La perseguidora Alejandra Godoy envió un oficio a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para determinar si durante la investigación, el ex asesor del servicio de identidades, Andrés Contardo, que al mismo tiempo prestaba servicios para el gigante indio, ejecutó alguna »operación sospechosa». Esto, supuestamente para esconder el presunto origen ilícito de algunos de sus dineros.
La fiscal Centro Norte Alejandra Godoy finalmente resolvió formalizar a los ejecutivos del gigante indio Tata como "autores-inductores" del delito de revelación de secreto, en el marco de la investigación que lleva por las irregularidades en el Registro Civil en una licitación de más de 80 millones de dólares para cambiar la plataforma informática.
La decisión afectará a Domingo Frez, gerente de Negocios para el sector público, y Andrés Tupper, quienes aparecen vinculados al ex asesor del servicio de identidades, Andrés Contardo, que al mismo tiempo trabajaba para Tata.
Contardo está formalizado en este caso como autor de revelación de secreto y cohecho, y se mantiene en prisión preventiva.
La decisión de la fiscalía busca, de esta manera, vincular a los ejecutivos a Contardo, ya que este último no pudo actuar solo, pues estaba contratado para los efectos de ir entregando información a Tata, con la cual llegó a ganar la licitación, según la tesis de Ministerio Público.
En la misma línea la fiscal Godoy, antes de salir de vacaciones, envió un oficio a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el fin de que indague en Chile y el extranjero si el mismo Contardo aparece con "operaciones sospechosas". Es decir, si durante la tramitación de la investigación hizo traspasos de dinero o bien le fueron pagadas algunas comisiones en la cuenta que mantiene en el Banco BCI de Miami, en Estados Unidos.
Una operación sospechosa constituye el intento de un sujeto para esconder algún dinero de origen ilícito y la convicción del Ministerio Público es que a Contardo bien podrían haberle pagado otras comisiones por entregar información de la licitación del Registro Civil. La duda surge porque Domingo Frez, en una entrevista a un medio local, dijo que si hubiesen querido pagar una coima lo habrían hecho en el extranjero.
Fuentes cercanas al caso señalaron que la perseguidora penal apercibió al fiscal del BCI, debido a la demora en entregar los antecedentes que requiere para continuar la investigación.
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