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Crédito: Agencia UNO
E ministerio Secretaría General de la Presidencia emitió una declaración en la que señala que el contenido de la moción despachada a ley hoy por el Senado “podría constituir infracciones a las normas constitucionales” y por lo tanto “se encuentra resolviendo los cursos de acción”. El proyecto establece que no se podrá cortar el suministro por mora, posterga el pago de cuentas en ciertos casos, fija un plan especial de internet gratis por tres meses para los estudiantes que estén dentro del 60% de vulnerabilidad y determina la implementación de un plan solidario de telecomunicaciones, entre otros.
Lista para su promulgación quedó la prohibición de corte de servicios básicos, luego de su despacho en el Senado. Sin embargo, todo indica que la normativa deberá esperar porque el Gobierno advirtió que podría recurrir al Tribunal Constitucional.
“El contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales. En consecuencia, el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción”, señaló una declaración del ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Durante esta jornada, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta y despachó la ley con 28 votos a favor y 10 abstenciones, todos de Chile Vamos: Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Enna von Baer (UDI), Luz Ebensperger (UDI), Iván Morerira (UDI), Víctor Pérez (UDI), Kenneth Pugh (independiente) y Carmen Gloria Aravena (independiente). Mientras que entre los legisladores oficialistas a favor del proyecto están Manuel José Ossandón (RN) Juan Castro (RN), Francisco Chahuán (RN) y David Sandoval (UDI).
La ley establece que durante la pandemia las empresas proveedoras de servicios básicos como agua potable, electricidad y gas, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a clientes. Esto aplica para todas las personas, sin necesidad de porcentaje de vulnerabilidad
Asimismo, las deudas contraídas entre el 18 de marzo pasado y los 90 días de plazo tras la publicación de la iniciativa, podrán ser pagadas en 12 cuotas, y las empresas se verán imposibilitadas de cobrar multas, ni intereses.
Esta posibilidad de prorrateo es para quienes cumplan con requisitos como pertenecer al 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo; quienes han suspendido su relación laboral; los adultos mayores; y los trabajadores independientes o informales que acrediten una disminución significativa de sus ingresos. El prorrateo será sin multas, sin intereses, ni gastos asociados.
La ley además establece que quienes tengan cortados los suministros de servicios básicos, deberán reponérselos sin cobro, y las empresas no podrán aumentar las tarifas de agua, luz y gas indicando esta ley.
Asimismo, la norma fija un plan especial de internet gratis por tres meses para los estudiantes que estén dentro del 60% de vulnerabilidad; y determina la implementación de un plan solidario telecomunicaciones.
Para el Gobierno además de los vicios de constitucionalidad, la moción también es innecesaria, porque aborda “materias que ya se habían abordado el 27 marzo pasado junto a las empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del Covid-19”, señala la declaración del ministerio que encabeza Claudio Alvarado.
Sin embargo, desde la oposición salieron de inmediato a refutar al Ejecutivo. “Creo y es necesario que el Gobierno y el Ministerio con sus Superintendencias respectivas garanticen la ejecución de esta ley», dijo la diputada y Vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, autora de la moción.
En tanto, el diputado DC Gabriel Ascencio acusó que “la defensa del Gobierno a las empresas es obscena. En este comunicado nos señalan que obligar por ley a que las empresas no corten servicios básicos a quienes no puedan pagar es inconstitucional. Esto es una nueva falta de respeto al Congreso que aprobó esto por amplia mayoría”.
Por su parte, la diputada PS Maya Fernández remarcó que “el Congreso aprobó y despachó proyecto de ley que suspende cobro de servicios básicos, ahora le toca al Presidente promulgar la ley pero en lugar de eso el Gobierno cuestiona proyecto que busca darle alivio a las familias que más lo necesitan, es la hora de pensar en la gente”.
A su turno, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, planteó que “son muchas las familias que lo están pasando realmente mal, por eso exigimos al Gobierno promulgar con celeridad este proyecto de tal manera de generar un alivio a las familias ante esta situación tan dramática que estamos viviendo. Parece que el Gobierno no tienen conciencia de los que está pasando y recurre a excusas jurídicas carentes de fundamento”.
Para su colega de la DC, Ximena Rincón, la actitud del Ejecutivo “no se entiende nada”, y ligó este hecho con el acuerdo nacional que impulsa en la mesa encabezada por el ministro de Hacienda Ignacio Briones. “No es así Presidente como se construyen acuerdos, necesitamos un nuevo trato, es la hora de mostrar un cambio de verdad”, dijo.
