La trenza DC detrás de la corporación de colegios subvencionados

Convertida en la principal detractora de la reforma educacional, la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), a través de su presidente, Hernán Herrera, despliega sus argumentos in situ. Un día en Alto Hospicio, otro en Iquique, Los Andes y Quillota. “Me invitan o yo voy. Y tengo reuniones con sostenedores que quieren conocer el proyecto y se agrupan en torno a un colegio. En Los Andes había del orden de 60 hace un mes; en Quillota, en una charla que hizo  Ignacio Walker (presidente de la DC y senador por la V Cordillera) para explicar su posición, eran más de 60 sostenedores”, explica Herrera.

Desde que se conoció el proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección, la Conacep ha planteado que se pretende destruir la educación particular subvencionada y terminar con la libertad de enseñanza, porque si el Estado compra los colegios a los sostenedores que no quieran seguir en el rubro va a concentrar en sus manos la oferta educativa.

La Conacep, que reúne a 600 afiliados –100 más que el año pasado– que pagan cuotas mensuales de $80 por alumno y, en su mayoría, son colegios con fines de lucro, pone condiciones a cada punto del proyecto. Fin al lucro si hay retribución justa, a través del pago de un arriendo por parte del Estado, una remuneración para el sostenedor y su equipo y recursos suficientes para pagar a los docentes y costos administrativos. Fin al copago si se cumple la promesa de “peso a peso” hecha por la Presidenta, para que los colegios subvencionados y municipales reciban un aporte de hasta $84 mil mensuales, el tope actual del financiamiento compartido. Fin a la selección si se aplica a todos, incluidos los emblemáticos. Y la propiedad no se toca, los colegios siguen en poder de sus actuales dueños, sean sostenedores o sociedades de inversión ligadas a ellos.

La Conacep no está sola en su cruzada. Desde la presidencia de la DC, Ignacio Walker ha liderado la disidencia dentro de la Nueva Mayoría, sintonizando con las posturas del gremio. Defiende la provisión mixta –pública y privada– en la educación, la libertad de enseñanza y de los padres para poder elegir, y pide una retribución justa para que los sostenedores de colegios subvencionados puedan recuperar su inversión. Y rechaza sin matices que el Estado compre colegios, nunca pensó que el Ministerio de Educación iba a transformarse en un “gestor inmobiliario” –afirmó– y hace poco le puso la lápida a esta idea, asegurando que “descansa en paz”, lo que fue tomado como caballito de batalla por la oposición.

El partido es fuerte en la Conacep. Herrera y los anteriores presidentes de la corporación, Rodrigo Bosch y Walter Oliva, provienen de sus filas. Así como algunos integrantes del directorio, compuesto por nueve miembros, como Leonardo Giavio y Raúl Martínez.

Gutenberg Martínez es también muy cercano al gremio. Tiene a Oliva, a Bosch, a Víctor Aguilera y a Alejandro Hasbún –todos megasostenedores de colegios subvencionados– en el directorio de la Universidad Miguel de Cervantes, de la que es gestor y rector.

La casa de estudios y la Conacep compartieron por años la misma dirección: Mac Iver 370. La primera, entre los pisos 1 y 8; la segunda, en el 9. Y no fue mera coincidencia, porque los dueños del edificio de Mac Iver 370 son sociedades ligadas a los directores de la Universidad Miguel de Cervantes: Óscar Pizarro, Walter Oliva, Ernesto Corona, Gonzalo Torre Griggs, Edmundo Hermosilla y Víctor Aguilera. Así lo confirma Corona, presidente del directorio de la inmobiliaria, quien explica que el edificio tenía dos arrendatarios aparte de la universidad –la Conacep y el Ministerio de Transportes–, “pero la Universidad Miguel de Cervantes creció y nos pidió más espacio” y los otros dos se fueron. Hace casi dos años la Conacep se mudó a San Antonio 385.

[cita]La casa de estudios y la Conacep compartieron por años la misma dirección: Mac Iver 370. La primera, entre los pisos 1 y 8; la segunda, en el 9. Y no fue mera coincidencia, porque los dueños del edificio de Mac Iver 370 son sociedades ligadas a los directores de la Universidad Miguel de Cervantes: Óscar Pizarro, Walter Oliva, Ernesto Corona, Gonzalo Torre Griggs, Edmundo Hermosilla y Víctor Aguilera. Así lo confirma Corona, presidente del directorio de la inmobiliaria, quien explica que el edificio tenía dos arrendatarios aparte de la universidad –la Conacep y el Ministerio de Transportes–, “pero la Universidad Miguel de Cervantes creció y nos pidió más espacio” y los otros dos se fueron. Hace casi dos años la Conacep se mudó a San Antonio 385.[/cita]

Un arrendatario que no se ha movido y ocupa los dos últimos pisos, el 10 y 11, es la sociedad Defensa Jurídico Penal, cuyos socios originales, en 2004, eran la Miguel de Cervantes, Gonzalo Torre Griggs y Kleber Richard Juan Monlezun, en partes iguales. En 2005, se desató un escándalo cuando se supo que esta sociedad se había adjudicado el 48% de las causas licitadas por la Defensoría Pública en la Región Metropolitana. Eran 62 mil causas por las cuales el Estado pagó  $3.100 millones; la UDI acusó corrupción por sus vínculos con Soledad Alvear, impulsora de la reforma procesal penal como ministra de Justicia y esposa de Martínez. Y también por la cercanía de personeros que participaron en la licitación con Alvear, quien corría como presidenciable de la Concertación. El entonces ministro de Justicia, Luis Bates, negó cualquier anomalía, pero la Miguel de Cervantes se retiró del negocio. “Se salió hace, por lo menos, siete años”, asegura Corona, recién designado presidente de la Asociación Nacional de Televisión.

 “Con Walter hemos hecho una vida política juntos”

Poco antes del golpe, a los 15 años,  siendo alumno del Seminario San Rafael de Valparaíso, Hernán Herrera entró a militar a la DC. Fue presidente del provincial de Viña del Mar, dirigente de la juventud de la Quinta Región y jefe de la DC Universitaria de la U. de Valparaíso, donde estudió Ingeniería Comercial. 

Trabajó en todos los gobiernos de la Concertación después de iniciarse profesionalmente en el Citicorp, al que califica como “la mejor escuela” y cuyo gerente era Sebastián Piñera. Durante seis años fue jefe de la unidad de operaciones de la corredora de bolsa del banco.

En 1991, Edmundo Hermosilla (DC) lo invitó a integrarse a la Corfo. Cuenta que estuvo a cargo de las sanitarias cuatro años, fue presidente de la Empresa de Agua Potable de Antofagasta, director en la de Los Lagos, pasó un año como subgerente de todas las filiales de la Corfo y seis meses en la gerencia general de Esval, de donde salió en 1995, cuando el entonces Presidente Eduardo Frei le pidió la renuncia al directorio y a su principal ejecutivo a raíz del escándalo del colector. “Fuimos el fusible del problema”.

Se fue al sector privado, asesoró al Serviu en materias sanitarias, a las empresas de agua potable de la VI y la XI regiones, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y, en 2003, en el gobierno de Lagos, volvió al Estado como jefe de administración y finanzas de la Secretaría General de la Presidencia, con su camarada Francisco Huenchumilla a la cabeza. Permaneció en el cargo hasta 2011.

Regresó a las asesorías. Trabajó para empresarios evaluando proyectos. “Tenían que ver con el sector inmobiliario”, es todo lo que revela.

Políticamente, es un militante activo: fue apoderado de Aldo Cornejo en la elección interna de 2011 que disputó, sin éxito, con Ignacio Walker. Y representante eleccionario de Ximena Rincón que, en enero de 2013, venció a Claudio Orrego en las primarias presidenciales de la DC.  “Concurría a las reuniones de coordinación con el partido, con la contraparte. El proceso duró como cuatro meses”.

Cuenta que es amigo de Walter Oliva, sostenedor de siete colegios y presidente de la Conacep entre 2000 y 2006. “Hemos hecho vida política juntos durante mucho tiempo. Conozco muchísimo a Cornejo y a Gutenberg (Martínez) desde que la ‘Chol’ (Soledad Alvear) era presidenta del partido. Yo trabajaba políticamente con Soledad cuando fue candidata a las primarias (de la Concertación). Tengo cercanía con Jorge Pizarro, me llevo rebién con Ignacio Walker y Alberto Undurraga, los príncipes, y con Víctor Maldonado (secretario general de la DC). Con los chascones también. Al final, somos todos camaradas”.

A fines de 2012 –prosigue– lo contactó una empresa de selección de personal, uno de cuyos socios lo conocía de la época en que asesoraba a la Empresa de Agua Potable de la VI Región, porque la Conacep buscaba contratar un presidente que trabajara remuneradamente.

-¿Walter Oliva, sostenedor, ex presidente de la Conacep y amigo suyo, no incidió en su contratación?
-Tengo la impresión de que Walter no estaba metido en este proceso. Esto lo llevaba adelante el directorio. Si Rodrigo Bosch (el presidente de la Conacep anterior a Herrera) habló con Walter, no tengo idea.

-¿No le comentó Oliva que estaban buscando un presidente para la Conacep mientras trabajaban en la campaña de Ximena Rincón?
-No, fíjate. Esto puede parecer ridículo, pero eran como estancos separados. Nosotros estábamos preocupados de la campaña y nos dedicábamos a eso. Yo, además, seguía con mis asesorías.

Por estatutos el presidente de la Conacep se elige democráticamente, por lo que, tras reunirse con el directorio del gremio y ser escogido, se presentó en una lista junto con Alejandro Hasbún (independiente de derecha) en la vicepresidencia, Rodrigo Ketterer (PPD) en la secretaría general y otros siete directores, dos de ellos DC (Leonardo Giavio y Raúl Martínez Bernal). Todos, sostenedores.

En abril de 2013 Herrera asumió como el primer presidente externo y pagado de la Conacep. A un año y tres meses, con su estilo confrontacional, directo y bien alineado con los intereses del sector, reconoce que para el gobierno “podría ser súper complicado, todo el mundo sabe mi militancia, mi adhesión a la Nueva Mayoría”.

-Usted dijo que con el proyecto el gobierno quiere llenar el 40% de capacidad ociosa que hay en los colegios municipales. ¿Por qué tiene esa idea?
-Eso es lo que quieren. Hay gente importante en el PS que te dice en la privada ‘mientras ustedes existan la inequidad no se va a poder evitar, por lo tanto, tienen que morir’. Y cuando le dices ‘¿y la provisión mixta?’,  ‘sí, va a haber provisión mixta: fiscal y particular pagada’.

-¿Siente que su partido, representado por Ignacio Walker, ha estado a la altura de la discusión?
-Yo creo que la DC tiene una fuerte preocupación por que este proyecto no dañe la provisión mixta, diversa y de calidad ni tampoco a la clase media, que mayoritariamente tiene a sus hijos en colegios particulares subvencionados.

-Si el proyecto se aprueba los padres van a postular a sus hijos a los colegios que deseen, serán seleccionados por sorteo y no pagarán por la educación. ¿Cuál es el problema?
-Ponte tú que haces la lista de prioridades y se va a la tómbola y no quedas en ninguno. ¿Qué hace el sistema? Si vas a liberar a los padres del financiamiento compartido, ¿dónde crees que van a querer meter a sus niños? ¿En los colegios municipales? Si, aun pagando, el 54% de la matrícula la tiene nuestro sector, es obvio que todos van a querer estudiar en un colegio particular subvencionado. Los únicos que creen que la calidad es mejor en el mundo municipal son el ministro y sus asesores.

-La Conacep propone que la propiedad de los colegios quede en manos de sus actuales dueños. ¿Qué tendría entonces la corporación sin fines de lucro: la propiedad del nombre del colegio?
-La gestión, que es lo fundamental. Si fuese tan fácil armar un colegio, ¿por qué el gobierno en lugar de comprar colegios no arma colegios por todo Chile?

-¿Cuánto gana un sostenedor de un colegio con fines de lucro?
-La gran mayoría  tiene establecimientos de menos de 500 alumnos y gana menos de $1 millón al mes.

-De los 5.500 colegios subvencionados, ¿cuántos tienen 500 alumnos?
-Yo te diría que más del 70%. Pregúntale al Mineduc, que tiene todos los datos.

-La Conacep plantea que el Estado les pague un arriendo por los colegios. ¿Por cuánto tiempo sería?
-Hasta que sea necesario. Si el día de mañana la competencia de los establecimientos fiscales es tan potente que se llevan toda la matrícula de los particulares subvencionados, se acaban estos colegios.

-Si hay que esperar a que desaparezcan los colegios subvencionados, el arriendo duraría muchísimos años o podría ser eterno.
-Claro, es la propiedad de un tercero. Esta gente invirtió de acuerdo a las reglas del Estado. No del gobierno.