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Crédito: Via Twitter @IntendenciaXV
El órgano persecutor resolvió abrir la indagatoria, luego de analizar los antecedentes derivados por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota que declaró ilegal la operación vía trato directo entre la Intendencia y la empresa Tobar y Tobar Limitada.
El escándalo de las canastas de mercadería del programa Alimentos para Chile en Arica-Parinacota sumó una nueva arista luego que esta jornada la Fiscalía Regional confirmó el inicio de una investigación penal.
El órgano persecutor resolvió abrir la indagatoria, luego de analizar los antecedentes derivados por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.
La indagatoria penal busca establecer si existieron eventuales hechos constitutivos de delitos en la adquisición de canastas de alimentos, en el marco de un contrato, vía trato directo, entre la Intendencia y la empresa Tobar y Tobar Limitada.
El Ministerio Público informó que la indagatoria se radicará en un fiscal con especialidad en delitos funcionarios, a objeto de iniciar las primeras diligencias.
Cabe recordar que la Contraloría decidió instruir un sumario por el escándalo de la compra de cajas de mercadería, tras la presentación del senador socialista José Miguel Insulza y el diputado del mismo partido Luis Rocafull.
En concreto, los parlamentarios socialistas denunciaron una “colusión para ofertar y defraudar” en la Intendencia regional en el proceso de compra de 22.375 canastas familiares, en un proceso marcado por las irregularidades.
El reclamo fue acogido por la Contraloría, quien declaró ilegal el proceso, considerando sobre todo que la empresa que se adjudicó la compra no es del rubro alimenticio, sino que es prestador de “asesorías jurídicas, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta al por menor de artículos usados”.
Otra irregularidad manifiesta es que en una visita inspectiva de la Contraloría al inmueble fijado para la entrega de las cajas “los fiscalizadores fueron recibidos por el señor Juan Carlos Salgado Mc-Conell, quien es socio de la otra empresa cotizante en el proceso de contratación”, lo que da cuenta de la relación entre ambas empresas que participaron de la adjudicación, señala la resolución del ente fiscalizador.
Las observaciones de la Contraloría obligaron a la detención de la entrega de las cajas en la región, por decisión del intendente Ricardo Erpel.
