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Fotos: AgenciaUNO
Economistas de oposición arremeten contra Ley Miscelánea y bloque posterga definición para el jueves
A la espera del ingreso del proyecto, en el bloque —que hoy se reunió con economistas afines— crece la inclinación por rechazar la idea de legislar; la DC ya apuesta por el TC, mientras otros, como el PPD, mantienen abierta la puerta al diálogo. Eventuales propuestas se patean para el jueves.
A poco —o incluso horas— de que el Gobierno ingrese al Congreso su Ley Miscelánea o “Plan de Reconstrucción Nacional”, la oposición afinó su ofensiva con respaldo técnico: economistas del sector salieron a cuestionar el corazón del proyecto y a advertir que, más que reconstrucción, lo que viene es una reforma tributaria con efectos delicados para las cuentas públicas.
El diagnóstico no es nuevo, pero esta vez llegó con apellido. El exministro Carlos Ominami fue directo al hueso: “esto es básicamente una reforma tributaria”, dijo, acusando que el plan está envuelto en “papel celofán” con medidas accesorias. Su punto central apunta a los incentivos al empleo: lejos de fomentar nuevas contrataciones, sostiene, lo que hacen es abaratar la planilla de las empresas vía créditos tributarios, con el consiguiente costo para el fisco.
“Una bomba de tiempo”
La alerta fiscal se repite. El economista Luis Eduardo Escobar advirtió que existe consenso —fuera del Gobierno— en que la iniciativa tiene “consecuencias fiscales muy graves” y “efectos redistributivos extremadamente serios”. Traducido: menos ingresos para el Estado y un impacto que podría profundizar desigualdades, justo en un contexto donde se espera lo contrario de un plan de reconstrucción.
El cuadro lo remató el también economista Osvaldo Rosales, quien puso el acento en el mediano plazo. Sin compensaciones claras, dijo, el proyecto “va a significar mayor déficit fiscal, mayor deuda pública” y podría transformarse derechamente en “una bomba de tiempo” para la economía. Una advertencia que eleva el tono del debate justo antes de que el texto llegue al Congreso.
Con ese telón de fondo, la oposición endureció su crítica política y empezó a mover piezas. Varias tiendas se inclinan por rechazar la idea de legislar, la Democracia Cristiana ya anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional y otros sectores —PPD— mantienen abierta la puerta al diálogo. Todo, mientras las definiciones formales —y eventuales propuestas propias— se patean para el jueves, esperando el ingreso del proyecto.
Las vocerías, eso sí, no dejaron espacio para matices en el tono. Desde el PS, Arturo Barrios planteó que el proyecto debería tramitarse por partes y acusó que favorece “al 1%”. En el Frente Amplio, Andrés Couble advirtió que no avalarán un texto que mezcle beneficios a grandes empresas con medidas de reconstrucción. Y desde el PC, Bárbara Figueroa apuntó a lo básico: sin proyecto ingresado, no hay nada que discutir.
