El titular del organismo, Rodrigo Albornoz, llamó a la calma y aseguró que de producirse “un aumento sustantivo de quiebras con ocasión del terremoto, no se pone en riesgo el funcionamiento del sistema”. Sin embargo, reconoció que “durante los últimos cinco años las quiebras de empresas constructoras marcan una presencia de un 18% del total anual que se declara, siendo el tercer rubro económicamente que más utiliza el sistema”.
Luego del terremoto que asoló al país, una serie de empresas constructoras están en la mira, ya que los edificios que levantaron se cayeron o bien quedaron con graves daños estructurales. Uno de los mayores temores hasta ahora -que ha recorrido Twitter y Facebook, principalmente- es que estas firmas se declaren en quiebra, dejando a los afectados en la desprotección, sin poder acceder al pago justo por la pérdida de la casa propia, debido a lo engorroso de un juicio de este tipo.
Sin embargo, la Superintendencia de Quiebras (SDQ) está en alerta si es que dicha situación llega a producirse, sobre todo en aquellas empresas cuyos edificios de departamentos se vinieron abajo o bien otros que deberán ser demolidos. Es el caso del edificio Alto Río en Concepción, donde murieron varias personas y otro de Santiago, en la comuna de de Maipú, de la firma Mujica y González Limitada. Y cualquier otra que asuma esta decisión, dentro de las 27 cuyas edificaciones se vieron afectadas.
El titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Rodrigo Albornoz, llamó a la calma, asegurando que “de existir un aumento sustantivo de quiebras con ocasión del terremoto, no se pone en riesgo el funcionamiento del sistema”. Y reconoció que “durante los últimos cinco años las quiebras de empresas constructoras marcan una presencia de un 18% del total de las quiebras anuales, siendo el tercer rubro que más utiliza el sistema de quiebras en Chile”.
El guarismo citado por Albornoz responde a un análisis que se realiza con la historia de las quiebras en mano. Es decir, desde 2005 a 2010 hay más de 100 firmas del rubro que usaron esta forma de cesación de pagos.
[cita]Desde el 27 de febrero hasta ahora, en el Diario Oficial, donde se deben publicar las quiebras, no hay ninguna firma que haya ni siquiera modificado la sociedad. Tampoco alguna de las empresas ha recurrido a los tribunales civiles.[/cita]
Remontado al último terremoto que afectó al país en 1985, los meses posteriores arrojan un total de 26 empresas del ámbito de la construcción que se fueron a quiebra, ya que no contaban con las espaldas económicas para hacer frente a la crisis que provocó el movimiento telúrico.
Ahora bien, desde el 27 de febrero hasta ahora, en el Diario Oficial, donde se deben publicar las quiebras, no hay ninguna firma que haya ni siquiera modificado la sociedad. Tampoco alguna de las empresas ha recurrido a los tribunales civiles, entidad que debe aprobar o rechazar la figura jurídica e informar a la entidad a través del síndico respectivo.
Fuentes del sector dijeron al respecto que es poco probable que las empresas elijan la quiebra como fórmula de cesación de pago, pues más bien usarían una figura legal llamada “convenio”, que permite evitar lo primero.
Uno de los principales problemas de una quiebra ha sido históricamente el tiempo de tramitación: en promedio cinco años y con los problemas que presentan los síndicos, algunos de los cuales –a veces- prefieren pagar sus altos honorarios antes que liquidar rápidamente los activos de la empresa afectada para pagar a los acreedores. Casos hay varios.
El jefe jurídico de la SDQ, Felipe de Pujadas, explicó a este diario que para evitar eso, desde diciembre del año pasado la entidad inició un plan piloto para controlar de cerca las quiebras y evitar problemas.
“Las quiebras que antes demoraban un promedio de 4,5 años, hoy demoran 2,5, con lo que se reduce sustancialmente el tiempo”, explicó De Pujadas.
Consultado sobre la posibilidad de que alguna empresa recurra a la quiebra fraudulenta, indicó que la SDQ está preparada para hacerle frente y si se detecta un caso de este tipo los antecedentes serán entregados de inmediato al Ministerio Público para que inicie la investigación criminal respectiva.
En todo caso, la frase del superintendente Albornoz es clara: “Una quiebra no es buena salida para el acreedor de una empresa fallida”.
