PAÍS
Organizaciones ciudadanas consideraron que «seguir otorgando la poca agua que queda como derechos de aprovechamiento indefinidos o a perpetuidad, es infringir un daño al país y a la sociedad, esto porque Chile es un país que ante el cambio climático se encuentra un grave proceso de desertificación y grave sequía, y requiere con urgencia flexibilizar la gestión del agua para enfrentar la inseguridad hídrica».
Tras 9 años de tramitación de la Reforma al Código de Aguas, este 29 de enero se vivirá la última votación en la Comisión de Agricultura, la que ha sido aplazada en dos ocasiones.
En ese sentido, organizaciones ciudadanas consideraron que «seguir otorgando la poca agua que queda como derechos de aprovechamiento indefinidos o a perpetuidad, es infringir un daño al país y a la sociedad, esto porque Chile es un país que ante el cambio climático se encuentra un grave proceso de desertificación y grave sequía, y requiere con urgencia flexibilizar la gestión del agua para enfrentar la inseguridad hídrica».
Al respecto, Gloria Alvarado, presidenta de FENAPRU, sentenció que «es esencial que se termine la votación de la reforma al Código de Aguas, principalmente por el derecho humano al agua y la priorización de sus usos, como también por las normas que velan por el funcionamiento de las APR».
En tanto, Andrés Gutiérrez, director ejecutivo de Fundación Newenko, manifestó que «urge contar con la modificación al Código ya que considera normas que establecen la prioridad del agua para la vida y velan por las sus funciones ecosistémicas, siendo un elemento de gran valor a la hora de enfrentar la mega sequía que enfrenta el país por más de 10 años».
Otra de las organizaciones que ha seguido de cerca la tramitación de la Reforma al Código de Aguas es la FENATRAOS, presidida por Hugo Maturana, quien argumentó que «ante el posible racionamiento de agua potable en tres regiones del país, de continuar las condiciones climáticas de 2019, consideramos una irresponsabilidad que se pretenda mantener el actual régimen de asignación y gestión de las aguas que ha permitido la sobreexplotación y acaparamiento de derechos de agua».
Chile Sustentable por su parte, a través de su directora ejecutiva Sara Larraín, manifestó que «el agua nunca debió privatizarse. Esta reforma avanzo en corregir la distorsión del Código de 1981 que asigno a algunos privados propiedad perpetua sobre las aguas que son bienes públicos. Esto debe corregirse en el otorgamiento de nuevos derechos que deben ser otorgados solo como concesiones temporales, como ocurre con todos los bienes públicos, y que se renovaran considerando prioridades de uso humano, preservación ecosistémica y disponibilidad. Los otorgamientos de derechos perpetuos del pasado deben resolverse vía constitucional».
Finalmente, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, señaló que «la modificación del Código de Aguas, en el sentido de reforzar su calidad de bien nacional de uso público y proteger a las personas y los ecosistemas es urgente, es un pequeño avance mínimo, que deberá reforzarse con la nueva constitución y cambios futuros, pero que tiene que avanzar ahora también».
La grave crisis hídrica que enfrenta el país, sumada a la sequía que se acarrea por más de 10 años, se ha visto agravada por los niveles críticos de al menos 10 embalses y lagunas entre las regiones de Atacama y el Maule que están a menos del 40 por ciento de su capacidad de acuerdo al último informe de la Dirección General de Aguas, por lo que no se descarta racionamiento de agua potable desde abril, en la región de Coquimbo, de Valparaíso y Metropolitana.
La votación que había sido programada para el martes 28 de enero, se suspendió, y fue convocada nuevamente para hoy miércoles 29 de enero a las 18:00 y se espera terminar de votar la reforma en la Comisión de Agricultura del Senado.
