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Tras maratónico Comité Político La Moneda pone como plazo el 31 de diciembre para la Reforma Laboral La reunión se desarrolló en Cerro Castillo

Tras maratónico Comité Político La Moneda pone como plazo el 31 de diciembre para la Reforma Laboral

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Macarena Segovia
Por : Macarena Segovia Periodista El Mostrador
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El ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, anunció que la Ley Ricarte Soto, la agenda de seguridad, la elección directa de intendentes y un proyecto para mayor transferencia de atribuciones a los Gobiernos Regionales serán despachados antes del 31 de diciembre. En cambio, la Ley de Inclusión Escolar, el AVP, la despenalización del aborto y el proyecto que pone fin al binominal, se extenderán hasta enero.


Tras casi diez horas de trabajo, el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, salió a dar a conocer las resoluciones del Comité Político desarrollado en Cerro Castillo, en el cual participaron la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, y el de Hacienda, Alberto Arenas.

Uno de los anuncios fue que antes del 31 de diciembre será presentada al Parlamento la Agenda Laboral, la cual ha despertado una tensión constante con Hacienda, debido a la situación económica del país y, lo principal, que ha sido puesta a prueba por diversos sectores económicos del país, principalmente la CPC.

Ya en marzo, la ministra Javiera Blanco hizo el anuncio de que este año se sacaría adelante una Reforma Laboral que consideraría reuniones con representantes de todos los sectores, como la CPC, la Conapyme, la Unapyme, la CUT y las otras centrales de trabajadores, CAT y UNT.

Luego, en el mes de agosto, se hablaba de octubre como plazo para el envío del proyecto, que ya en esa fecha contaba con un preacuerdo entre la CUT y la cartera de Trabajo, pero en septiembre la ministra se negó a dar un plazo para el proyecto.

A finales de octubre se generó uno de los mayores puntos de inflexión, en un tránsito marcado por el diálogo fluido entre la cartera de la ministra Blanco y Bárbara Figueroa, timonel de la CUT. Durante un foro en la Universidad Adolfo Ibáñez, Blanco dijo que “ésta agenda laboral es buena para el país en el ámbito de los derechos colectivos, porque busca generar condiciones para la colaboración y el diálogo al interior de la empresa, conciliando objetivos de productividad, equidad y paz social”.

Agregó que “el principio de libertad sindical contempla la adhesión voluntaria de los trabajadores y tampoco podemos prohibir (en el marco constitucional) que los empleadores negocien con los trabajadores individualmente”. Clara señal a los sectores económicos, lo que generó una distancia con la CUT y una victoria para el ministro de Hacienda Alberto Arenas, quien había estado asegurando al sector privado que sería él quien maneje el proyecto de ley y que este será consensuado con los gremios empresariales.

Ya en noviembre había rumores de que la agenda laboral sería presentada posteriormente al envío de la Ley de Presupuesto, pero la ministra aclaró que «sólo la Presidenta podía determinar las fechas».

A pesar de los dichos en la prensa de esta mañana, que apuntaban a que la Reforma Laboral sería enviada al Parlamento en el mes de enero, debido a que es en ese mes cuando termina el año legislativo, finalmente hoy el ministro Elizalde anunció que se enviaría «antes del 31 de diciembre (…) va a ser un buen producto para el país, lo que nosotros estamos haciendo es estar cumpliendo con el compromiso programático», declaró a CNN.

Los otros anuncios

Los otros puntos de la agenda legislativa marcan una fuerte tendencia hacia el sector ciudadano y se dirigen a generar una mayor evaluación positiva de parte de ellos.

Antes del 31 de diciembre será presentada al Parlamento una serie de iniciativas, como la “Ley Ricarte Soto”, que establece un fondo de medicamentos de un alto costo; la agenda que busca mejorar los estándares de seguridad y enfrentar la delincuencia; la elección directa de intendentes por los ciudadanos, y la transferencia de competencias y atribuciones a los Gobiernos Regionales.

Por otra parte el proyecto de inclusión escolar debería ser despachado por el Parlamento en el mes de enero, “para continuar con la tramitación de las otras iniciativas que forman parte de esta reforma integral de la educación chilena”, aseveró.

De acuerdo a la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, será despachado antes del 31 de enero, al igual que el AVP, el Ministerio de la Mujer y el proyecto que pone fin al sistema binominal.

Finalmente, aclaró que: «El detalle específico del contenido de las iniciativas y de la Cámara por las que ingresen, así como la forma en la cual se va a llevar adelante este proceso legislativo, será dado a conocer cuando se presente la respectiva iniciativa”.

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