Partidos y movimientos sociales divididos por mecanismo para generarla
Ya lanzó sobre la mesa los nombres de los expertos que ayudarán a delinear una nueva Carta Fundamental. Sin embargo, al interior de los partidos no existe consenso sobre la fórmula para cumplir con esta aspiración. Mientras en la oposición comienza a tomar forma la idea de una comisión bicameral del Parlamento para seguir un camino institucional, la calle tiene meses gritando un único mecanismo: asamblea constituyente. Según los expertos, los cambios “no se pueden intentar con los términos de la política de los años ‘90. Es un juego regresivo que sólo puede llevar a más polarización”.
El 23 de marzo, en uno de los salones del hotel Pablo Neruda, en la capital, el ex vocero de Gobierno Francisco Vidal y la ex ministra del Trabajo, Claudia Serrano –designada por el Partido Socialista como jefa programática para Bachelet– daban la bienvenida a los asistentes: representantes de los partidos políticos y centros de estudios de la Concertación, que llegaban al lugar para discutir el documento de la oposición “Compromisos para el Chile que queremos”.
En medio de las reformas laborales, una efectiva reforma tributaria o un nuevo Estado para un nuevo modelo de desarrollo económico y social, estaban también en tabla las reformas políticas. Durante el trabajo de la comisión, las opiniones que se pusieron sobre la mesa son más o menos las mismas que se tejen al interior de la Concertación y el Partido Comunista, que también estaba presente. “Hubo consenso en que era necesario tener una nueva Constitución. Aunque algunos insistían en que una asamblea constituyente, es intransable. Hay otros que piensan que es bueno apuntar a que exista una nueva Constitución. No importa la forma”, señala una de los asistentes a la comisión de reformas políticas.
Ese día, en el Hotel Pablo Neruda, quedó claro que las críticas a la existencia de una asamblea constituyente están presentes en buena parte de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Las palabras pronunciadas por el senador Camilo Escalona en la prensa en septiembre pasado, aún son recordadas: “O sea, que nos pongamos a fumar opio en un escenario ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe, de una Asamblea Constituyente que no se va a constituir nunca…”, dijo lanzando dardos al corazón de un debate que está presente con lienzos, pancartas y gritos cada vez que el movimiento social se expresa en las marchas.
Es justamente esa tensión entre los partidos y lo que exigirá el movimiento social en la calle, lo que algunos expertos, creen, podría complicar las cosas.
La candidata del PS y el PPD, Michelle Bachelet, dio a conocer ayer su nuevo equipo para encarar una propuesta de trabajo que sirva para preparar una alternativa de cambio a la Constitución. ¿Los nombres? Expertos constitucionalistas entre los que se cuentan el coordinador del equipo, Francisco Zúñiga y Fernando Atria, que señaló a El Mostrador que “el problema constitucional tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”.
Ellos deberán lidiar no sólo con las propuestas que recibirán desde la calle –se habilitará un sitio web desde hoy para sumar la voz ciudadana a todo el esquema programático– sino también con el ambiente que hierve en torno al tema al interior de la Concertación.
En los partidos opositores existe la convicción de que la actual Carta Magna no representa el sentir ciudadano, pese a las numerosas modificaciones que se le han introducido desde el regreso a la democracia y, particularmente, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. De ahí que haya adquirido cada vez más fuerza la idea de cambiar la Constitución y que la asamblea constituyente (AC) sea el mecanismo por el que abogan amplios sectores de la Concertación y la izquierda. Sin embargo, esta fórmula, que sintoniza con los movimientos sociales no genera consenso al interior del pacto. Algo sobre lo que existe conciencia entre los dirigentes, la mayoría de los cuales también cree que para avanzar en esta línea justamente es imprescindible que las fuerzas opositoras alcancen un alto nivel de acuerdo. Otros plantean que existiendo consenso en lo fundamental, la fórmula para cambiar la Constitución es sólo accesoria y desdramatizan las discrepancias en ese aspecto.
Uno de los argumentos que esgrimen quienes no están de acuerdo con la asamblea constituyente, tanto en el socialismo como en el falangismo, es que la institucionalidad chilena no contempla este método. Y que si ha sido imposible hacer cambios más profundos a la Carta Fundamental, porque los quórums supramayoritarios lo impiden, menos se podrían alcanzar para generar una asamblea constituyente. Es en esta etapa donde surge una especie de Plan B. El proyecto que “modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para crear una Comisión Bicameral, encargada del estudio de un anteproyecto de nueva Constitución Política de la República”, patrocinado por los senadores Andrés Zaldívar (DC); Camilo Escalona (PS); Ricardo Lagos Weber (PPD); y los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero.
[cita]Para el senador Andrés Zaldívar, encargado de este tema en su partido, es necesario que el debate “esté radicado donde realmente está el poder constituyente que es en el Congreso”. “No hay que fumar opio, como dijo Escalona hace un tiempo”, advierte y abogando por la comisión bicameral insiste en que “hay que hacer las cosas en la factibilidad de que resulten y la Constitución debe ser modificada dentro de sus propias normas, porque no hay mayorías para otra cosa”.[/cita]
La iniciativa fue presentada el 18 de enero del año pasado, mientras el UDI Hernán Larraín encabezaba la Comisión de Constitución y permanece allí sin que haya avanzado en su tramitación. Este proyecto establece la creación de “una comisión bicameral cuyo único objeto será estudiar y proponer el texto de una nueva Constitución Política de la República. Dicha comisión estará compuesta por 10 diputados y 10 senadores que serán designados de la siguiente manera: cada comité parlamentario, tanto de la Cámara de diputados como del Senado elegirá a un representante, los restantes se elegirán proporcionalmente de acuerdo a su representación tanto en la Cámara de diputados como en el Senado”. Para acometer su labor “la comisión mixta podrá dividir su trabajo en subcomisiones, integradas por cinco miembros, encargada cada una de ellas del estudio de una o más materias en particular. Asimismo, la comisión en general y en particular podrá solicitar asesorías especializadas respecto de cada tema. Será obligación en todo caso convocar y oír, a los representantes de la o las instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales que manifiesten su interés en dar a conocer su opinión a la comisión o subcomisión respectiva”.
Esto implica intentar cambiar la Constitución por la vía institucional, explica uno de sus promotores, el senador Andrés Zaldívar, quien además explicó a El Mostrador que para ello conversará con el actual presidente de la comisión, su compañero de bancada Patricio Walker, para que ponga en tabla el proyecto. La idea es “hacer una discusión que está permitida en la Constitución”, aclara el senador DC, ya que a diferencia de la asamblea constituyente, la comisión bicameral sí está contemplada en nuestra institucionalidad. A su juicio, esta iniciativa “abre un espacio, un camino institucional, para que todos los actores puedan participar en los cambios a la Constitución” a diferencia de la AC que “para aprobarla requiere acuerdo del Parlamento”. Para el parlamentario falangista, encargado de este tema en su partido, es necesario que el debate “esté radicado donde realmente está el poder constituyente que es en el Congreso”. “No hay que fumar opio, como dijo Escalona hace un tiempo”, advierte y abogando por la comisión bicameral insiste en que “hay que hacer las cosas en la factibilidad de que resulten y la Constitución debe ser modificada dentro de sus propias normas, porque no hay mayorías para otra cosa”.
El senador DC está convencido que no ha avanzado la tramitación de la iniciativa que promueve, porque “la derecha la bloqueó en el Senado”, aludiendo justamente a que al tiempo de ingresar a la Comisión de Constitución la instancia estaba presidida por el gremialista Hernán Larraín. La Alianza, y la UDI en particular, ha obstaculizado permanentemente cualquier cambio profundo a la Constitución y se cierra de plano a la elaboración de una nueva. El partido, fundado por el autor intelectual de la Constitución del ’80, Jaime Guzmán Errázuriz, se ha constituido en el guardián del modelo político-económico implementado durante la dictadura y se niega a ceder.
Pero tal como están las cosas, aunque en la oposición no existe consenso respecto a la forma sí lo hay en relación al fondo: nadie discute que no sea necesario cambiar la Constitución. Si es a través de una asamblea constituyente o una comisión bicameral, o algún otro mecanismo, está por verse. Zaldívar sostiene que su candidato presidencial, Claudio Orrego, “está conciente de esta necesidad”.
En este contexto, el jefe de campaña de Orrego –quien por estos días visita Alemania–, Sergio Espejo, plantea que uno de los objetivos de la candidatura que representa es terminar con el sistema electoral, algo que estima “indispensable”. Y que están apuntando a “comenzar a instalar las reformas de fondo” que tiene que ver con mayor participación y descentralización, entre otras. Algo que tienen bien claro es que “estamos abiertos a analizar fórmulas, pero no con la asamblea constituyente”. Lo que no es menor si se considera que hay sectores como los movimientos ciudadanos o incluso el Partido Radical con su candidato presidencial, senador José Antonio Gómez, que se inclinan por este formato como la gran solución para una nueva Carta Fundamental. En la DC y el PS no existe una posición única, pero hay quienes desdramatizan las diferencias que se suscitan en cuanto a la forma, pues insisten en que el acuerdo importante es respecto del necesario cambio de la Constitución. Incluso en el socialismo aclaran que el partido tiene “tomada una definición, desde hace muchos años, sobre asamblea constituyente”, pero lo importante “es cambiar la Constitución”, el método es discutible.
De allí que en la tienda destaquen el anuncio de su candidata presidencial de una nueva Constitución para Chile. “Nunca se había llegado al momento de que el candidato planteara una nueva Constitución y su equipo tiene que buscar la forma más adecuada para llegar al objetivo”. En esta línea, están quienes aventuran que el método finalmente “va a ser una mixtura”, ya que el mecanismo que se adopte “en algún punto va a tener algo de asamblea; posiblemente también tendrá que haber un plebiscito y seguramente el Congreso va a tener que visar lo que le llegue al Presidente”, calcula un representante socialista que insiste, sin embargo, que “lo esencial es el compromiso de una nueva Constitución”. Algo en lo que coincide en secretario general de la tienda, Francisco Díaz, quien festejó “la decisión y la voluntad política de nuestra candidata de impulsar una nueva Constitución. (…) El esfuerzo político y programático de los próximos meses será definir el método más adecuado para este propósito. Del simple enunciado es necesario pasar a la propuesta concreta, tanto en contenido como en forma”.
Pero algunos le restan importancia a la forma, porque lo esencial es que hay acuerdo en cambiar la Constitución, el ex ministro de Bachelet Francisco Vidal (PPD) admite que el mecanismo puede generar conflicto, pues “en la fórmula no hay consenso, en el objetivo hay consenso”. En su opinión, “con todas las reformas que le hemos hecho a la Constitución, no hemos podido abrir el candado principal. Abrimos un candado, el de los senadores designados; pero falta el del binominal y el de las mayorías, los quórums. Por ejemplo, para cambiar las reformas más importantes tú no requieres tener la mayoría sino que tienes que tener 72 por ciento, esa es la trampota”. Mientras tanto, el secretario general del PPD que hace sólo un par de meses definió la AC como el mecanismo para cambiar la Carta Magna, Gonzalo Navarrete, sostiene que la propuesta de la comisión bicameral “no resuelve la capacidad de representación” que debiera tener el mecanismo que defina la nueva Constitución, porque tal como está ahora el Congreso “va a ser equivalente a los bloques y no va a estar la mirada de los movimientos sociales u otros que hoy no están representados en el Parlamento”. De allí que explica que el equipo encargado de este tema en el comando de Bachelet tendrá que “hacer un estudio del mecanismo más adecuado”. Navarrete espera que “haya una fórmula intermedia” que permita un acuerdo de toda la oposición.
Para el movimiento social está claro y aquello que en la oposición raya en la tibieza, acá no es así. La asamblea constituyente forma parte de una de las demandas que comenzó a entrar lentamente a las marchas estudiantiles cuando ocuparon la calle con más fuerza en 2011.
Matías Sagredo, miembro del Movimiento Nacional por una Asamblea Constituyente y fundador de la Red de Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente, está de acuerdo con que exista una nueva Constitución; sin embargo, sólo si ésta se hace a través de una asamblea constituyente. “El punto es que si no es mediante esta forma, entonces la promesa de nueva constitución es un engaño, pues el Congreso no tiene posibilidad alguna de lograrlo. Por otro lado al Congreso no le corresponde esta labor pues, como poder constituido, no puede ejercer el poder constituyente que reside única e indelegablemente en el pueblo. Sólo una Asamblea Constituyente corresponde al ejercicio de la soberanía popular, como debe ser: elegida democráticamente con delegados de todo el país y de todos los sectores sociales, asegurando su máxima representatividad, en un proceso participativo y de protagonismo ciudadano”, dice Matías, para quien un proceso constituyente no es únicamente la redacción de un nuevo texto constitucional, sino un proceso de refundación del país y va más allá de una promesa de Constitución: “El pueblo en su totalidad piensa cómo quiere que sea su patria, cómo cree que es mejor organizarnos para vivir en armonía, cuáles son las características que debe tener el Estado para asegurar el bien común y la protección de los derechos ciudadanos”.
Alberto Mayol cree que la fórmula que llora el país, es de cajón. El sociólogo coincide con quienes no quieren esta Constitución porque tiene, para él, básicamente dos problemas: “Es ilegítima de origen y la apuesta política que ella involucró fue exitosa hasta ahora, pero ha pasado a ser impertinente. Es una Constitución para un Estado subsidiario y una elite política postdictatorial. Fue diseñada específicamente para perpetuar el modelo político y económico, o al menos, para mantenerlo vivo mientras fuera posible. Eso ya no es pertinente. Si alguien apuesta por una Constitución para un modelo de sociedad, ha de saber que si esa sociedad cambia, se tendrá que cambiar de Constitución”. Es por todo este diagnóstico, que el mecanismo de salida de la vieja Carta, cae también de cajón, sobre todo si se suma un sistema político desacreditado: “Resulta obvio que no basta con poner a trabajar a la institucionalidad actual en hacer una nueva Constitución. Corresponde entonces una asamblea, es bastante obvio”.
El líder de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson también está de acuerdo con cambiar la Constitución y apuesta por una vía. “Las reglas actuales fueron tomadas al arbitrio de unos pocos, durante un régimen dictatorial. El mundo ha cambiado, ya no está la Guerra Fría y nuestro país tiene la solidez para plantearse este debate. Ahora, nosotros desde RD vemos la Asamblea Constituyente como un mecanismo democrático para lograr escribir una nueva constitución. Nos convence muchísimo más que cambiarlo vía parlamento/binominal”, dice.
Carlos Ruiz, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y presidente de Fundación Nodo XXI, cree que cualquier tipo de cambio no puede estar encerrado en la misma lógica que ha existido hasta ahora. “No se puede intentar esto con los términos de la política de los años ‘90. Es un juego regresivo que solo puede llevar a más polarización”, dice y señala que aunque los cómo se irán viendo en el camino, la participación ciudadana debe ser enorme y “no en la fronda de los 90’. Si siguen insistiendo en cosas como las que dijo Enrique Correa eso las cosas tenderán a una polarización y quiere decir que no han entendido nada de lo que pasó… Si esos son los orejeros del príncipe, lo están estafando”.
