El presunto fraude, que responde a una denuncia del consulado de Italia en Argentina, supuso un negocio de unos 9,8 millones de dólares por la venta de documentos, según fuentes judiciales citadas por la prensa argentina.
Un juez argentino procesó este miércoles a 30 acusados de falsificar pasaportes europeos con los que se habrían beneficiado futbolistas de este país para sus fichajes en Italia y dictó la prisión preventiva de catorce de los implicados.
En declaraciones a periodistas, el magistrado Norberto Oyarbide anunció que también ha dispuesto la «falta de mérito» para procesar o sobreseer a otros diez sospechosos.
El juez volvió la semana pasada a Buenos Aires desde Italia, donde viajó para pedirle colaboración a la Justicia de ese país y recabar información sobre la causa, por la que hasta ahora hay veintiséis personas encarceladas.
En julio último Oyarbide dispuso la detención de 40 personas en la capital argentina como resultado de más de cien registros en oficinas, gestorías, imprentas, clubes y domicilios particulares.
El juez ha dicho que investiga «un comportamiento delictivo trasnacional que no es solamente llevado a cabo en Argentina sino también en diversas ciudades de Italia».
«A raíz del conocimiento que obtuve en base a las comunicaciones que mantuvieron los protagonistas argentinos del caso con los italianos, se han detectado alrededor de 700 trámites iniciados en Italia con datos totalmente falsos, con el propósito de obtener la ciudadanía italiana y luego el pertinente pasaporte», detalló.
El presunto fraude, que responde a una denuncia del consulado de Italia en Argentina, supuso un negocio de unos 9,8 millones de dólares por la venta de documentos, según fuentes judiciales citadas por la prensa argentina.
Los detenidos son abogados, contables y gestores acusados de formar parte de una red de falsificadores de documentos italianos creada en vista de que la Unión Europea (UE) declaró en 1995 la ilegalidad del «cupo de extranjeros» en clubes de países comunitarios.
Los delitos de «falsificación de documento público» y «asociación ilícita» que investiga el magistrado argentino son castigados con penas que van de uno a seis años de prisión en el primer caso y de tres a diez años en el otro.
EFE
