Más de sesenta asambleas autoconvocadas están en funcionamiento en universidades y colegios que buscan implantar una educación no sexista en el país, concepto complejo y bastante manoseado en las últimas semanas, desde que estallaron las primeras tomas. El Gobierno decidió que el jefe del Mineduc debe hacerse cargo de esta papa caliente, con anuncios como la tipificación del acoso entre profesores y estudiantes, una respuesta que no llena las expectativas ni las demandas de esta suerte de estallido social inorgánico, en el que ni siquiera la Confech es un interlocutor único con el cual negociar. [ACTUALIZADA: ver N de la R al final de la nota]
La nueva ola del movimiento feminista en universidades y colegios tiene mucho aroma a 2011. Los paros y tomas feministas autoconvocados han ido creciendo semana a semana y es un movimiento que va más allá de los casos puntuales de abuso y acoso sexual, por parte de académicos, que no encontraron respuesta en su momento en la actual institucionalidad. Una suerte de estallido que busca un cambio estructural, generar una educación no sexista, un concepto complejo que apunta a ser consensuado.
Una verdadera olla a presión que –reconocen desde los sectores más progresistas el oficialismo– el Gobierno ha pretendido manejar con intentos segregados y bastante poca coordinación, “desatendiendo lo complejo del conflicto”. Según la planificación de La Moneda, es el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien estaría a cargo del conflicto en los espacios estudiantiles, mientras que las otras disposiciones “más generales” serían vistas por su par de la cartera de Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, diseño un tanto “a ciegas”, ya que esta discusión impuesta por la movilización estudiantil feminista no es el espacio natural en el que se desenvuelve la derecha y que explicaría la razón por la que el Mineduc se demoró casi tres semanas en reaccionar.
La primera voz del Gobierno que salió con una respuesta ante los casos de acoso, que tuvo su origen en la Universidad Austral, fue Plá. «La movilización es una expresión del Chile moderno que no tolera discriminación y que exige equidad de género», declaró la ministra y llegó a decir que el país “exige con mayúscula equidad de género en todos los aspectos de la vida”.
Jugada que no habría nacido de una planificación desde el segundo piso de Palacio, ni de una coordinación con el Ministerio de Educación, sino como parte de la propia voluntad de la ministra, acorde a las materias de su cartera. En paralelo, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció la generación de un protocolo para los servicios públicos que medie en los conflictos y tenga también un enfoque en la prevención.
Arremetida de “protocolos” que ha sido la principal herramienta de la administración de Sebastián Piñera para afrontar el conflicto. Mientras se desarrollaba esta línea que apunta “más allá de lo estudiantil”, recalcaron desde el Ejecutivo, el ministro Varela tuvo algunas breves intervenciones y hasta aseguró que el Mineduc “está por una educación no sexista”, sin entrar en detalles.
Lo que predominó estas semanas desde el ministerio fue el silencio de la autoridad y fue evidente que inicialmente se apostó por “el desgaste” de la movilización y un punto que era crucial para controlar el estallido: que el conflicto se mantuviera al interior de las universidades, con la dicotomía entre estudiantes movilizadas y su contraparte, en este caso, los rectores.
Estrategia que se contraponía a la de las autoridades de las universidades en conflicto. Las tomas y casos de abuso se han concentrado en casas de estudio estatales, las que durante las últimas semanas se encontraban expectantes ante la elección de rector de la Universidad de Chile, la que fue ganada por Ennio Vivaldi. Ya aclarada esa incertidumbre, se dibujó una ruta clara: la resolución del conflicto debía ir más allá y, por ende, dejar la pelota en la cancha del Gobierno.
Eso, porque los amarres institucionales del sistema público han constituido una de las piedras de tope para resolver el conflicto, coinciden desde el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), porque es muy complejo desvincular a los profesores acusados por acoso, ya que dicha figura no se encuentra tipificada entre académicos y estudiantes en el sistema de educación superior.
Un día antes de la marcha por una educación no sexista –en la mañana del martes 15–, citada por las más de cuarenta asambleas autoconvocadas de estudiantes que se encuentran en paro y toma, el flamante rector Vivaldi llegó hasta las dependencias del Mineduc para reunirse con Varela. El anuncio pretendía ser de grandes magnitudes, el rector de la Universidad de Chile le solicitó al ministro que apurara la aprobación de la Ley de Universidades del Estado, la que tipifica el acoso sexual entre profesor y estudiante, a nivel de reglamento.
Solicitud a la cual accedió el ministro Varela, es más, habría pedido al ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, que apurara su promulgación. Además, el jefe del Mineduc anunció que mandatará el estudio para incluir esta tipificación para el sector privado, a través del DFL2 que rige al sistema de educación superior.
Estudio y modificación que podrían caer en manos de uno de los equipos más cuestionados del Mineduc, el área jurídica, encabezada José Tomás Henríquez, fundador de la ONG “Comunidad y Justicia”, reconocida como “anti-LGTB”.
Varela dijo que los acosos y abusos son un problema de “convivencia” que influye “en los resultados académicos y en la retención” en la educación superior. Y destacó que “hay que distinguir de aquello que es delito, que es más bien una cuestión de justicia criminal, con aquello que son conductas, que eso sí tiene que ver con lo que hacemos en la educación, desde el punto de vista preventivo, y evitar que esto ocurra”.
El ministro revivió un protocolo para los casos de abuso y acoso que había sido distribuido hace un tiempo en las universidades y puntualizó que están recopilando datos sobre los resultados de su aplicación, además de llevar un registro de los casos denunciados en las casas de estudios.
[cita tipo=»destaque»]Protestas que van más allá de los casos de acoso y abuso. “Esa es solo la punta del iceberg”, recalcó Javiera López, secretaria general de la Fech. No estaría muy equivocada, considerando que, a pesar de los protocolos anunciados por el Mineduc, el movimiento está llegando a las universidades privadas, donde ya se han convocado asambleas en la Adolfo Ibáñez –a pesar de que la federación está ligada a Evópoli–, en la Universidad Católica y hasta en la Universidad de Los Andes.[/cita]
Así, la cabeza del Mineduc dio una batería de propuestas para intentar finalizar el conflicto, las que fueron respaldadas por el rector Vivaldi, quien destacó que la Universidad de Chile ha hecho todo lo posible para resolver los conflictos internos.
La directora de la oficina de Género e Igualdad de la U. de Chile, Carmen Andrade, que también asistió al encuentro, manifestó que entiende las manifestaciones, “porque erradicar el acoso y la violencia sexual no es algo que se pueda hacer de un día para otro (…) hemos iniciado un proceso, pero claramente estamos lejos de poder decir que hemos erradicado el acoso”.
Eso sí, emplazó a las estudiantes a dialogar, “porque entendemos el fondo del reclamo, otra cosa es la forma. Suscribimos la necesidad de que avancemos a una educación no sexista, estamos en esa disposición en la universidad, pero el problema trasciende a la Universidad de Chile”.
El despliegue de las autoridades no generó mayor reacción al interior del movimiento feminista. Es más, al mismo tiempo que el ministro hacía su anuncio, con el fin de aminorar el efecto de la marcha de hoy, casi diez carreras se sumaron a las tomas y paros autoconvocados y el movimiento secundario reactivó su movilización, con las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal que llegaron hasta el frontis del Instituto Nacional y se lo tomaron, acción respaldada por sus pares del Liceo 1.
Protestas que van más allá de los casos de acoso y abuso. “Esa es solo la punta del iceberg”, recalcó Javiera López, secretaria general de la Fech. No estaría muy equivocada, considerando que, a pesar de los protocolos anunciados por el Mineduc, el movimiento está llegando a las universidades privadas, donde ya se han convocado asambleas en la Adolfo Ibáñez –a pesar de que la federación está ligada a Evópoli(*)–, en la Universidad Católica y hasta en la Universidad de Los Andes.
En movimiento desborda la orgánica estudiantil. Es más, no hay una direccionalidad o petitorio unificado, sino que hay más de cuarenta espacios que están desarrollando por sí mismos el futuro del movimiento. Ni siquiera la Confech coordina el movimiento a nivel nacional y los dirigentes hombres del espacio se han automarginado de las vocerías, dejando el lugar a las mujeres que pertenecen a las federaciones.
Sí existe un espacio en el cual confluye parte del movimiento Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu), que es uno de articulación de distintas secretarías de género a nivel nacional, las que comenzaron a masificarse en las universidades después que salieran a la luz los primeros casos de abuso y acoso en el año 2015. Ahí se cimentó un germen para varias dirigentas que no tienen una militancia política partidaria y que han hecho del feminismo su espacio de activismo.
Es justamente este nicho de mujeres el que comenzó a articularse en torno a las temáticas de género y que lidera las más de 40 asambleas que se desarrollan en las universidades, diversidad que hace más difícil para el Gobierno y la institucionalidad de las casas de estudio manejar sus demandas.
“El trabajo es más autoorganizado desde las bases, se aleja de un plano más vertical”, señaló la secretaria general de la Fech, una situación que recuerda a los primeros meses del 2011, cuando empezó a cuajar el movimiento estudiantil que tuvo en las cuerdas al primer Gobierno de Sebastián Piñera.
Entre las distintas demandas que se barajan en los petitorios está la idea de poner urgencia a la Ley de Violencia Integral, que lleva dos años durmiendo en el Congreso. Las secundarias apuntaron hacia la educación sexual en los colegios, a desmitificar la connotación negativa del sexo, la distribución libre de anticonceptivos en las escuelas y. de forma más transversal, a una educación no sexista, que genere un cambio profundo y estructural.
Demandas que no son resueltas con la apuesta de protocolos del Gobierno. Rosario Olivares, feminista y directora del Colegio Latinoamericano de Integración, reconoció que, por ejemplo, la tipificación del acoso entre profesores y estudiantes es positiva para la demanda, “pero en ningún caso es un tema que atañe el fondo, si bien habrá un orden punitivo, no significa que cambie la educación”.
Recalcó que el conflicto tiene un sustrato mucho más profundo, que busca “establecer una educación que salga de los márgenes del patriarcado y se desenvuelva de otra manera para hombres y mujeres”. La profesora de filosofía explicó que este nuevo sistema pasa por la educación desde la primera infancia y no solo por hacer que los colegios sean mixtos, ya que nada cambiará “mientras no se entienda el problema de fondo y transversal”.
Por otra parte, la vocera de la toma de Derecho de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, hizo hincapié en que las medidas anunciadas por el Mineduc son “insuficientes”, que solo con sanciones y protocolos no se resolverá el conflicto y exigió que haya participación de las asambleas de mujeres en la construcción de los acuerdos.
López, en tanto, afirmó que el problema es tan complejo que puede ser que la derecha conservadora intente cooptarlo y articular “un discurso bastante correcto”, como el de Isabel Plá, que finalmente no resuelva el conflicto. Y aún así no sería fácil su desarticulación, debido a la compleja falta de orgánica e institucionalidad.
(*) N de la R: en en el texto se escribió que la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibañez «está ligada a Evopoli». Desde dicha instancia informaron que están liderados por el presidente Nicolás Reyes Zerené y la vicepresidenta, Licán Martínez Rubio, ambos militantes de Revolución Democrática. El párrafo en cuestión no se refería a la dirigencia sino a vínculos de sus integrantes con la colectividad de ChileVamos.
