El “efecto búmeran” del acuerdo tributario en el movimiento estudiantil

Por estos días el movimiento estudiantil está comunicándose con cartas con el ministro de Educación. La idea de las autoridades es que los estudiantes se sumen al Plan de Participación que comenzará en los próximos días y que buscará recoger las opiniones ciudadanas de las distintas organizaciones vinculadas al mundo educativo. Allí, los actores del movimiento educacional cumplirían un rol clave, al darle piso político al diálogo impulsado por Nicolás Eyzaguirre. Por ello, el Mineduc le envió una carta el 1 de julio a la Mesa Ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, respondiendo a las exigencias de los universitarios para sentarse a conversar. Lo propio hizo la orgánica estudiantil esta semana, buscando arribar a un acuerdo que les permita incidir en los proyectos que el Ejecutivo envíe al Congreso.

Aunque nada está zanjado, en los pasillos universitarios se encendieron las alarmas luego de que el gobierno llegara a un acuerdo con la oposición en el Senado para legislar la Reforma Tributaria. Entre los estudiantes temen que la misma voluntad de consenso político en el Congreso se repita con la reforma educacional, dejándolos sin espacio para influir, y con el poder de negociación en las manos de la DC o la UDI, partidos con visiones más conservadoras y que, hasta el momento, han sido los principales opositores de las reformas en la arena política. El movimiento estudiantil le tiene tirria a la “parlamentarización” de la discusión.

“Si visualizamos el escenario político, no sería un buen paso reunirnos con el ministro… no están las condiciones. Vemos lo que pasó con la Reforma Tributaria”, plantea de entrada el presidente de los estudiantes de la Universidad de Santiago, Takuri Tapia. A lo que agrega: “Hay una nueva política de trabajo del gobierno, y en este nuevo escenario es probable que los proyectos que se envíen sean aprobados luego de negociarlos con ciertos sectores. Lo que pasó con la Reforma Tributaria, sumado al nombramiento de Andrés Palma como director ejecutivo de la reforma, habla mucho de quién va a dirigir el futuro de los proyectos de la reforma educacional. La tributaria tuvo un desenlace por el lado de la Nueva Mayoría que está acostumbrada a negociar con la derecha y a levantar los brazos”.

Como se ha repetido hasta el cansancio, los estudiantes desconfían de lo que vaya a hacer la coalición de gobierno. El fantasma del fin de la “revolución pingüina” del 2006, con la Presidenta Bachelet rodeada de los presidentes de partido de la derecha y la Concertación, unidos y levantando las manos, es algo que está reciente en la memoria de secundarios y universitarios. Es más, aquella imagen se convirtió hasta tal punto en el ícono de un momento político que se creía superado, que el martes, y mientras los senadores anunciaban junto al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que habían arribado a un acuerdo para modificar la reforma tributaria y luego aprobarla por amplia mayoría en la Cámara Alta, varios de ellos bromeaban diciendo: “No vayan a levantar los brazos” o “las manitos debajo de la mesa”.

[cita]La preocupación es transversal. Por lo mismo, algunos ponen en duda la participación de los estudiantes en la mesa de diálogo de Eyzaguirre. La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, dice que no están para avalar maquillajes al actual modelo educativo: “Hemos dicho en varias ocasiones que la participación en abstracto no sirve, y que la invitación inicial del gobierno ha sido a legitimar una reforma que ya está en marcha. Espacios ficticios, fotografías y momentos como los del 2006, no nos interesan. No queremos participar de la legitimación del modelo actual”, asegura con firmeza.[/cita]

Algunas horas después de que se firmara aquel acuerdo, y que diversos analistas y políticos anunciaran por la prensa que “ha revivido la política de los consensos”, los estudiantes salieron a manifestar su perplejidad. El presidente de los estudiantes de la Universidad Arturo Prat, Cristian Romero, señala que “es una mala señal para el movimiento estudiantil, entendiendo a que la Presidenta Bachelet dijo que este espíritu iba a prevalecer en las reformas que vienen. Es preocupante la vuelta de la política de los consensos, donde se deja fuera a los movimientos sociales”, asegura el dirigente universitario. Ante esto, indica que el actual gobierno “opta por llegar a acuerdos con la derecha”.

La preocupación es transversal. Por lo mismo, algunos ponen en duda la participación de los estudiantes en la mesa de diálogo de Eyzaguirre. La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, dice que no están para avalar maquillajes al actual modelo educativo: “Hemos dicho en varias ocasiones que la participación en abstracto no sirve, y que la invitación inicial del gobierno ha sido a legitimar una reforma que ya está en marcha. Espacios ficticios, fotografías y momentos como los del 2006, no nos interesan. No queremos participar de la legitimación del modelo actual”, asegura con firmeza.

Entre los secundarios el rechazo es igual de extendido. Incluso, entre los escolares que han defendido algunos puntos de la reforma educacional presentada por el gobierno –agrupados en la Cones–, critican lo sucedido en el Congreso. El coordinador nacional del grupo, Tomás Leighton, argumenta que “desde la Cones vemos con muy malos ojos que se mantenga una política antigua de la Concertación, donde la clase política egocéntricamente se mira el ombligo, y deciden entre ellos y no miran las demandas de la ciudadanía para tomar decisiones”.

Entre los secundarios de la ACES el rechazo es mayor. Su vocera, Lorenza Soto, indica que “no nos sorprende” lo ocurrido en el Senado, y que “no nos llama la atención que se vuelvan a repetir las mismas situaciones. En estos casos no se distingue entre Nueva Mayoría y Alianza, y tampoco se distingue entre Nueva Mayoría y Concertación. Hay desconfianza, sabemos que los planes que impulsa el gobierno, de comisiones y diálogos, son una pura pantalla, porque sabemos que al final las decisiones se toman entre los mismos de siempre”.

LOS PISOS MÍNIMOS

Cuando en junio el ministro Nicolás Eyzaguirre anunció su “plan de participación ciudadana”, la Confech solicitó una serie de requisitos para sentarse a conversar. Entre ellos, estaban: el retiro de los proyectos de ley relacionados con la reforma que el gobierno ya ha enviado al Congreso; que se asegure que el resultado del diálogo sea vinculante con lo que finalmente se haga; y la derogación del decreto DFL 2, que impide la organización estudiantil en las universidades privadas.

Mediante carta fechada el 1 de julio, el Mineduc respondió a las garantías solicitadas por los universitarios. En la misiva, la cartera señala que el plan “tiene como objeto generar un espacio de incidencia de los actores sociales en el proceso de reforma educacional que este gobierno impulsa”, y que “el compromiso del Gobierno es que los acuerdos alcanzados en dicha discusión se conviertan en los fundamentos y bases de los proyectos a ingresar”.

Al momento de enumerar las negativas en la respuesta de la autoridad a la solicitud estudiantil, se cuenta el rechazo a sacar del Congreso los proyectos ya ingresados a trámite, bajo el argumento de que ellos obedecen a un “compromiso programático previamente adquirido con la ciudadanía”. En todo caso, el Ministerio luego lanza una serie de definiciones que pretenden caer bien en la Confech, como que los estudiantes podrán participar de todas las mesas temáticas, y que estarán en libertad de presentar documentos que sirvan de insumos a la discusión “y que estos tengan la misma difusión que los documentos que presentará el Gobierno”, según se lee en la carta que recibió la Mesa Ejecutiva del órgano estudiantil.

Entre los dirigentes de los universitarios mencionan que en los próximos días podrían tener un “éxito concreto” respecto de una demanda que consideran histórica: la derogación del DFL 2. En el documento que les hizo llegar el Gobierno, se promete que “antes del inicio del proceso de participación informaremos los plazos que se emplearán para el envío de las propuestas legislativas que hagan posible la derogación de dichos artículos”.

En la sesión que tuvo la Confech el sábado 5 de julio en Valparaíso, los universitarios decidieron contestar carta con carta y pedir al Ministerio que se aclaren algunos puntos.

Melissa Sepúlveda, de la FECH, plantea que “ellos señalan que no pueden retirar los proyectos de ley porque tienen un compromiso con la ciudadanía, aseguran que el movimiento estudiantil puede incidir en esos proyectos. Nosotros preguntamos cómo podemos incidir, qué pasa si se consensúa en las comisiones que hay que terminar el lucro en todo el sistema, ¿qué se va a hacer en ese momento? ¿Se va a ingresar proyecto complementario, se va a retirar el que existe? No queda claro”.

Otra de las precisiones que los universitarios ya solicitaron a las autoridades es que se asegure el envío de un proyecto que derogue el DFL 2 durante la próxima semana. “Ellos dicen que antes del 21 de julio van a presentar los plazos para la derogación, pero nosotros pedimos que en ese plazo se presente un proyecto que lo asegure, que sería un proyecto simple”, manifiesta la presidenta de la FECH.

Entre los estudiantes de Educación Media señalan que también deberán definir en los próximos días si participar o no. Este sábado la ACES tendrá una asamblea nacional para discutir este punto, si bien Lorenza Soto señala que, aunque decidan asistir, para ellos no será una prioridad. “Creemos que el verdadero diálogo se da desde abajo, en las comunidades educativas. El planteamiento es demasiado institucional, desde una institucionalidad que no le ha dado nada al movimiento estudiantil. Además, ha habido muchos desalojos de colegios, problemas de platas en Copiapó, mucha represión. Con esos antecedentes no se puede hablar de una verdadera participación ciudadana”, argumenta la dirigenta estudiantil.