domingo, 15 de diciembre de 2019 Actualizado a las 11:24

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División de Conferencia Episcopal por indemnizaciones a víctimas se vuelve una "cruz" para la Iglesia católica

por 25 octubre, 2018

División de Conferencia Episcopal por indemnizaciones a víctimas se vuelve una
El tema se instaló con mayor fuerza desde la última visita del enviado papal a Chile, Charles Scicluna. Hay obispos que están empujando la idea de que la situación ya no da para más y que es necesario trazar un plan de reparaciones económicas para las víctimas, más allá del caso Karadima. El secretario general de la CECh, Fernando Ramos, también se une a las voces a favor de ese objetivo: "El principal interés de los obispos de Chile es que esta reparación sea integral", afirmó.
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Mientras la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve la demanda presentada por las víctimas de Fernando Karadima, en el seno de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) se ha instalado una soterrada pugna interna, dos fuerzas que chocan entre los obispos sobre la forma en que deben enfrentar la necesaria reparación a los que sufrieron abusos sexuales de sacerdotes. “¿Se van a sentar a negociar con las personas que fueron abusadas?”, comentan –ya hastiados y con la cabeza agarrada a dos manos– importantes personajes del clero.

Es que en este momento al interior de la CECh existe una clara división a la hora de hablar de indemnizaciones a las víctimas, que ha ido en aumento durante las últimas semanas. Por una parte, está el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati y su círculo más cercano, que quieren evitar desembolsar los 450 millones de pesos que piden de indemnización los tres sobrevivientes del ex párroco de El Bosque y, por otra, están los obispos, sacerdotes y miembros del clero que creen que una reparación monetaria es un paso obvio, porque sin esa compensación económica “no puede haber perdón ni reconocimiento de las atrocidades cometidas por algunos sacerdotes”.

La situación ya no da para más e incluso, en los últimos días, hay obispos que han comentado –a puertas cerradas– que si es necesario poner a la venta bienes, hay que hacerlo, pues la reparación económica es tan importante como pedir perdón o expulsar a los religiosos que han cometidos abusos y delitos.

Durante la jornada de ayer la Corte de Apelaciones de Santiago citó a las partes del caso Karadima a un acuerdo de conciliación para el 20 de noviembre, pero las tres víctimas del ex párroco de El Bosque –James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo– lo rechazaron de plano. No van a negociar con el Arzobispado de Santiago, porque eso significa no reconocer la magnitud de los delitos que sufrieron. Y ese argumento es lo mismo que entiende una parte de los obispos, que está de acuerdo con pagar reparaciones económicas.

Es lo mismo que piensan sacerdotes que han vivido de cerca los hechos que se han descrito en los últimos años, como Eugenio de la Fuente, sobreviviente de abuso de conciencia del propio Karadima, testigo en el caso y quien cree que ya no se puede seguir alargando un proceso que es casi obvio. Sobre todo en el de las tres víctimas de Karadima que presentaron una demanda: “Es de absoluta justicia que se indemnice. Dentro de todo el proceso que significó la investigación de Karadima, José Andrés, Juan Carlos y Jimmy, hay una serie de irregularidades que son enormes y dentro de esas irregularidades hay muchas negligencias, muchas de ellas incluso podrían ser consideradas encubrimientos, son muchas.  Y si a eso se agrega la carta que se conoció hace poco... Me parece que es injusto buscar conciliaciones. Lo que hoy es justo es que se indemnice a las víctimas y, siendo más justos, se debería indemnizar a mucha más gente que sufrió”, señaló.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, afirmó que, tal como señalaron en una declaración del 3 de agosto pasado –al finalizar la última asamblea plenaria–, “considerando que el reconocimiento, la verdad y la justicia son siempre los primeros pasos hacia la reparación, nos comprometemos con la ayuda del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, a buscar criterios comunes en los procesos de reparación hacia las víctimas de abuso”. Ramos es claro y cree que sí debe haber indemnizaciones económicas: “El principal interés de los obispos de Chile es que esta reparación sea integral", comentó a El Mostrador vía e-mail.

Es lo mismo que piensan sacerdotes que han vivido de cerca los hechos que se han descrito en los últimos años, como Eugenio de la Fuente, sobreviviente de abuso de conciencia del propio Karadima, testigo en el caso y quien cree que ya no se puede seguir alargando un proceso que es casi obvio. Sobre todo en el de las tres víctimas de Karadima que presentaron una demanda: “Es de absoluta justicia que se indemnice. Dentro de todo el proceso que significó la investigación de Karadima, José Andrés, Juan Carlos y Jimmy, hay una serie de irregularidades que son enormes y dentro de esas irregularidades hay muchas negligencias, muchas de ellas incluso podrían ser consideradas encubrimientos, son muchas.  Y si a eso se agrega la carta que se conoció hace poco... Me parece que es injusto buscar conciliaciones. Lo que hoy es justo es que se indemnice a las víctimas y, siendo más justos, se debería indemnizar a mucha más gente que sufrió”, señaló.

Las palabras del sacerdote apuntan justamente a la molestia que hoy ronda entre varios obispos: la necesidad de sentarse, de una vez por todas, a hablar de reparaciones económicas y más allá del caso puntual de Karadima que ve la Corte de Apelaciones en estos momentos.

Eugenio de la Fuente también habla por los católicos que presencian la escena en tribunales: "Es tremendamente triste y escandaloso ver a la Iglesia de Santiago trenzada en un juicio que la misma institución ha dañado brutalmente por su negligencia. Produce un dolor enorme en los fieles".

Ni conciliación ni perdón

La búsqueda de reparaciones económicas es una idea que planteó con fuerza Charles Scicluna, uno de los enviados del Papa en su última visita a Chile. Entonces ya era imposible soslayar la verdad: la Iglesia católica chilena se había convertido en una de las más oscuras de Latinoamérica, habían ocultado abusos, construido una élite clerical y un sistema propio de sanciones y enroques en favor del encubrimiento.

Es por ello que el tema se conversa con más “libertad” lo más lejos posible de Plaza de Armas 444, lugar donde están las oficinas del Arzobispado de Santiago. Es por ello, también, que algunos sacerdotes y obispos se han atrevido a hablar del tema con más soltura. “Lo dijo el mismo Scicluna, o sea, es también un deseo del Papa”, plantearon al interior de la institución.

En junio de este año, ese deseo fue más claro que nunca, cuando durante una rueda de prensa en la que estaban Scicluna y Jordi Bertomeu, El Mostrador le preguntó al vocero de la llamada “Misión Osorno”, Cristián Amaya, cómo la Iglesia pensaba enfrentar las posibles acciones civiles que eventualmente se vendrían encima. "Si hay que pagar indemnizaciones, se hará. Vamos a prestar toda la ayuda necesaria para esclarecer si hay delitos", dijo en ese momento, deslizando lo que podría ser una verdadera batalla dentro del clero.

De la Fuente cree que tras todo lo que ha ocurrido, después de la invitación del Papa a los obispos a Roma y dejar explícito que hay una cultura de abusos y encubrimiento, “es la hora de empezar a establecer un sistema de indemnizaciones. Las víctimas han tenido que pagar cantidades millonarias en remedios, terapias… los que han logrado hacerlo. El costo personal y económico del abuso es enorme y eso tiene que ser indemnizado. En países como Estados Unidos, Irlanda y Australia, son miles de millones los que se han comenzado a pagar y aquí en Chile pareciera ser que lo único que ocurre es un permanente defenderse y no ayudar a las personas que fueron dañadas en ambientes eclesiásticos”.

Es por todo esto que hay quienes, al interior de la Iglesia, creen que es hora de trazar un plan de venta de bienes que permita responder pecuniariamente ante las víctimas. En agosto pasado, el Arzobispado de Santiago vendió en $30 millones de dólares un paño ubicado en Lira con Santa Isabel. Entonces, la institución explicó que era para la nueva casa del clero, pero las presiones al interior de la Conferencia Episcopal empujan cada vez con más fuerza a que este tipo de negocios vayan a reparar, económicamente, el dolor de las víctimas.

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