Argumenta que el ministro de Justicia es «víctima de sus propios actos»
El rector de la UDP cree que la situación de Campos es «reprochable», dado que en la página web del estudio de abogados en el que desenvolvía su trabajo, aparece y se presenta, con foto incluida, como socio del estudio. Además, agrega que «no basta con respetar la ley, puesto que los ciudadanos esperan de los funcionarios un comportamiento que satisfaga un umbral aún más exigente».
Tan pronto como se nombró al nuevo ministro de Justicia, Cristián Monckeberg denunció un conflicto de interés: «Es socio del estudio de abogados que hoy representa a la principal inculpada del desastre del padrón electoral».
Según Carlos Peña, desde un punto de vista «estrictamente técnico», no hay conflicto de interés, dado que Campos carece de injerencia en los órganos encargados de la investigación, y él mismo nunca representó a esa empresa. Para que hubiera conflicto -argumenta Peña- «sería necesario que el ministro tuviera a su cargo dos intereses contrapuestos, el de la empresa investigada y del órgano encargado de llevar adelante la investigación».
Sin embargo, según el rector de la UDP, «quienes ejercen funciones públicas deben ceñirse a un estándar de mayor exigencia que la meramente legal. Fue lo que se exigió una y otra vez a los funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera y al propio ex Presidente: que no bastaba respetar la ley, puesto que los ciudadanos esperan de los funcionarios un comportamiento que satisfaga un umbral aún más exigente. Y la imparcialidad obliga a que lo que se exigía a esos funcionarios se exija también a estos».
Detalla que la situación de Campos es «reprochable», dado que en la página web del estudio de abogados en el que desenvolvía su trabajo, aparece y se presenta, con foto incluida, como socio del estudio. «Quienes concurrían a él -incluida la empresa ahora investigada- debieron hacerlo en la confianza que contrataban con un estudio donde quienes se decían socios, incluido el ahora ministro, lo eran efectivamente», puntualizó.
Peña descarta la defensa de Campos (que la expresión «socio» solo se aplicaba a la propiedad del inmueble) y apunta a que «entre el ahora ministro y el resto de los abogados había una sociedad. Y ello -aunque no se tratara de una sociedad en sentido técnico o de una sociedad cuyo objeto fueran los servicios profesionales- indica una comunidad de intereses. Si no, ¿por qué se presentaban como socios? ¿Acaso es correcto presentarse como socio a la hora de ejercer la profesión y atraer clientes, y desconocer esa presentación a la hora de ejercer la función pública?».
Por último, Peña considera que el ministro es víctima de sus propios actos, al igual que el Gobierno, acusando que cometieron un severo error al nombrar a quien se presentaba públicamente como socio de quien asesora a la empresa que, luego del descalabro del registro electoral, está bajo escrutinio.
«Es increíble que (después de todos los tropiezos que ha padecido) el Gobierno haya nombrado a un ministro sin antes cerciorarse de cuáles eran los intereses con los que se relacionaba, dejando entregado ese tema a la simple autovigilancia del interesado, quien, más encima, cuando se le representa la situación creada por sus propios actos (de manera que Monckeberg no hace más que confrontarlo con la forma en que él mismo se presentaba) simplemente se refugia en la ley, desatendiendo cualquier otro estándar», sentencia el abogado.
