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Diputados PDG recurren a Contraloría por asesores presidenciales con “doble sueldo”
Parlamentarios del PDG solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse por eventuales incompatibilidades en asesores del Gobierno, acusando que existiría “una incompatibilidad evidente” y exigiendo aclarar el uso de recursos públicos.
Un nuevo flanco se abre para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que diputados del Partido de la Gente (PDG) recurrieran a la Contraloría General de la República para investigar a asesores presidenciales que estarían percibiendo remuneraciones simultáneas.
La acción fue presentada por los parlamentarios Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras, quienes solicitaron al órgano contralor pronunciarse sobre la legalidad de estas situaciones, en medio de cuestionamientos por eventuales incompatibilidades de funciones.
El requerimiento surge tras conocerse casos de asesores del Ejecutivo que mantienen cargos de elección popular —como concejales o consejeros regionales— mientras cumplen labores en el Gobierno, lo que, a juicio de los legisladores, podría vulnerar normas de probidad.
“El estándar de probidad no puede ser un eslogan de campaña que se olvida al llegar a La Moneda. Aquí hay una incompatibilidad de funciones evidente”, afirmó la diputada Tamara Ramírez, enfatizando que un asesor presidencial “debe tener dedicación exclusiva”.
En la misma línea, el diputado Fabián Ossandón advirtió que la situación podría constituir una falta grave. “Si no existió una instrucción expresa para que estos asesores renunciaran (…) estamos ante una falta grave a la probidad administrativa. No se puede estar en ambos lados, menos recibiendo recursos públicos de forma duplicada”, sostuvo.
Por su parte, Patricio Briones puso el foco en el cumplimiento efectivo de las funciones. “Queremos que la Contraloría aclare si estas personas han destinado toda su jornada laboral a las asesorías de gobierno (…) o si han descuidado sus funciones públicas”, señaló.
En tanto, la diputada Flor Contreras calificó el escenario como irregular y pidió establecer eventuales responsabilidades. “Necesitamos que la Contraloría determine (…) si corresponde el reintegro de dineros percibidos de forma incompatible”, indicó.
El oficio busca que el ente fiscalizador determine si existe una infracción normativa, especialmente en el contexto de una administración que ha planteado como eje la probidad y el correcto uso de los recursos públicos.
La controversia instala presión sobre el Ejecutivo, en un momento donde el discurso de “tolerancia cero” frente a privilegios estatales comienza a ser puesto a prueba por cuestionamientos desde el propio Congreso.
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