Críticas al financiamiento e incidentes en tribunas frenan despacho de Sala Cuna en el Senado

Lo que el gobierno había proyectado como un día histórico para la tramitación de la iniciativa que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores e independientes, finalmente concluyó con la suspensión del debate en la sala del Senado debido a reiterados incidentes en las tribunas. 

Luego de más de cuatro años de discusión en el Congreso, el Senado comenzó este martes la votación en particular en el hemiciclo, con el fin de concluir el primer trámite legislativo. Sin embargo, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN) decidió suspender la sesión hasta el próximo martes 8 de septiembre, ante la imposibilidad de continuar con las palabras frente a los gritos y manifestaciones por parte de las organizaciones presentes en la sala. 

En esta primera jornada, los parlamentarios comenzaron con la votación de las enmiendas introducidas durante su paso por las comisiones de Educación y Hacienda. Sin embargo, quedaron a la vista las diferencias entre oficialismo y oposición relativas al mecanismo de financiamiento del fondo que solventará el beneficio; el estándar de calidad que tendrán los establecimientos que prestarán el servicio; el carácter universal del derecho de sala cuna, entre otros temas. 

Los altercados en la galería ocurrieron mientras el senador Enrique Lee (IND) hacía uso de la palabra, quien señaló que “cuando algunos colegas parlamentarios dicen que somos alérgicos a los derechos, yo les quiero decir que los derechos tenemos que financiarlos, y se financian con crecimiento y desarrollo económico”.

El parlamentario continuó su intervención acusando que “quienes hoy día alegan son personas, son sindicatos, son gremios que tienen trabajo. Y yo los llamo a mirar a su alrededor, incluso alrededor de sus propias familias (…) a quienes están sin trabajo o en cesantía”. Frase que gatilló una ola de reclamos de las organizaciones presentes, lo que impidió continuar con las intervenciones. 

Cabe recordar, que en lo sustancial los principales cambios del proyecto al régimen vigente apuntan a la eliminación del requisito de contar con 20 o más trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna; extender el derecho a trabajadoras, trabajadores dependientes e independientes, incorporando un enfoque de corresponsabilidad que incluye a madres, padres y cuidadores legales; la creación de un fondo común para financiar el sistema; y establecer un mecanismo mixto que contempla una cotización adicional (de 0,35%), compensada en paralelo con una reducción idéntica en las cotizaciones del empleador al seguro de cesantía, además de un aporte fiscal inicial estimado en 11.631 UTM. 

Si bien es compartido el principio de avanzar en la eliminación de las barreras que impiden a las mujeres ingresar al mercado laboral y ampliar el derecho a sala cuna de carácter universal, desde la oposición manifestaron no estar de acuerdo con la forma en que el Ejecutivo ha reformulado el proyecto. 

“Claramente la forma en cómo el proyecto de ley ha sido encausado por la actual administración se aleja de estos principios. Se aleja porque primero no es universal, establece además una discriminación respecto de las condiciones económicas de las y los trabajadores. Recordemos que el gobierno ha establecido que la diferencia entre el costo real de la sala cuna y lo que entrega el fondo tiene que ser con cargo al trabajador o trabajadora, por lo cual habrán muchas personas que no van a poder acceder nunca por esta exigencia del copago que instala el gobierno”, declaró la senadora Yasna Provoste (DC) al término de la sesión. 

Asimismo, Provoste criticó que la iniciativa “no establece exigencias de calidad para las instituciones o para las unidades que van a recibir a los hijos de los trabajadores y trabajadoras”, lo que implica un riesgo para los menores. 

“Y además este proyecto de sala cuna debilita el fondo de cesantía en los momentos más complejos. Al ministro (del Trabajo) le ha tocado enfrentar el desempleo más alto que Chile ha tenido en los últimos cinco años. ¿Y saben cómo lo hace? Debilitando el seguro de desempleo, porque para financiar esta sala cuna lo que hace es echar mano al seguro de cesantía”, agregó. 

“Lo que no corresponde es la estridencia” 

Durante el debate en la sala, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, respondió a los cuestionamientos e insistió en la urgencia de avanzar en su tramitación. En esa línea, reiteró que el proyecto “desacopla el costo de contratación del sexo del progenitor y, en momentos difíciles para el país, encuentra un financiamiento sostenible sin aumentar el costo de contratación para las empresas que hoy día no pueden pagar la planilla”.  

“La Superintendencia de Pensiones ha sido bastante clara, categóricamente clara, que este proyecto no compromete la sostenibilidad de los fondos del Seguro de Cesantía. Es más, los fondos siguen creciendo. No estamos hablando de que estamos vaciando los fondos. Eso no es efectivo. Los beneficios caen 2,1%, para los usuarios del Fondo Solidario caen 0%, porque es un beneficio definido con garantía estatal. Es muy importante aclarar eso”, indicó Rau. 

Luego de suspendido el debate, el secretario de Estado señaló que si bien es “legítimo tener discrepancias en términos de cómo se financia un proyecto de ley”, lo que no corresponde “es la estridencia, los gritos. Nosotros somos dialogantes, hemos propuesto un método de financiamiento sostenible”. 

“Tenemos un déficit fiscal estructural de 3,7% heredado. Esos son 13.000 millones de dólares. Este es un proyecto con dosis de realidad que es sostenible, que es capaz de ampliar el beneficio y la cobertura de sala cuna a todo hijo o hija de un trabajador o de una trabajadora. Entonces, pido que por favor, nos centremos en las cosas que nos unen, en la voluntad de avanzar”, declaró Rau. 

Consultado sobre cómo conversa la iniciativa con los históricos niveles de desempleo en el país, la autoridad recordó que precisamente el artículo 203 del Código del Trabajo que se busca modificar, “aumenta el costo de contratar a las mujeres y data de más de 100 años”. 

“Este proyecto elimina esa distorsión. Y no solo eso, desacopla lo que es el costo del proyecto con el sexo del progenitor. Entonces, en una situación en que el desempleo femenino es particularmente alto, que alcanza el 10,3% sobre el promedio nacional de 9,5%, eliminar una distorsión que encarece la contratación femenina, sin duda que va a ayudar también a la empleabilidad”, insistió. 

Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, también reiteró la urgencia de poner en el centro las cifras de desempleo femenino, al ver cómo “muchas empresas prefieren contratar hasta la mujer número 19, y se penaliza la contratación de la mujer número 20”. 

“Estamos abiertos siempre al diálogo porque esto está en un primer trámite. Eso quiere decir que eventualmente continuaría su discusión en la Cámara de Diputados en un segundo trámite. Hago un llamado también a que no dilatemos más la discusión, sino que podamos traer una solución de manera pronta para las mujeres de nuestro país”, señaló. 

Copago, calidad y financiamiento: los nudos de la discusión

Si bien el diseño del beneficio concentró buena parte de los reparos de la oposición, la apuesta del Ejecutivo es continuar ajustando el proyecto durante el segundo trámite constitucional en la Cámara. 

Cabe recordar, que la Comisión de Educación aprobó la posibilidad de establecer un copago para las familias, medida cuestionada por senadores opositores porque, a su juicio, podría limitar el carácter universal de la política.

Del mismo modo, generó controversia que los recursos del fondo puedan financiar establecimientos que cuenten con autorización de funcionamiento, sin exigir necesariamente el reconocimiento oficial del Estado, lo que supondría rebajar los estándares de calidad de la educación parvularia. 

Pero el principal foco de confrontación está en el financiamiento. La oposición cuestiona que una política de protección de la infancia se financie mediante una reducción de las cotizaciones destinadas al seguro de cesantía. 

El gobierno, en cambio, defiende que la fórmula permite financiar una política largamente postergada sin aumentar el costo de contratación y sostiene que la reducción de las cotizaciones al Seguro de Cesantía corresponde a un ajuste de flujos, no a retirar recursos ya acumulados en las cuentas de los trabajadores. El mecanismo fue analizado durante la tramitación con la participación de la AFC y la Superintendencia de Pensiones.

Otro de los reparos de los parlamentarios de oposición, es que el proyecto no establece como titulares de derecho a los niños y niñas beneficiarios. 

“Este proyecto no garantiza la sala cuna universal y tampoco va a terminar con la discriminación para todas las familias chilenas. Lo dije en la comisión de Educación, también en la de Hacienda, y lo repito hoy en la sala, me parece una anomalía que un proyecto que pretende universalizar la sala cuna pueda aprobarse sin reconocer expresamente un titular del derecho a sala cuna. Intentamos que en la comisión fuera distinto, pero nos encontramos con un gobierno alérgico a la palabra derechos”, criticó el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. 

Asimismo, apuntó que “es solo el trabajador el que debe asumir todo el financiamiento con cargo a su seguro de cesantía. (…) Pero además el proyecto suma otro costo, el copago, el proyecto permite que los trabajadores destinen esos recursos a salas cunas privadas y además estos establecimiento podrán cobrar un monto extra”.