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La notificación del Ministerio Público al Minsal se produce en una semana difícil para el Gobierno, que se ha visto obligado a dar explicaciones a diario por los constantes cambios de metodología en el conteo de fallecidos y contagiados. Desde la Fiscalía enviaron un oficio, argumentando que “se han advertido dificultades en la certificación de la muerte que deben efectuar los Servicios de Salud en contexto de enfermedad, tratándose de fallecimientos domiciliarios”. En el balance diario del COVID, el Minsal asumió que es un procedimiento que “debe mejorar” y por eso se instruyó “a los servicios de salud para que designen a una persona que pueda facilitar el proceso o coordinar con Fiscalía o con el Servicio Médico Legal” , dijo el subsecretario Arturo Zúñiga.
En medio de la semana más compleja para el Gobierno en manejo de la pandemia, en esta jornada se abrió otro flanco para el Minsal, luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, solicitó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, reiterar a los establecimientos de salud del país la emisión oportuna de certificados médicos de defunción en los casos de COVID-19.
La notificación del Ministerio Público al Minsal se produce en una semana difícil para el Gobierno, al punto que el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, admitió ayer que lo peor aún está por venir y que «el mes de junio es –probablemente– el más duro de la lucha contra la enfermedad”.
Pero lo que más ha complicado son los constantes cambios de metodología para contar los casos activos de coronavirus y los fallecidos, que ha encendido las críticas de especialistas. El ajuste en el conteo ha obligado al Gobierno a dar explicaciones a diario y ha dejado en el tintero frases como la de ayer del subsecretario Arturo Zúñiga, señalando que “no es bueno estar cambiando a cada rato las metodologías porque se produce una confusión en la ciudadanía”.
De acuerdo a Radio Bío Bío, en el oficio emitido el pasado 3 de junio, Abbott señala que “se han advertido dificultades en la certificación de la muerte que deben efectuar los Servicios de Salud en contexto de enfermedad, tratándose de fallecimientos domiciliarios”.
“Se han reportado casos de negativa por parte de los Servicios de Salud a emitir dichos certificados en tales circunstancias. Ante ello, los familiares o personas cercanas a los fallecidos contactan a los funcionarios policiales, quienes se comunican con la Fiscalía para pedir instrucciones”, sostuvo.
Esa facultad no es competencia del Ministerio Público, pues se trata de hechos que no tienen relación con delitos. En esa línea, agrega que la Fiscalía solo tiene competencia en casos de muertes donde se sospecha intervención de terceros.
Por eso, Abbott recuerda que resulta “indispensable que el personal de salud responsable de la certificación de la muerte por enfermedad lo tenga en consideración, sobre todo en las circunstancias que enfrenta actualmente el país”.
Además, el Fiscal nacional pide al Minsal que se designe a coordinadores en materia de certificación de defunciones para cada Servicio de Salud, para que los fiscales y las policías tengan línea directa para abordar este hecho.
“Mantener esta situación actualmente resulta insostenible, a la luz de la cantidad de fallecidos y de los limitados recursos materiales y humanos existentes en este ámbito, los que especialmente en tiempos de catástrofe resulta indispensable racionalizar”, finaliza Abbott en el documento, puntualizando que debido a esta falta de certificación, han existido casos donde la realización de autopsias ha quedado en manos del Servicio Médico Legal previa orden de los fiscales.
En el reporte de hoy, el subsecretario Arturo Zúñiga asumió que el procedimiento claramente debe mejorar. “Efectivamente recibimos un oficio del Fiscal Nacional. Lo agradecemos, porque es una responsabilidad que recae en los médicos de la red de salud integrada COVID-19. Son ellos quienes tienen la responsabilidad, cuando no hay presencia o presunción de participación de terceros, de entregar el certificado de defunción y por eso yo mismo he instruido a los servicios de salud para que designen a una persona que pueda facilitar el proceso o coordinar con Fiscalía o con el Servicio Médico Legal para dar dignidad a los momentos más duros de la vida, cuando fallece un ser querido, y es por eso que eso debe mejorar”, dijo.
