Rector de la UDP señala que Piñera puso nuevo estándar en DD.HH.
El académico dice que es correcto pedir su renuncia, ya que “su padre ha sido acusado de participar en violaciones a los derechos humanos y ella misma habría exigido, mientras fue subsecretaria de marina, que se retiraran unas querellas por tortura como condición para acceder a la calidad de exonerados”.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, respaldó la salida de Carolina Echeverría de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, argumentando que “su pasado parece estar más cerca del pragmatismo que de los principios”, añadiendo que el Presidente Sebastián Piñera puso un nuevo estándar en el tema de los Derechos Humanos.
En su habitual columna en El Mercurio, el académico sostiene que el comportamiento pasado de la nominada subsecretaria es un problema, ya que fue un mandatario de derecha quien denunció la complicidad pasiva en las violaciones a los DD.HH. y se negó a suavizar el trato a militares implicados en ellas, trazando una línea entre quienes apoyaron la dictadura y quienes no.
“¿Cómo explicar ahora que un gobierno de izquierda nomine a una persona cuyo comportamiento pasado en esta materia pareció estar más cerca del pragmatismo que de los principios?”, se pregunta Peña.
Y agrega que “con tales antecedentes se porfíe en mantener a Carolina Echeverría en su cargo –violando así, además, por febles motivos y por enésima vez, la promesa de que nadie se repetiría el plato– es simplemente inexplicable”.
Sostiene que esto es dañino y “no solo para el próximo gobierno, sino, lo que es peor, para los estándares con que se juzgará la vida pública”.
Peña menciona que es correcto pedir la salida de Echeverría de su cargo, ya que “su padre ha sido acusado de participar en violaciones a los derechos humanos y ella misma habría exigido, mientras fue subsecretaria de marina, que se retiraran unas querellas por tortura como condición para acceder a la calidad de exonerados”.
Precisa que el problema radica en el “estándar que habrá de aplicarse, de aquí en adelante, a los funcionarios gubernamentales: si para serlo bastará no haber cometido delito o si, en cambio, habrá una exigencia mayor”.
En ese sentido, el académico explica que la oposición durante el gobierno de Piñera esgrimió “un estándar superior al meramente legal a la hora de evaluar la idoneidad de los funcionarios. Se reprochó al propio Piñera haber oído más que las exigencias legales a la hora de juzgar sus propios conflictos de interés”.
“Se dijo entonces que mientras los ciudadanos eran libres de ejecutar todo lo que la ley no prohíba, los funcionarios estaban sometidos a una exigencia mayor, de índole ética. No se trataba de moralizar la política, se agregó, sino de trazar unas obligaciones mínimas, apenas superiores a las legales, a la hora de juzgar la idoneidad y el comportamiento de los funcionarios”, precisa.
Añade que “si el funcionario podía verse obligado a elegir entre su propio interés y el público, o si su comportamiento previo parecía inconsistente con el que su cargo demandaba, ello, se alegó reiteradas veces, impedía su permanencia en el Estado”.
El rector de la UDP cree que si lo anterior fue válido para el gobierno de Piñera también debería ser válido para el de Bachelet, ya que “una regla de conducta que se aplica al adversario, pero no a sí mismo, es simple estrategia, mero cálculo. Si esa regla se aplica, en cambio, a todos, sin excepción, a los de este lado y a los de allá, entonces posee una índole ética. Las críticas que se dirigieron una y otra vez al gobierno de Piñera por los conflictos de interés o el comportamiento pasado de algunos de sus funcionarios ¿eran simple estrategia en la lucha política o se trataba de genuinas exigencias de ética pública?”.
En ese sentido, Peña expone que si se trataba de exigencias emanadas de la ética pública, de exigencias de conductas imprescindibles para que las instituciones funcionen, “entonces la Presidenta Bachelet y su ministro de Defensa no tienen buenas razones para mantener la nominación de Carolina Echeverría”.
“El hecho de que su padre sea acusado de violar los derechos humanos la obliga a escoger entre la lealtad a su familia y la obediencia a la ley. No es este, claro está, un conflicto de índole patrimonial como el que se reprochó tantas veces a los funcionarios que abandonan La Moneda, pero es el paradigma de quien debe escoger entre dos obligaciones: la que impone el amor filial y la que impone el deber hacia el Estado. Se dirá que Echeverría ya escogió; pero eso equivale a negar la índole objetiva del conflicto exigiendo de la ciudadanía, y especialmente de las víctimas de la dictadura, una confianza ciega en ella. ¿Qué justifica exigir tanto a las víctimas y tan poco a los funcionarios?”, arguye.
