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Provoste responsabiliza a sostenedores de irregularidades en subvenciones

Tras el informe de la Contraloría que detectó serias anomalías en torno a las subvenciones, la ministra no descartó posibles contra el seremi RM, Alejandro Traverso. Explicó que el funcionario renunció en 2007, pero continuó en el cargo por sugerencia del órgano fiscalizador hasta que finalice la investigación.


Luego del bombazo que cayó sobre el Ministerio de Educación (Mineduc), luego de que El Mostrador.cl revelara un informe de la Contraloría General de la República que detectó de un millonario fraude al Fisco por parte de los sostenedores, la titular de la cartera, Yasna Provoste, debió interrumpir sus vacaciones para explicar los hechos.



Al mediodía, junto a su subsecretario, Cristián Martínez, la ministra expuso la postura de cartera ante las irregularidades advertidas en el oficio de 17 páginas del órgano fiscalizador que, entre otros puntos, revela cómo los sostenedores adulteran la asistencia de los libros de clases para obtener mayores recursos por subvenciones y los casos de estudiantes inscritos en más de un colegio, por los cuales el Estado paga.



El informe también cuestiona deficiencias administrativas que incluso son reconocidas por el propio seremi de Educación, Alejandro Traverso (PS), que explicó a la Contraloría que los dineros que no se utilizaron en el ejercicio 2006 nunca fueron devueltos al nivel central debido a la mala gestión y falta de rigurosidad de la jefatura del área.



El informe del organismo fiscalizador, además, da cuenta de que existen sólo 33 fiscalizadores a nivel metropolitano para un universo de 2.315 establecimientos. Y que a nivel nacional hay tan sólo 200.



Responsabilidades políticas



Frente al desorden y falencias reflejados por el órgano contralor, los dardos de la ministra apuntaron a los sostenedores, ya que "la primera responsabilidad es de quien informa algo que no corresponde".



Aunque también reconoció responsabilidades administrativas, que habrían sido detectadas a través de una serie de sumarios realizados en los dos últimos años y que determinaron la destitución de una funcionaria a cargo del proceso de ejecución presupuestaria y subvención.



En cuanto a la responsabilidad de Traverso, explicó que en 2007 puso su cargo a disposición y «fue la propia Contraloría quien sugirió que siguiera a la cabeza, hasta que concluyeran todos los procesos de investigación y sumarios administrativos».



Sin embargo, no descartó consecuencias políticas para el seremi en caso de que se determinen irregularidades administrativas, asegurando que "vamos a perseguir todas las responsabilidades que correspondan".



Mineduc habría detectado falencias



Según la titular de Educación, el tema de los saldos presupuestarios "estaría totalmente regularizados e incorporados en el sistema de gestión financiera, por lo que no existen saldos pendientes".



En cuanto al examen de las cuentas de egreso, aseguró que "ha sido el propio Ministerio de Educación que ha realizado un examen riguroso a través de nuestro organismo de Auditoría Interna. Fuimos nosotros quienes detectamos irregularidades en una situación de la cuenta de subvenciones de la Región Metropolitana y hemos puesto esta información en conocimiento no sólo del organismo contralor sino que hemos recurrido a la justicia para que se persiga a todos los responsables".



Afirmó que, desde el 6 de diciembre de 2006, su cartera ha concurrido a la justicia "tal como se señala en la Fiscalía Centro Norte", y que en octubre de 2007 nuevamente se puso a disposición un conjunto de irregularidades ante los tribunales.



Y agregó que había instruido personalmente al organismo auditor del ministerio realizar fiscalizaciones durante este año en todas las unidades del Mineduc y en las cuentas de subvenciones en particular.



Principio de buena fe



En cuanto a la acreditación de la asistencia de alumnos, Provoste fue enfática en aclarar que el Registro de Estudiantes de Chile (RECH) es un sistema que "nunca ha sido vinculante al pago de las subvenciones. El pago de la subvención se rige por la ley de subvenciones y esta actúa en el principio de la buena fe".



Y en vista de que hay empresarios que transgreden este principio, aseguró que el informe avala la necesidad que elevar las exigencias para ser sostenedor y la necesidad de una mayor transparencia en el uso de los recursos estatales.



Sin embargo, desestimó un aumento del número de fiscalizadores, ya que "en todos los intentos de dotar al Mineduc de mayores recursos humanos, nos hemos encontrado siempre con quienes, desde el punto de vista ideológico, quieren reducir cada día más el tamaño del Estado".



Por ello, la línea que seguirán es un proceso de modernización que se iniciará con modificaciones a las bases de datos de los registros de estudiantes y subvenciones.

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