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Aborto en 3 causales: Gobierno no defiende su reglamento impugnado por Chile Vamos en alegatos ante el TC

por 6 diciembre, 2018

Aborto en 3 causales: Gobierno no defiende su reglamento impugnado por Chile Vamos en alegatos ante el TC

Crédito: Agencia UNO

“Nosotros defendemos la toma de razón porque quien tiene que estar sentado acá defendiendo la constitucionalidad del reglamento es el autor del reglamento, que es el Gobierno”, indicó Camilo Mirosevic, el abogado de la Contraloría en los alegatos ante el Tribunal Constitucional por el requerimiento de parlamentarios oficialistas en materia de objeción de conciencia. El Gobierno sólo se limitó a comentar el trámite desde La Moneda, donde la ministra vocera Cecilia Pérez señaló que “somos un gobierno que ha valorizado el valor y la virtud de la República, y eso significa respetar las instituciones que existen en nuestro país, por lo tanto vamos a esperar cuál es la decisión final del TC para cumplir con esa resolución”. A las 16:00, los 10 ministros del TC se reunirán para deliberar sobre este recurso [ACTUALIZADA]
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Sin presencia de abogados representantes del Gobierno se desarrollan esta jornada en el Tribunal Constitucional (TC), los alegatos por el requerimiento que presentaron los parlamentarios de Chile Vamos que buscan declarar inconstitucional el reglamento del Ministerio de Salud que regula la objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales.

A las 16:00, los 10 ministros del TC se reunirán para deliberar sobre este recurso.

Esta ausencia del Gobierno fue hecha notar por Camilo Mirosevic, el abogado de la Contraloría, organismo que validó el reglamento emitido por el Ejecutivo. “Nosotros defendemos la toma de razón, porque quien tiene que estar sentado acá defendiendo la constitucionalidad del reglamento es el autor del reglamento, que es el Gobierno”, indicó.

"Si el Presidente y los ministros de Estado tenían la convicción absoluta de que este reglamento era inconstitucional, ellos no lo deberían haber suscrito", agregó.

El Gobierno sólo se limitó a comentar los alegatos desde La Moneda. Ante una consulta al respecto, la ministra vocera Cecilia Pérez señaló que “somos un gobierno que está comprometido con los chilenos, somos un gobierno que ha valorizado el valor y la virtud de la República, y eso significa respetar las instituciones que existen en nuestro país, por lo tanto vamos a esperar cuál es la decisión final del TC para cumplir con esa resolución que es lo que corresponde a un gobierno democrático”.

La prescindencia del Gobierno en este tema ha sido blanco de críticas desde la oposición, dado que cuando fue requerido por el TC para dar explicaciones al respecto se limitó a decir que el tribunal debe fallar en su mérito, una explicación similar a la entregada esta jornada por la portavoz.

"Lo que está en juego es la noción de servicio público"

El reglamento que está en discusión establece que se prohíbe ser objetores de conciencia a todos los establecimientos privados de salud con convenios de prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón. Según los parlamentarios de Chile Vamos, esta disposición vulnera el derecho fundamental de objeción de conciencia, junto con la autonomía de los cuerpos intermedios y el derecho de asociación.

Sin embargo, en su exposición, el abogado de la Contraloría refutó la argumentación de los requirentes, señalando que "no está en juego la autonomía de los cuerpos intermedios, ni la libertad de asociación, aquí lo que está en juego es la noción de servicio público".

En representación de Chile Vamos, el abogado Jorge Barrera –uno de los profesionales que alega junto a Constanza Hube por el oficialismo- insistió en que el reglamento sería contrario a la Constitución. Mientras, uno de los presentes, el diputado UDI Javier Macaya, candidato a la presidencia del gremialismo, defendió el recurso, señalando que “no nos parece que por el hecho de que el Estado esté poniendo recursos, para la solución de ciertos problemas públicos a entes privados, le cambia las reglas del juego pasando por encima de normas constitucionales. Eso es lo que está en juego hoy”.

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