Si bien la titular del Juzgado de Letras de Colina, Elizabeth Reinoso, se declaró incompetente, sostuvo que hipotéticamente podrían darse dos tipos de delitos.
La titular del Juzgado de Letras de Colina, Elizabeth Reinoso, se declaró ayer incompetente y derivó la causa sobre la ‘colusión del confort’ al 34° Juzgado del Crimen de Santiago.
En su resolución, la jueza hizo referencia a los tipos penales que estima podrían configurase en este caso, que enfrenta a las empresas CMPC Tissue y SCA (ex Pisa).
“Para este tribunal los delitos que podrían hipotéticamente configurarse, por ahora y sin perjuicio (de) lo que arroje la investigación, son aquellos que describe y sanciona el artículo 285 y 292 y siguientes del Código Penal”, sostuvo en el documento.
Según consigna La Tercera, el articulado describe, en el primer caso, delitos asociados a la alteración “por medios fraudulentos” del precio natural de los productos. Y en el segundo, al título 10 del Código Penal, “de las asociaciones ilícitas”, en el que toda “asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe solo por el hecho de organizarse”.
Sin embargo, Reinoso finalmente se declaró incompetente para llevar adelante la causa. Según su versión, no pudo acreditar que el acuerdo entre ambas empresas se haya concretado en el restorant “Las Brisas de Chicureo”, en la comuna de Colina.
Cabe recordar que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fijó en ese lugar el inicio de la colusión.
En señaló en su resolución que ese principio de acuerdo entre el persecutor económico, Jorge Morel, de CMPC Tissue; y Gabriel Ruiz-Tagle, de SCA “no implica el inicio de ejecución de los tipos penales en referencia (285 y 292 del Código Penal)”.
«A lo sumo, en ese lugar pudo haberse concretado un plan delictual, el que se puso en obra, se dio inicio a la implementación y se monitoreó, en la comuna de Las Condes”, agregó.
La magistrado del Juzgado de Letras de Colina dijo que la colusión se concretó en un Cuartel de Bomberos, en Las Condes, por lo que le corresponde al 34° Juzgado del Crimen de Santiago indagar.
De acuerdo a la jueza, en ese lugar el testigo Arturo Celedón «recordó habérsele presentado al inculpado Gabriel Ruiz-Tagle a la salida de la Bomba, por el gerente Jorge Morel, lo que ratifica la circunstancia que en ese lugar (…) se reunieron con el claro propósito de poner en ejecución los acuerdos destinados a satisfacer sus intereses”.
