En el diario de los Edwards
El rector de la UDP y el presidente ejecutivo de la fundación Chile XXI –imputado por delito tributario– se enfrascaron en un apasionado debate respecto de la imparcialidad a la hora de juzgar y actuar, de las personas vinculadas al financiamiento irregular de la política y otros delitos de «cuello y corbata». Y, como casi siempre, el período marcado por el gobierno de facto que encabezó Pinochet salió al baile como prueba de blancura.
Todo comenzó cuando el rector de la UDP, Carlos Peña, escribió una columna titulada «Carlos Ominami versus Eliodoro Matte» y que fue publicada en El Mercurio, el 17 de enero. En ella se argumentaba que la situación de Ominami y Matte eran análogas, ya que ambos presidían un think tank (CEP/Chile XXI) y ambos estaban involucrados en conductas ilícitas. Por ende, si el primero renunció al CEP, el segundo debía hacer lo mismo en Chile XXI.
Peña centró su opinión en la imparcialidad para juzgar las actuaciones de las personas. Como es habitual habló de ella citando a autores clásicos. «En uno de los diálogos de Platón (…) Sócrates se muestra sorprendido de un hombre joven que denuncia a su propio padre de haber matado a un extraño. ¿Acaso los vínculos no importan?, pregunta Sócrates. No, en casos como este no importan, dice Eutifrón: hay que proceder contra quien cometió el delito aunque ‘viva en la misma casa y coma en la misma mesa'», ejemplifica el académico.
«Cuando, en cambio, los actos se juzgan atendiendo a los vínculos (cuando la derecha exculpa a Novoa, pero condena a Ominami y la izquierda condena a Novoa, pero exculpa a Ominami), las reglas se esfuman. Por eso, a pesar de que haya enunciados escritos y leyes formales (de las que en Chile sobran), una sociedad no tiene reglas allí donde sus miembros, sus políticos, la prensa, los intelectuales, no están dispuestos a obrar imparcialmente», concluye.
Ominami, a su vez, el domingo 24 de enero, cuestionó la tesis planteada por Peña, preguntándose cuál era el real motivo que había detrás de la columna escrita por el rector de la UDP: «¿Por qué igualar situaciones tan diferentes? Se puede entender que un ciudadano de a pie confunda la condición de imputado con la de culpable, pero es inaceptable en el caso de un abogado como él. La presunción de inocencia es un principio básico. ¿Por qué se la respeta a Matte y no me la aplica a mí? ¿Por qué amalgamar la naturaleza de los eventuales delitos, en consecuencia que uno tiene que ver con enriquecimiento patrimonial con un perjuicio de miles de millones de pesos a los consumidores, y la otra con financiamiento de campaña, con un perjuicio fiscal calculado por el SII que no me es en absoluto imputable y que difícilmente podría superar el 0,01% de la cifra anterior? Una vez más, detrás de la neutralidad se oculta la toma de partido».
«La imparcialidad no es un concepto absoluto y no se puede desligar de los contextos políticos y los valores morales. Peña sin embargo lo hace. A diferencia de él, fui enteramente parcial en el dilema entre dictadura y democracia, luché con todas mis fuerzas en contra de la primera, no guardé silencio y me enorgullezco por ello», concluyó.
Este lunes, Peña contraataca: «La respuesta de Carlos Ominami no está, desgraciadamente, a la altura de los transpirosos siete días que le tomó redactarla».
Y a continuación se empeña en desmontar los argumentos del ex senador.
«Las diferencias obran a favor de Matte y no de Ominami: Matte hasta ahora no ha sido imputado personalmente de cometer delito; Ominami será formalizado nada menos que por fraude al fisco. Siendo así, ¿cómo pretender que Matte hizo lo correcto al renunciar, pero que Ominami debe seguir en su cargo? Es verdad que Matte vive de sus empresas (una de las cuales timó a los consumidores) y que Ominami se financia en parte solicitando dádivas a ellas (y que alguna vez disfrazó con facturas); pero no creo que esa diferencia justifique abandonar la analogía. Por el contrario, ella sigue en pie», enfatizó Peña
Y sigue: «Carlos Ominami esgrime, además en su defensa, el principio de presunción de inocencia. Repite así un argumento que suele estar presente cada vez que se descubre a un miembro de su gremio en conductas ilícitas. Lo hizo Novoa en su momento, lo hace él ahora. Pero ocurre que la presunción de inocencia existe como defensa del ciudadano frente a la coacción estatal y no puede ser usada (menos por los políticos profesionales o los funcionarios públicos) como una inmunidad frente al escrutinio público o la opinión crítica de la prensa. Los políticos profesionales como Carlos Ominami (es decir, quienes viven para la política y además de ella) no pueden reclamar como único estándar para juzgar su comportamiento el de la ley penal», prosiguió.
Pero el abogado dedica un irónico comentario respecto del argumento de Ominami sobre su rol durante la dictadura de Pinochet:
«Carlos Ominami esgrime, en el último párrafo de su nota, su innegable oposición a la dictadura como la defensa final de su conducta. Es difícil, por supuesto, entender cómo la oposición a la dictadura podría justificar pedir y obtener, de manera ilícita, dineros de Julio Ponce que es lo que Ominami hizo», añade.
«Y en cualquier caso, y frente a ese argumento final de Carlos Ominami, no cabe más que preguntar: ¿hasta cuándo la opinión pública aceptará que se esgrima el papel jugado en la dictadura como una manera de justificar la conducta ilícita, evadir la responsabilidad y eludir los reproches? ¿Acaso haberse opuesto a la dictadura confiere una patente de corso para ejecutar cualquier conducta en los años que le siguieron?», concluye Peña.
