como hoy el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decide acordar con Celco la suma que compensará el daño, y así como la mesa de crisis no se reunió más sin explicación hacia los pescadores".
Críticas de la Conapach
Para la Conapach, una serie "inexcusables errores, actuaciones conscientes y deliberadas en la gestión de la planta de Licancel", habrían provocado el desastre y, además, según consta en las carpetas investigativas y en la serie de procesos de sanción iniciados por los servicios públicos con competencia ambiental, "se puede estimar que quienes tenían las facultades para detener la operación de la planta y así evitar la descarga de riles sin tratar y con niveles de PH sobre la norma, prefirieron continuar con la operación de la planta en vez proceder a detener el proceso de producción de celulosa que era lo aconsejado por las normas de contingencia de la propia planta, es decir, se prefirió enriquecer los intereses del grupo económico CELCO y empobrecer el medio ambiente y a los pescadores artesanales y agricultores que dependen del río Mataquito".
Según Zoila Bustamante, presidenta de la organización "la empresa ganó millones de pesos a través de la venta de electricidad a costa de mantener un sistema de aireación de la laguna de efluente bajo lo recomendable, cuestión que es una decisión de la empresa, no de un gerente de planta, por lo que debe establecerse quienes fijaron esta política en Celco".
Acuerdo entre el Estado y Celco
Hace unos días la procuraduría fiscal de Talca, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la región, acordó con la empresa suspender por 90 días el proceso judicial a fin de llegar a un avenimiento, luego de tres meses de entablada una demanda en su contra.
El procurador del Consejo en la región, José Isidro Villalobos, explicó que "El CDE tiene la facultad legal para llegar a este tipo de acuerdos y no es extraño en las causas que interviene el Consejo. Es una vía mucho más rápida para el resarcimiento de las victimas".
"Aun no existe una sentencia pero es posible hacerlo siempre que la empresa está dispuesta a la reparación (Â…) tengo entendido que durante todo este tiempo han compensado a los pescadores de los sindicatos que se vieron afectados (Â…) por lo tanto incluso para ellos este mecanismo será positivo para acelerar la recuperación de la flora y fauna del río", agregó.
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