Para el abogado Eduardo Riquelme no se configura un delito tributario para quienes pidieron aportes de campaña y entregaron boletas falsas.
Eduardo Riquelme, abogado del ex diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, cuestionó al Ministerio Público en el marco de la solicitud de audiencia de formalización a políticos en el marco del caso Penta.
Al igual que lo dicho por Gabriel Zaliasnik, quien defiende al senador UDI Iván Moreira (UDI), estima que no se configura un delito tributario para quienes pidieron aportes de campaña y entregaron boletas falsas.
“Lo que ocurre acá es que las personas que solicitaron financiamiento electoral estaban pensando en que se estaba vulnerando la ley de financiamiento electoral, pero jamás se tuvo en mente que eso estaba siendo parte de un delito tributario cometido por un tercero. Estoy seguro que si se hubiera considerado esa posibilidad, nadie hubiera optado por esta vía de financiamiento”, sostuvo a La Tercera.
Agregando que “ellos sabían que se estaba cometiendo una irregularidad en la ley de financiamiento de las campañas, pero jamás se pensó que se estaba siendo parte de la comisión de un delito tributario de una tercera persona“.
Según Riquelme, Cardemil le aseguró que “siempre recibió aportes de Carlos Alberto Délano por la vía del Servel, y en este caso, no fue así».
“Lo que recibió Alberto Cardemil fue un llamado de Hugo Bravo, quien le señaló que el cupo del Servel estaba lleno y que lo más fácil para él, era que pudiera hacerle llegar dos boletas por hasta 10 millones de pesos. Mi representado comentó esta situación al interior de su comando y personas cercanas al comando ubicaron a estos dos abogados e hicieron llegar las boletas a Bravo. De vuelta se giraron los cheques y ese dinero ingresó a la campaña, no a la cuenta corriente del señor Cardemil”, indicó.
“Hemos reconocido que esos dineros iban para la campaña, pero de modo alguno sabíamos quiénes eran los facilitadores en un primer minuto, o sea, quiénes estaban extendiendo las boletas o facturas y mucho menos que esas boletas iban a ser usadas en Penta para la comisión de un delito tributario. Eso nunca se le pasó por la cabeza a nadie», acotó el abogado.
Respecto a los cuestionamientos al Ministerio Público, Riquelme afirmó que “no hay una explicación de por qué, distintas personas que pueden estar en la misma situación jurídica reciben un tratamiento diferenciado del Ministerio Público“.
“Nos parece bastante temerario que se pretenda la formalización sin la habilitación del SII. El Servicio ha señalado que no necesariamente en todos los casos estiman que hay mérito para iniciar una investigación tributaria, por criterios de reiteración, de montos y precedente”, sostuvo e incluso señaló que “ese afán de intentar de ir más allá de la que la letra de la ley señala expresamente, so pretexto de la gravedad de la situación, es algo que pone al Ministerio Público con una pretensión de actuar por los bordes de la ley», concluyó.
