Uno de los temores del mercado era que, ante la serie de disposiciones, subieran comisiones a cotizantes subieran, lo que se descartó tras varias reuniones con la asociación del rubro. Firmas deberán aplicar el »conozca su cliente» con todos los usuarios, denunciar operaciones sospechosas y capacitar a empleados, incluyendo vendedores, en normas contra el blanqueo de capitales.
El pasado 28 de diciembre, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de AFP formalizaron la circular que imparte a las empresas del rubro las instrucciones para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La norma se enmarca dentro de la serie de disposiciones que han implementado distintas instituciones para cumplir con las recomendaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También se contextualiza con la situación compleja que enfrentó Chile en 2006, cuando el Gafisud, sección sudamericana del GAFI, estuvo a punto de bajar al país en el ranking sobre aplicación de medidas para el este delito.
Básicamente, la nueva disposición apunta a que las administradoras conozcan a sus clientes (due dilligence), con el fin aminorar las posibilidades de que la AFP sirva como vehículo del blanqueo de capitales, manteniendo al día los antecedentes de los usuarios.
Por esta razón, las personas que imponen como independientes serán evaluadas con mayor rigor. De esta manera, quienes hagan depósitos o giros "resulten ser coherentes con el tipo y dimensión de sus actividades".
Las AFP tendrán que requerir el nivel de riesgo de la actividades de este tipo de afiliados, monto y origen de la actividad que realiza, "como la periodicidad de los mismos".
La norma señala también que las firmas son "sujetos obligados", lo que implica que deben denunciar las operaciones sospechosas sobre 450 UF o su equivalente en pesos o en otra moneda a la UAF.
Para ello, deben contar con un adecuado sistema de detección y con un oficial de cumplimiento que informará a la UAF como también a la SAFP en caso de que aparezca una situación de este tipo. En esa línea la capacitación en esta realidad global deberá alcanzar también a los vendedores.
Las AFP además deberán guardar la información sobre sus operaciones por cinco años, archivo necesario si es que se inician investigaciones por este delito.
En un primer momento la Asociación de AFP y otros operadores del mismo mercado estimaron que la norma podría hacer subir los costos de administración, debido a la inversión en tecnología, capacitación, entre otras.
Sin embargo, las reuniones para sacar adelante este circular, bajaron los humos de una crisis y las empresas estimaron que esta nueva norma apuntaba a evitar un delito global, sintonizando así con la autoridad.
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