«Todos los acuerdos realizados unilateralmente han generado un perjuicio no sólo a los accionistas de la sociedad, sino que también al Fisco y a los trabajadores de la empresa», dijo Raimundo Labarca, representante de los accionistas no controladores.
El próximo viernes a las 09:00 horas se realizará la junta extraordinaria de accionistas convocada por los controladores de Empresa Periodística La Nación, en la cual se someterán a aprobación las condiciones para la licitación y posterior venta del emblemático edificio patrimonial en el cual operó el medio de comunicación desde 1930.
A pesar que el encuentro entre accionistas aún no se materializa, las condiciones de venta del inmueble ya están definidas y a disposición de los inversionistas que tengan interés por quedarse con el terreno y las oficinas ubicadas frente a La Moneda y en la propia Plaza de la Constitución, entre las calles Morandé y Teatinos.
Este es uno de los puntos que impugnan los accionistas minoritarios de La Nación, quienes no sólo acusan arbitrariedad e ilegalidad en el proceso de venta del edificio, sino que también en la dilución que se ha hecho con la empresa periodística y en el traspaso del Diario Oficial al Ministerio del Interior.
«Todos los acuerdos realizados unilateralmente han generado un perjuicio no sólo a los accionistas de la sociedad, sino que también al Fisco y a los trabajadores de la empresa. La adjudicación de unos 6.000 metros2 del edificio patrimonial se realizaría en un precio cercano a UF192.000, un valor que no refleja las características del inmueble, su entorno y la escasez de terrenos en las cercanías a su ubicación», expresa Raimundo Labarca, representante de los accionistas no controladores.
«Más aún, si existe un proyecto aprobado por la sociedad para un desarrollo liderado por el arquitecto Pedro Murtinho, lo que de materializarse ampliaría al doble los metros cuadrados considerados en la licitación ya propuesta», agrega.
“El gobierno no sólo no ha cumplido la ley afectando los intereses de los socios minoritarios y al propio Fisco, sino que además entra en una contradicción vital ya que por un lado tiene un discurso de defensa del patrimonio, pero en la práctica deja ir sin interés alguno, y abierto a desarrolladores inmobiliarios, un edificio que forma parte del patrimonio de todos los chilenos y no pertenece a las autoridades de turno”, acota.
Los accionistas de La Nación sostienen que continuarán oponiéndose a las decisiones llevadas a cabo por los actuales controladores de la entidad pública, las que han sido materializadas exclusivamente con el fin de terminar con el medio de comunicación, y con cada uno de sus activos.
