Cynthia Ross Wiesner y Juan Silva Menares tenían un rol clave dentro del municipio para gestionar el cambio de uso de suelo.
La investigación que impulsa el fiscal de la región de O’Higgins, Luis Toledo, estableció que el gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda –querellado por el presunto delito de soborno en el marco del caso Caval– realizó en 2014 una serie de transferencias bancarias a las cuentas de los entonces funcionarios de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross Wiesner y Juan Silva Menares.
Ambos tenían un rol clave dentro del municipio para gestionar el cambio de uso de suelo, ella como arquitecta y él como director de Obras, consigna hoy La Tercera.
El antecedente es parte de la querella que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el pasado lunes, donde se establece que Díaz habría realizado 13 depósitos en las cuentas bancarias de Silva y Ross, por cerca de $ 40 millones en total.
En la acción legal se detalla que Díaz pagó $11,7 millones a Jorge Silva Menares, entre el 9 de junio de 2014 y el 19 de noviembre de ese año. En tanto, a Cynthia Ross le habría transferido cinco pagos por un total de $ 28,7 millones, entre el 1 de diciembre de 2014 y el 10 de abril del año pasado.
El CDE apunta a que los pagos efectuados por Díaz a Ross y Silva son un indicio de que existiría cohecho: «En el caso de la arquitecta se ha acreditado, por tanto, que dicha profesional pasó a tener el carácter de funcionario público desde el momento que fue contratada a honorarios por la I. Municipalidad de Machalí, para realizar las mismas gestiones por las cuales Juan Díaz antes ya le pagaba, pero ahora desde adentro de la municipalidad. En el contexto de esta irregular mezcla de funciones (tanto públicas como privadas), Cynthia Ross y Jorge Silva informaban periódicamente a Juan Díaz del avance en sus gestiones”.
Consultado por la querella presentada por el CDE, Mario Vargas, abogado de Cynthia Ross, sostuvo que “hay un error de análisis de información que evidencia la poca cercanía del CDE con los antecedentes de la investigación. Todos los pagos señalados en la querella fueron reconocidos por mi representada desde el inicio”.
«Cada transferencia está justificada, a modo de ejemplo, el pago de $ 1,4 millones y el de $ 19 millones fueron por trabajos realizados a la CCU. Esperamos que el CDE persiga la responsabilidad de los que realmente obtuvieron beneficios ilegítimos”, agregó.
Por su parte, Carlos Astorga, abogado de Díaz, aseguró que “todos los pagos están justificados. La señora Cynthia Ross desarrollaba proyectos con Juan Díaz desde 2008 y por eso efectuó muchos pagos. Al señor Silva Menares hizo el pago a una sociedad de su señora, en que prestaron un servicio en la VIII Región”.
