«Nuestro gobierno no tiene problemas en tomar las acciones correspondientes para que se restablezca la ley, el orden, y para proteger la salud y el bienestar de los habitantes», acotó la ministra.
El Gobierno y alcaldes oficialistas evalúan el posible uso de la fuerza pública para habilitar vertederos, frente al paro de los recolectores de basura en distintas partes del país.
Tras una cita en La Moneda con alcaldes de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCh), la vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, aseveró que «la ley es muy clara, frente a la negligencia en el actuar de quienes corresponde el retiro de la basura como son los municipios, vía decreto de emergencia se pueden establecer, entre otras cosas, el uso de la fuerza pública, para lo que señalaba el alcalde (Pedro) Sabat, por ejemplo, restituir los ingresos a tres de los vertederos que en el caso de la región Metropolitana reciben más del 80% de los residuos domiciliarios, Santa Marta, Santiago Poniente y KDM. Y eso efectivamente es lo que se está evaluando y finalmente es, si hay que decidirlo, lo que se va a hacer».
«Nuestro gobierno no tiene problemas en tomar las acciones correspondientes para que se restablezca la ley, el orden, y para proteger la salud y el bienestar de los habitantes», acotó la ministra.
Consultado si comparten esa posibilidad legal de usar la fuerza pública, el presidente de la AMUCh (que reúne a autoridades oficialistas), Felipe Guevara, respondió que «los alcaldes le hemos manifestado al Gobierno que la primera acción es el diálogo, pero el diálogo, tratándose de una emergencia sanitaria, tiene obviamente límites que son muy acotados».
«De manera tal que efectivamente si no se logra un acuerdo por la vía del diálogo, estamos disponibles para colaborar en el uso de la fuerza para abrir los rellenos sanitarios que permitan depositar la basura de nuestras comunas», añadió el jefe municipal de Lo Barnechea.
Además, la secretaria de Estado anunció que a través del ministerio de Salud «se instruirán los sumarios sanitarios necesarios para aquellos municipios que no estén cumpliendo con el deber que la ley los obliga».
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