Un joven abogado llega al gobierno en 1964 y se mantiene en el aparato del Estado hasta hoy, a pesar de haber asesorado a la dictadura e incluso negar la existencia de Londres 38. Desde las sombras se transformó en el hombre que más sabe legalmente de elecciones y desde su cargo controla la base de datos contenida en el padrón y puede hacer caer cualquier candidatura. Por eso los políticos se cuidan mucho antes de criticarlo. Aunque el servicio que maneja es uno de los más anticuados, sólo el presidente, con aprobación del Senado, puede removerlo.
Con el timbre de Juan Ignacio García sobre los documentos exigidos por la ley, quedaba oficializada la inscripción de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Pocos minutos después de protocolizar su entrada en carrera, el ex diputado PS improvisa un discurso agradeciendo a todos los que hicieron posible su postulación pero lo que más sorprende es la referencia que hace al Servicio Electoral: “Gracias al Servel, garante del sistema electoral, garante de que todos los chilenos podamos soñar con un Chile distinto y participar de estas elecciones presidenciales”, dijo el candidato díscolo.
Claramente la rúbrica del director del Servel significa la entrada oficial de MEO a las grandes ligas de la política, llena de gestos y señales implícitas. Así se puede entender que el candidato haya cambiado por palabras de buena crianza las críticas que durante meses hizo al sistema electoral, cuando él mismo y colaboradores de su campaña, como Álvaro Escobar y Max Marambio, lo calificaban de “hostil” y anticuado al exigirle una cantidad de firmas para poder competir.
Pero al menos hasta el 26 de septiembre, Enríquez-Ominami sabe que no es recomendable usar alguna palabra incendiaria contra la repartición que dirige García, encargada de administrar un sistema electoral casi inalterable desde 1925. El director tiene plazo hasta ese día para confirmar las candidaturas inscritas, en el caso de MEO luego de revisar las firmas que le exige la ley. Si un 5% de estas son impugnadas, la candidatura no será válida. Conocedores de esta disposición legal, en el comando revisaron más de 40 mil de las 63 mil rúbricas presentadas el jueves en las oficinas del Servel.
Aunque es muy poco probable un escenario tan apocalíptico para el candidato más joven de la carrera, técnicamente la decisión final está en manos de Juan Ignacio García. Un hombre que, por discurso y apariencia, califica sin problemas para integrar una comisión de “hombres buenos”. Juan Ignacio García Rodríguez nació en junio de 1933. Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Junto a su hermano Ricardo García, ex ministro de Pinochet, fueron simpatizantes de la facción del Partido Nacional que seguía a Pedro Ibáñez, aunque públicamente nunca ha expresado su postura política. Ha trabajado en la administración del Estado desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, sin interrupción.
Cursó un magíster en Derecho Comparado en la Universidad de Nueva York (NYU) y en 1964, a los 31 años, entró como abogado a la entonces Dirección del Registro Electoral. Dirigida por el abogado Andrés Rillón, conocido por el público gracias al personaje de “Don Pío” en el programa humorístico Japenning con Ja.
En 1973, Juan Ignacio García ya era subdirector de la repartición y participó de la investigación por el supuesto fraude electoral en las parlamentarias de ese año, denunciado por Jaime Del Valle, decano de Derecho de la Universidad Católica. La denuncia fue desestimada por Rillón, quien no encontró antecedentes serios para acreditarlo. De cualquier forma, García siguió colaborando con el gobierno después del golpe. Según las actas de la Comisión Ortúzar que diseñó la Constitución Política de 1980, García “es designado para integrar la subcomisión de Inscripciones Electorales, Ley de Elecciones y Estatutos de Partidos Políticos”. El acta está fechada el 4 de octubre de 1973, menos de un mes después del Golpe.
Como los registros electorales estaban disueltos, García pasó como asesor jurídico al Ministerio del Interior, donde puso su habilidad al servicio del régimen militar. “Siempre ha sido una persona muy inteligente y capaz. Muchas veces cuando un decreto podía chocar con la Contraloría, le pedían a él que lo leyera antes de enviarlo”, cuenta un abogado que trabajó con él en esos años.
A mediados de los 70 le tocó asumir como subsecretario del Interior subrogante. Según los archivos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), García desde ese puesto, en enero de 1978, aseguró que el centro de detención de Londres 38 “no pertenecía a ese ministerio ni a ningún organismo dependiente del mismo y que no existía constancia de que hubiese pertenecido a algún organismo de seguridad”. También desde ese cargo, firmó la promulgación de la Constitución en octubre de 1980. La experiencia lo convirtió en profesor de Derecho Constitucional en las universidades de Chile y Católica hasta nuestros días.
Ley a la medida
Pero seguía sin ser un funcionario de primera línea, al que la gente pueda asociar fácilmente a la dictadura, como es el caso de Carlos Cáceres, uno de sus amigos, o su propio hermano, Ricardo García Rodríguez, nombrado Ministro del Interior en 1986, a instancias de Sergio Rillón, hermano gemelo de Andrés, ex jefe de Juan Ignacio García en la Dirección del Registro Electoral.
Ese año se promulgó la Ley Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral (18.700). García había sido designado director del Servel en base a la misma ley que firmó su hermano. Aunque el Servel no existía como tal, el abogado estaba a cargo de los asuntos relativos a elecciones desde 1977 como funcionario de la Subsecretaría de Interior.
“Ha tenido una capacidad exquisita para mantenerse inamovible a pesar de los gobiernos. Hasta 1988 fue asesor en el Ministerio del Interior. Sabe que una de las condiciones para seguir en su puesto es justamente no tener un perfil demasiado mediático y por el contrario mostrarse siempre apegado estrictamente a la ley”, cuenta un jurista que lo conoce desde que era estudiante en el colegio de los Sagrados Corazones.
Las disposiciones transitorias de la ley lo favorecían directamente. En el artículo 9º se consigna que “Mientras el Senado no entre en funciones el Director del Registro Electoral será designado exclusivamente por el Presidente de la Republica. El Director del Servicio Electoral que se encontrare en funciones cuando se instale el Senado, continuará desempeñándolas ,sin que se requiera para ello solicitar el consentimiento a que se refiere el articulo 49, N º 5 de la Constitución Política”. Este precepto legal, y sobre todo el prestigio de García como una de las personas que más sabe de elecciones en términos legales, convierte prácticamente en letra muerta el inciso segundo del artículo 91 de la ley, que se refiere a su nombramiento y remoción: “El Director será nombrado por el Presidente de la Republica con acuerdo del Senado requiriéndose para ello del voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Su remoción se hará en igual forma”.
Si no se rompe, para qué arreglarlo
Según el ex embajador de Chile en la India Jorge Heine (PPD), actualmente profesor en una universidad canadiense y amigo de García “jamás he escuchado a nadie hablar de la posibilidad de sacarlo, aquí se aplica muy bien una frase en inglés ‘if ain’t broke, don’t fix it’” (si no se ha roto, no lo arregles), dice Heine, quien conoce a García como miembro del directorio de la USAS (United States Alumni Society), una agrupación de ex alumnos de universidades estadounidenses, residentes en Chile. De ésta, García fue presidente entre 2003 y 2006. A esta agrupación, muy ligada a la Embajada de Estados Unidos, pertenecen entre otros el abogado Luis Bates y la gestora cultural Drina Rendic.
Mientras otros funcionarios de la dictadura deben afrontar el desprestigio internacional, García ha sido convocado como observador de algunos procesos eleccionarios como el de Haití en 1990 y en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. Con la habilidad de transformarse en hombre de confianza del poder de turno, fue uno de los palos blancos que usó Pinochet para controlar el directorio del diario La Nación a través de una operación para limitar el poder de los accionistas privados de ese diario.
A pesar de los recados que El Mostrador dejó con su secretaria, García no respondió a los requerimientos. Pero en entrevistas otorgadas a distintos medios, ha declarado estar de acuerdo con la modernización del sistema, lo que incluye la inscripción automática y el voto voluntario.
El invulnerable
Aunque conoce de sobra la lentitud y las largas filas que se forman en las juntas electorales antes que culmine el plazo para entrar en el padrón, García demuestra un irrestricto apego a la ley. Por ello, justificó el cierre en la fecha legal con una referencia al personal del servicio, que le tiene en alta estima: “Los miembros de las juntas inscriptoras son seres humanos que están planificando sus vidas también para cerrar el día 13 (de septiembre). Hay que tener presente que a esa gente hay que avisarle con tiempo y qué implica en su vida un mes más de trabajo”.
Este argumento ilustra en buena medida a García como un ejecutor, más que el gestor de reformas o ideas que puedan resultar incómodas, o alterar un orden que a la clase política parece no molestarle. Fue el Congreso el que aprobó una ley especial en 2001 para rectificar el error de la DC que inscribió mal sus candidatos para las municipales.
Incluso Jorge Schaulshon debió rectificar sus dichos en julio del año pasado cuando aseguró que la actitud del Servel era “agresiva y arbitraria” en torno a la fallida oficialización de ChilePrimero. Después que Francisco Vidal vocero de la época le exigiera “respeto” por una institución que cautelaba las elecciones desde 1988, el abogado socio de Andrés Allamand, dijo que García había actuado “contra su voluntad”. El director del Servel se negó a “polemizar” con el ex PPD. Basta ver donde está cada uno para resolver quien tiene más poder. García también debe cautelar la rendición de gastos electorales que ordena la ley, y que tuvo en problemas al senador Guido Girardi, vinculado al caso Publicam en 2006. El Servel además tiene una de las bases de datos más grandes de Chile y que según reveló El Mercurio ha sido vendida en más de 60 oportunidades a políticos y empresas privadas.
