A través de una carta que sera distribuida entre dirigentes del partido y el oficialismo
«Sin querer imputar intenciones, nos parece importante llamar la atención sobre el hecho que muchos de quienes promueven hoy una acotada despenalización para casos especialísimos, adscriben también a la tesis, que no podemos compartir, según la cual la mujer tendría un derecho fundamental a decidir, dentro de las primeras 12, 16 o 20 semanas del embarazo, y sin expresión de causa, si ella desea abortar o no. Nos parece que una explicitación de las visiones ayudaría a tener, ahora ya, un debate sobre el fondo del problema», explica.
Nueve militantes históricos de la Democracia Cristiana salieron al debate por la despenalización del aborto, criticando de paso la decisión del Gobierno de legislar sobre el tema a través de una carta que comenzará a ser distribuida entre dirigentes de la falange y el oficialismo.
El documento titulado «La vida: derecho humano y compromiso», está firmado por figuras emblemáticas de la DC como la ex senador Soledad Alvear, el economista Carlos Massad, el constitucionalista Patricio Zapata, la abogada y académica de la Universidad Católica María Pía Silva Gallinato, el ex presidente del centro de alumnos de derecho de la UC 2012 Andrés Vodanovic y los profesores universitarios, Jorge Fábrega, Sergio Micco, Francisca Ortega Frei y Eduardo Saffirio.
La idea que tienen, según La Tercera, es la de entrar de lleno en el debate por la despenalización del aborto, luego que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara el pasado 21 de mayo la idea de avanzar en una ley sobre el tema en tres casos específicos como es cuando existe peligro de la madre, inviabilidad del feto y violación.
A pesar que el Gobierno aún no define si enviará un proyecto de su autoría o pratocinará una serie que son de parlamentarios y que están actualmente descansando en el Congreso, la discusión ha sido intensa no solo en el mundo político, sino que en toda la sociedad.
La misiva firmada por los históricos DC plantea una serie de reparos en la pretensión de legislar sobre los tres casos expuestos por la mandataria.
El documento explica que el interés que tienen no es el de censurar ni eludir el debate, planteando «una definición respecto de la protección de la vida del que está por nacer».
La carta señala en su primer párrafo que «en el contexto de la discusión sobre la despenalazación o legalización del aborto, debate que no nos interesa censurar ni eludir, quisiéramos -con el mayor de los respetos por quienes piensan distinto manifestar públicamente nuestra adhesión a los siguientes principios fundamentales».
En en su punto uno, precisa que «todo individuo de la especie humana, desde la concepción, y cualquiera sea su condición, o las circunstancias de su procreación, participa de una igual dignidad. Una comunidad que respeta y promueve los derechos humanos debe proteger la vida de las personas que están por nacer».
En el siguiente párrago señala que «la existencia de casos límite, afortunadamente de muy rara ocurrencia, en que la única forma de salvar la vida de la madre supone aplicar una terapia que pueda acarrear como consecuencia inevitable no deseada la interrupción de un embarazo no constituye una verdadera hipótesis de aborto y puede ser resuelta, hoy, a favor de la vida de la madre, sin que resulte necesario aprobar una ley especial autorizante».
«Sin querer imputar intenciones, nos parece importante llamar la atención sobre el hecho que muchos de quienes promueven hoy una acotada despenalización para casos especialísimos, adscriben también a la tesis, que no podemos compartir, según la cual la mujer tendría un derecho fundamental a decidir, dentro de las primeras 12, 16 o 20 semanas del embarazo, y sin expresión de causa, si ella desea abortar o no. Nos parece que una explicitación de las visiones ayudaría a tener, ahora ya, un debate sobre el fondo del problema», explica.
Y añade en el punto cuatro que «no nos parece adecuado hacer de la criminalización de las mujeres que enfrentan disyuntivas dramáticas el eje principal de una política de defensa de la vida de la persona que está por nacer. Pensamos, por lo demás, que la legislación vigente contempla una causal eximente de responsabilidad penal (número 11 del artículo 10 del Código Penal) que es suficiente para resolver la inmensa mayoría de las situaciones extremas sin la aplicación de pena penal a la mujer».
Finalmente, la misiva sostiene en el punto quinto que «la mejor manera de avanzar, en serio, en la compatibilización del derecho a la vida del no nacido y de los derechos de las mujeres supone el involucramiento activo y solidario del conjunto de la comunidad (familias, escuelas y asociaciones). Toca al Estado, por su parte, impulsar política públicas que apoyen a las madres en situación difícil y que faciliten la adopción de los niños no deseados».
