En diciembre se adjudicó 140 millones para el largometraje “Una mirada incendiada”
El escándalo que se levantó tras revelarse que el cuestionado administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, firmó una orden de compra en favor de Tatiana Gaviola para realizar una “memoria audiovisual” de la gestión de la Presidenta, reinstaló en el medio audiovisual la polémica por el presunto usufructo de una situación de privilegio en la asignación –en el mismo periodo– de fondos públicos por la documentalista de Bachelet.
La polémica surgida por el documental Memorias de una gestión presidencial, encargado a la realizadora Tatiana Gaviola –conocida hoy como la cineasta de la Presidenta– para elaborar un documento audiovisual con los principales hitos del segundo periodo de Michelle Bachelet, no solo ha provocado una crispación en el mundo político sino también en el artístico, por el posible usufructo de una situación de privilegio.
En el medio audiovisual, en donde obtener fondos públicos para algunos realizadores se convierte, a veces, en una tarea titánica, se cuestionan las coincidencias que llevaron a que, en menos de un año, Gaviola haya obtenido un contrato de honorarios de más de $3 millones mensuales como asesora presidencial, recibido una asignación directa para el documental de Bachelet de $40 millones y, simultáneamente, ganado el Fondart para un largometraje de ficción basado en la tragedia de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, por el que se adjudicó casi $140 millones.
Más allá de si el documental de Bachelet sea o no una estrategia de propaganda y marketing político, o si, por el contrario, responda al derecho de archivo que tienen los gobiernos para documentar su gestión, la designación sucesiva de fondos públicos no ha dejado de ser un foco de críticas, desde que en diciembre del año pasado el ministro del CNCA, Ernesto Ottone R., comunicara que entre los ganadores de Fondo de Fomento Audiovisual 2016 estaba Tatiana Gaviola, quien se adjudicó $139.406.973 para su proyecto La mirada incendiada.
Desde entonces el cuestionamiento nunca ha estado orientado a la calidad del proyecto de largometraje de Gaviola –que narra desde la ficción los pormenores del atentado que afectó a Quintana y Rojas en 1986 y que logró imponerse sobre otras interesantes propuestas, como Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández (Matar a un hombre), basada en la impunidad del caso de Martín Larraín, o Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano (Caluga o menta), que recreaba el mundo popular previo a la grandes protestas de 1984–, el punto del conflicto estriba en el posible aprovechamiento de una situación de privilegio –directa o directamente– debido a su amistad con la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, y a que, al momento de adjudicarse el fondo, Gaviola llevaba seis meses trabajando en La Moneda como asesora audiovisual de la Presidencia.
Fuentes oficiales del CNCA –en aquel momento– salieron rápidamente a defender la neutralidad del jurado del Fondart y aclarar que no existían causales de inhabilidad que la afectasen, ya que en las bases solo se le prohíbe postular a funcionarios activos del Consejo o a sus familiares, pero nada dice de otros funcionarios de Gobierno, aunque trabajen en la misma área.
[cita tipo=»destaque»]Fuentes audiovisuales cuestionan la coincidencia en la adjudicación de fondos de ambos proyectos. “Cuando se presentaron los antecedentes al Fondo Audiovisual, Gaviola ya llevaba al menos seis trabajando en el documental de la Presidenta. Cuesta creer que ello no haya incidido en la valoración de los jueces del Fondart, al menos de manera indirecta”, critican.[/cita]
La propia Gaviola dijo a El Mostrador que «suponer que mi trabajo en La Moneda tuvo algo que ver con la adjudicación del proyecto es descalificar la inteligencia del jurado, que es independiente y que está compuesto por 10 personas».
En la versión del Fondart 2015, la adjudicación de 180 millones de pesos por parte de CorpArtes, la institución cultural que depende del grupo económico de Álvaro Saieh, levantó también una serie de críticas, debido a que el responsable del proyecto había sido –en el periodo inmediatamente anterior– el jefe de Fomento del CNCA, el segundo cargo más importante de tal instancia. En esa oportunidad, la autoridad descartó que se haya usufructuado de una posición de privilegio y que la postulación no estaba sujeta a inhabilidad alguna.
Los recursos asignados, ahora, para el documental sobre Bachelet, por el cual la UDI realizó una presentación a la Contraloría, vuelven a generar polémica, ya que solo unos días después que el Fondart diera a conocer a los ganadores, el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, firmaba la orden de compra, vía trato directo, por $ 40 millones en favor de Tatiana Gaviola para realizar una “memoria audiovisual que testimoniara la gestión presidencial”.
Fuentes audiovisuales cuestionan la coincidencia en la adjudicación de fondos de ambos proyectos. “Cuando se presentaron los antecedentes al Fondo Audiovisual, Gaviola ya llevaba al menos seis trabajando en el documental de la Presidenta. Cuesta creer que ello no haya incidido en la valoración de los jueces del Fondart, al menos de manera indirecta”, critican.
Según La Tercera, el resultado final será un documental de una hora de duración, el que estará organizado en seis áreas temáticas: visión estratégica del país de la Presidenta de la República, principales reformas y el programa de gobierno, forma de liderazgo, forma de gobierno, relación con la ciudadanía y desarrollo del país.
Como se trata de una asignación de fondos para la primera parte del documental, en lo sucesivo La Moneda tendrá que destinar recursos adicionales para cubrir los costos de diseño gráfico, música original, montaje y posproducción.
