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Las sentencias del máximo tribunal ponen “en entredicho la aplicación de la ley Aula Segura”, sostiene Javier Pineda, abogado defensor de los menores. Según el profesional, “el Gobierno vendió mediáticamente la idea de que los directores podían expulsar a quienes se les diera la gana y estos se aprovecharon de dicho ofrecimiento por parte de la autoridad y comenzaron a expulsar principalmente a estudiantes, que desarrollaban alguna acción de dirección política, ocupando Aula Segura”.
A días del inicio del año escolar 2020, la Corte Suprema emitió sendas resoluciones que ponen en entredicho a Aula Segura, una de las leyes emblemáticas de la era de Marcela Cubillos al mando del ministerio de Educación.
El máximo tribunal falló a favor de dos estudiantes de la comuna de Santiago, uno del Instituto Nacional y otro del Internado Nacional Barros Arana, quienes fueron expulsados de sus establecimientos acusados de arrojar objetos contundentes a Carabineros y portar material incendiario.
De acuerdo a las resoluciones, los menores I.P.C. y P.S.O., los días 5 de agosto y 17 de junio de 2019, respectivamente, se encontraban observando barricadas cerca de la entrada de sus colegios. Ambas manifestaciones estaban siendo reprimidas por Carabineros, quienes ingresaron a los establecimientos obligando a todos los alumnos a correr hacia el interior de los edificios. Allí fue cuando ambos estudiantes fueron detenidos y sindicados como los responsables de lanzar objetos contundentes a los funcionarios.
Javier Pineda, abogado defensor de los estudiantes, explicó que los jóvenes no fueron formalizados por la comisión de los delitos que se le imputaron y que la autoridad escolar pretendió suplantar la actividad propia de los Tribunales de Justicia: “En ambos casos no se cumple con los requisitos mínimos del debido proceso, toda vez que no se realizaron las verificaciones mínimas de las acusaciones. Además, una atenuante importante es que en algunos casos se les atribuía la comisión de algún delito, como el porte de artefactos explosivos, y esa cuestión en ningún momento se acreditó”, señala.
Por otro lado, el defensor lanzó todos sus dardos en contra de la ley promovida desde el Mineduc. “Las sentencias claramente ponen en entredicho la aplicación de la ley de Aula Segura, en la cual el Gobierno vendió mediáticamente de que los directores podían expulsar a quienes se les diera la gana y estos se aprovecharon de dicho ofrecimiento por parte de la autoridad y comenzaron a expulsar principalmente a estudiantes que desarrollaban alguna acción de dirección política, ocupando Aula Segura”, dice.
En términos del cumplimiento de las sentencias judiciales, los jóvenes tienen el derecho a volver a matricularse en sus establecimientos educacionales y retomar a sus estudios. Eso implicaría hacerlo actualmente para el primer día de clases. Estos fallos ya se encuentran ratificados por la Corte Suprema, así es que ya no queda ninguna instancia en la que el municipio de Santiago pueda alegar de alguna forma.
