A 15 años desde que se judicializara el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA en Uruguay, el ministro Alejandro Madrid cerrará el sumario de una sórdida historia que supera como trama a cualquier novela de espionaje o crimen organizado. El proceso está a su vez relacionado con causas como el homicidio de Carmelo Soria y la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
El ministro Alejandro Madrid Crohare se apronta a cerrar el sumario de uno de los procesos judiciales que marcaron la transición democrática.
Eso fue la investigación por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos que comenzó judicialmente en 1993, cuando se descubrió que este se encontraba oculto en Uruguay, evitando declarar en el proceso que sustanciaba el ministro Adolfo Bañados por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.
El caso Berríos, además, está relacionado a otras causas que tramita el mismo magistrado, como el homicidio del diplomático español Carmelo Soria a manos de la DINA, el envenenamiento del ex agente del mismo servicio represivo Manuel Jesús Leyton; el también envenenamiento de un grupo de miristas en la ex cárcel pública en 1981 y el misterioso fallecimiento del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, acaecido en 1982 en la clínica Santa María.
La decisión que el magistrado hará formal en los próximos días, se cruzó en el tiempo con la crítica hecha por el comandante en jefe del Ejército uruguayo Jorge Rosales, quien estaba de paso por Chile, respecto a la lentitud del caso que afecta a sus camaradas de armas Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.
Estos tres últimos, encausados por homicidio y secuestro, fueron
extraditados desde la república oriental por una encargatoria librada por el propio Madrid que sentó un precedente en estas materias.
En su trama el caso Berrios supera a las novelas de espionaje y crimen organizado, presentando episodios que involucran a miembros de la inteligencia militar, narcotraficantes, cuerpo diplomático, agentes de la DEA y el FBI, venenos, bombas, y otros aspectos que en su momento redundaron en una fuerte tensión política entre el gobierno de Patricio Aylwin y el Ejército comandado por Augusto Pinochet.
Larga historia
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, siendo luego trasladado a Montevideo,Uruguay.
En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, donde Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya.
Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
-Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
-Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
El ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
En tanto, Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.
Por último, como autores del delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y al propio Covarrubias.
Se suman a los anteriores el ex fiscal Ad-hoc Fernando Torres Silva y su mano derecha el coronel ® de justicia Enrique Ibarra, por asociación ilícita.
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