El caso de Gabriela Blas, se remonta a octubre de 2007 cuando denunció la desaparición de su hijo Domingo mientras pastoreaba un rebaño de llamas en Arica.
La decisión del gobierno de reducir de doce a seis años de prisión la condena de una pastora indígena por la desaparición, con resultado de muerte, de su hijo de tres años, en 2007, fue tildada hoy de insuficiente por organizaciones de derechos humanos.
El caso de Gabriela Blas, una pastora de la etnia aimara, se remonta a octubre de 2007 cuando denunció la desaparición de su hijo Domingo mientras pastoreaba un rebaño de llamas en la región de Arica y Parinacota.
Según su versión, el menor, cuyo cuerpo fue hallado en diciembre de 2008, desapareció mientras intentaba recuperar dos animales que se habían separado del rebaño.
Tras denunciar el suceso a carabineros, Gabriela Blas fue detenida y debió cumplir tres años de prisión preventiva hasta que en abril de 2010, tras dos juicios orales, fue condenada a 12 años de prisión por abandono con resultado de muerte por la Corte de Apelaciones de Arica.
Después de que el año pasado varios grupos de derechos humanos enviaran una petición de indulto al presidente Sebastián Piñera, Blas, de 29 años, fue beneficiada este martes por un decreto que reduce a seis años la pena, confirmaron fuentes del Ejecutivo.
Así, Blas aún debe cumplir un año de condena en la cárcel de Acha, en Arica, donde se encuentra recluida desde 2007.
«Nos parece que por la gravedad de la vulneración de sus derechos humanos a que fue expuesta Gabriela y la grave discriminación que sufrió por parte de las autoridades del Estado, su pena debería haber sido perdonada en su totalidad», afirmó hoy Catalina Lagos, abogada de Corporación Humanas.
Sin embargo, el gobierno defiende que, con la rebaja de su condena, Blas podrá optar a «beneficios penitenciales e incluso optar a la libertad provisional», según explicó el secretario regional de Arica y Paranicota del Ministerio de Justicia, Clemente Cerda.
En paralelo a la solicitud de indulto, las organizaciones Observatorio Ciudadano y Corporación Humanas presentaron en mayo de 2011 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile por violación de derechos y garantías establecidas en convenios internacionales.
Ambas organizaciones denunciaron que Blas fue ilegalmente detenida en el momento de la búsqueda de su hijo y que, además, la reclusión durante tres meses en una celda de aislamiento supuso un acto «cruel y desproporcionado».
«A Gabriela se la condena sin tomar en consideración su cultura aimara y por lo tanto creemos que el Estado debe ser perseguido en su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos y para que nunca más en Chile una mujer sea objeto de una discriminación como la de Gabriela Blas», aseveró Lagos.
Por su parte, el Gobierno señaló que la reducción de la condena a Gabriela Blas demuestra que existe una intención de trabajar con los pueblos indígenas que habitan en Chile.
«Lo que se está haciendo es considerar cosas que son propias de la cultura aimara en el momento de tomar la decisión», justificó Clemente Cerda.
Según Corporación Humanas, Gabriela Blas tuvo sentimientos encontrados al conocer el anuncio de la rebaja de la condena.
«Por una parte está alegre que se le haya reducido y está preocupada porque no sabe que le va a suceder en el año que le queda de condena. Esta bien pero con sentimiento de incertidumbre», confesó Catalina Lagos.
