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Relevancia de temas de seguridad y terrorismo conectan al Gobierno con su electorado

La Moneda toma control de la agenda gracias a conflicto en La Araucanía y obtiene dividendos políticos

por 16 enero, 2013

La Moneda toma control de la agenda gracias a conflicto en La Araucanía y obtiene dividendos políticos
El buen manejo y control no sólo lo atribuyen en Palacio a este factor, sino que a la impronta que le ha dado el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que ha protagonizado las gestiones, las reuniones y las frases para el bronce. Se comenta que su único desacierto estas semanas fue el apoyo al corte de carreteras que los empresarios de la IX región hicieron para protestar tras el crimen de Vilcún, pero que en contrapeso ha tenido aciertos como la señal política que trató de dar con el caso de Matías Catrileo.
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Desde la trágica muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay la madrugada del 4 de enero, no se ha dado tregua al discurso público cuyos acentos cotidianos están puestos en la seguridad, la lucha contra de la delincuencia y el antiterrorismo. Un ámbito que le es muy cómodo a la derecha y al gobierno de Sebastián Piñera, lo que ha quedado demostrado con el control que La Moneda ha tenido de la agenda los últimos diez días, tanto, que le ha permitido incluso esquivar algunos conflictos que han pasado a segundo plano.

No es que en Palacio se froten las manos, pero sí sacan cuentas alegres de lo que consideran un “muy buen manejo” de la crisis de La Araucanía. Este nuevo conflicto en la zona sur no fue algo planificado, pero es indudable que le ha caído como anillo al dedo al gobierno, no hay que olvidar que la delincuencia y la seguridad son parte de los caballitos de batalla electoral de la derecha, un tema donde el discurso “más duro” es bien recibido en general por los electores de dicha sensibilidad.

De hecho, en el gobierno reconocen que uno de los factores que les ha ayudado estos días es precisamente que los focos de críticas son bien acotados a algunos sectores de la oposición, pero que en general son materias que tienen “un apoyo bastante transversal”, sobre todo ante un homicidio tan atroz como la del matrimonio de empresarios de Vilcún.

En La Moneda optaron por aprovechar el momento para rematar la estrategia desplegada y usar la reposición de la Ley Hinzpeter como el “remache político” a estos diez días marcados por la agenda de seguridad.

En todo caso, el buen manejo y control de la agenda no sólo lo atribuyen en el gobierno a este factor, sino que a la impronta que le ha dado al tema el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que ha protagonizado las gestiones, las reuniones y las frases para el bronce.

Se comenta que su único desacierto estas semanas fue el apoyo al corte de carreteras que los empresarios de la IX región hicieron para protestar tras el crimen de Vilcún, pero que en contrapeso ha tenido aciertos como la señal política que trató de dar con el caso de Matías Catrileo. “Lo señalamos desde el primer momento, que nos parecía que Carabineros debiera haber separado de sus filas a una persona que estaba condenada y nos encontramos con algo que nos sorprendió en su momento, que fue la decisión de la Contraloría”, dijo ayer, traspasando así la responsabilidad a la policía por mantener al cabo segundo, Walter Martínez en sus filas.

La agenda oficial ha estado tan “copada” y dedicada exclusivamente al tema de seguridad y el conflicto en la Araucanía, que se ha instalado casi como una suerte de cortina de humo de otras áreas que son flancos débiles y complejos para la administración Piñera.

En Palacio reconocen que uno de los grandes temas “opacados por suerte” es la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que en todas sus versiones anteriores marca la agenda durante semanas. En esta ocasión fue dada a conocer el día antes de la muerte de los Luchsinger-Mackay, razón por la que pasó —añaden en el gobierno— totalmente a un segundo plano, con el magro apoyo ciudadano al gobierno, las críticas que arrojaba al manejo económico y el débil apoyo de los abanderados de derecha, Laurence Golborne y Andrés Allamand, que ponen en jaque la opción de la sucesión del gobierno de Piñera.

Además, se han mantenido bastante a raya los cuestionamientos en el seno del oficialismo a la labor desempeñada por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yussef, precisamente porque hay consenso en que la coyuntura no aconseja dar esa señal de “debilidad” en pleno conflicto. Ayer en la tarde Yussef fue a explicar lo hecho por su organismo a la comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados y salió diciendo que el “sigue en su cargo”, pero nadie desconoce en Palacio que se le ha blindado sólo por ahora.

Otro tema que quedó eclipsado estos días, reconocen en La Moneda, es el “caso sobreprecios” que durante semanas el 2012 tuvo en la cuerda floja al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. El martes 8 de enero y ayer por segunda vez, fue a declarar a la comisión que se creó en diciembre para investigar la compra de equipos para el “Plan Frontera Norte”, escándalo que le costó la salida del gobierno al ex fiscal Alejandro Peña y otros cuatro funcionarios.

La salida de libreto

A pesar de los buenos dividendos que sacan en La Moneda, en privado se reconoce que nada es perfecto y que en el diseño hubo efectivamente una salida del libreto, que protagonizó el propio Presidente Piñera al reponer en escena la polémica “Ley Hinzpeter”.
El domingo Piñera encabezó –acompañado del ministro Chadwick-un cabildo de seguridad con dirigentes comunales, que se realizó en la Escuela de Carabineros de calle Antonio Varas, y allí anuncio que “vamos a poner urgencia y discusión inmediata a un proyecto de ley, que lleva mucho tiempo en el Congreso, que es lo que se ha llamado la Ley Anti-encapuchados” y agregó que el objetico es “darle más atribuciones a Carabineros de Chile para poder luchar contra aquellos que cobardemente y cubriéndose el rostro atentan contra la ciudadanía y también contra Carabineros”.

En La Moneda varios aseguran que no se improvisó y que reactivar la Ley Hinzpeter fue un tema conversado en una bilateral el jueves 10 entre el Presidente y Chadwick. Pero no deja de llamar la atención que desde el momento del anuncio presidencial, en el gobierno han tratado de “vestir” las palabras del mandatario.

Dentro de una ronda de entrevistas en la mañana de ayer, el ministro Chadwick dijo a radio ADN que no hay vinculación entre la Ley Hinzpeter y el tema mapuche y que reponer el proyecto surgió “comunicacionalmente por un aviso del Presidente”.

Piñera habló originalmente de “discusión inmediata”, lo que implica un plazo de tramitación en el Congreso de solo seis días, pero 48 horas después finalmente quedó con suma urgencia, o sea quince días de plazo para su discusión, pero “postergada hasta marzo”, debido a que con ese timming no se alcanza a debatir antes del receso legislativo de verano.

Otro dato: con esta son 16 veces las que La Moneda ha puesto suma urgencia a esta iniciativa y luego tiene que retirarla, porque no logra los votos para su aprobación y termina generando ruido en la propia Alianza.

No es gratuito que solo ayer, además, se anunciara que se optó por retirar uno de los ítems más cuestionado de la iniciativa: ya no se tipifica de delito a las tomas en los establecimientos públicos, con lo que se espera bajar los niveles de rechazo a este proyecto.

En La Moneda optaron por aprovechar el momento para rematar la estrategia desplegada y usar la reposición de la Ley Hinzpeter como el “remache político” a estos diez días marcados por la agenda de seguridad.

En ese contexto, la ministra vocera Cecilia Pérez dijo que el gobierno quería dar una señal importante y que en ese sentido, “vamos a escuchar a todos los parlamentarios, a dialogar con ellos, porque queremos sumarlos a este objetivo mayor, que es proteger a las víctimas, a los vecinos, a los pequeños comerciantes y los ciudadanos que, a propósito de manifestaciones públicas que pueden ser legítimas, han sufrido la violencia de los encapuchados, que son delincuentes cobardes que ocultan su identidad para actuar con impunidad”.

Chadwick es el encargado de las gestiones para lograr la aprobación de la ley en marzo, pero el camino no será fácil. El timonel del PS, Osvaldo Andrade, dijo ayer que “los proyectos de ley no se tramitan así, son serios, se debaten, no se hacen desde la improvisación”.

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