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Presentan en Contraloría recurso para exigir derecho a manifestación en el centro de la capital

por 13 julio, 2011

Presentan en Contraloría recurso para exigir derecho a manifestación en el centro de la capital
En el requerimiento, el concejal de Santiago Ismael Calderón solicita al ente contralor que “ejerza sus facultades legales y constitucionales en el sentido de declarar la ilegalidad, arbitrariedad y desproporcionalidad del Decreto Supremo Nº 1086, del año 1983 del Ministerio del Interior que regula las reuniones públicas”.
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El concejal de Santiago Ismael Calderón, junto al Programa de Asesorías Ciudadanas del Instituto Igualdad, presentará este miércoles en la Contraloría un recurso que exige el respeto al derecho a protestar en el centro de la ciudad.

En el requerimiento, la autoridad municipal solicita al ente contralor que “ejerza sus facultades legales y constitucionales en el sentido de declarar la ilegalidad, arbitrariedad y desproporcionalidad del Decreto Supremo Nº 1086, del año 1983 del Ministerio del Interior que regula las reuniones públicas”

Entre los argumentos esgrimidos, el concejal de Santiago apela a que el decreto Supremo dictado por el Gobierno contradice la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por Chile.

En esta, explica, se contempla el derecho de reunión pacífica y sin armas, símil a nuestro art. 19 Nº 13 de la Constitución. Este Derecho, siguiendo el artículo 15 textual de la Convención, “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

En consecuencia, apunta la presentación, “los Estados solamente pueden restringir legítimamente este derecho cuando se cumplen los siguientes requisitos: Se interviene a través de una Ley, la cual solo puede emanar de su tramitación en el Congreso Nacional; Los supuestos de la intervención deben perseguir un fin legítimo: seguridad nacional, orden público, protección de la salud pública, protección de la moral pública, o la protección de derechos o libertades de los demás; y además, los supuestos de intervención deben ser necesarios bajo el contexto de una sociedad democrática”.

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