Los funcionarios entregaron al Fiscal Nacional una serie de denuncias contra el fiscal regional metropolitano occidente por “faltas graves a la probidad administrativa, prácticas antisindicales, discriminación de género y omisiones en las investigaciones relacionadas con prácticas de nepotismo”, pero a la fecha no han recibido respuesta.
La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) acusó un “doble estándar” en el tratamiento que el Fiscal Nacional Jorge Abott otorga a las denuncias que pesan sobre los fiscales regionales y exigió tramitar los requerimientos contra el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf.
La federación afirma que hace meses se puso en conocimiento de la autoridad nacional el caso de Pérez Calaf, sobre quien recaen una serie de denuncias relacionadas “con faltas graves a la probidad administrativa, prácticas antisindicales, discriminación de género y omisiones en las investigaciones relacionadas con prácticas de nepotismo”.
Sin embargo, señala la Fenamip, “a la fecha desconocemos que se haya iniciado alguna indagatoria dentro del Ministerio Público. Todas estas situaciones han quedado sin sanción y en algunos casos, se evidencia la clara negativa a investigar las mismas, lo que consideramos un claro abandono de sus funciones».
Según señala Fabio Trujillo, presidente de Fenamip, “el no acoger las denuncias de las asociaciones, evidencia una desigualdad en el trato y una desvalorización del rol sindical».
De acuerdo a la organización, la actual situación de autonomía que detenta el Ministerio Público provoca además “que las denuncias realizadas por los dirigentes de la institución, tengan menos valor que una efectuada por un fiscal adjunto, como es el caso del denominado «Desastre de Rancagua»”.
En la actualidad, recuerda la entidad, es el Fiscal Nacional quien decide desestimar el inicio de una investigación administrativa contra un fiscal regional, sin importar la naturaleza ni la gravedad de los hechos denunciados.
Por ello, los trabajadores hacen un llamado urgente al Gobierno, para que exista una regulación en esta materia y ratifican la necesidad de contar con un mecanismo de control externo para el Ministerio Público, cuya fiscalización garantice una investigación objetiva, ante las denuncias realizadas por miembros de la propia organización.
Sin embargo, esta petición ha sido realizada por los trabajadores de la entidad, incluso al ministro de Justicia, Hernán Larraín, pero a la fecha no han recibido una respuesta clara y definitiva, aseguran.