Víctimas de contaminación en Quintero-Puchuncaví acuden a Comisión Interamericana de DDHH

Una denuncia en contra del Estado de Chile presentó el abogado Remberto Valdés, en representación de 1.434 víctimas de contaminación en Quintero-Puchuncaví. El episodio de contaminación fue generado por un trasvasije de petróleo iraní entregado a ENAP, como compensación por un negocio fallido entre la empresa estatal chilena y la teocracia iraní, en 2018, aunque la historia comenzó mucho antes.

En efecto, el 2000 el directorio de ENAP, por medio de su filial Sipetrol, decidió explorar oportunidades comerciales en África y Oriente Medio y para ello se formó el “Bloque Mehr”, un consorcio integrado por la empresa austriaca OMV, más la española Repsol YPF y Sipetrol, que el 23 de septiembre de 2001 firmó un contrato con la National Iranian Oil Company (NIOC), con el fin de explorar la zona noroeste del yacimiento de Ahwaz, un terreno de 2.500 km cuadrados que, según ENAP, era “una de las provincias petroleras más ricas del mundo en hidrocarburos”. 

Un primer pozo (Band-e-Karkheh) comenzó a ser perforado en mayo de 2004, pero “debió ser abandonado por razones mecánicas”, reza la Memoria de ENAP de 2005, según la cual la re-perforación había quedado pendiente “a la espera de estudios técnicos y económicos”. Ese año se inició también la perforación de un segundo pozo: East Mushtaq, que también tuvo problemas.

Finalmente Sipetrol decidió salirse de esa área y ello se concretó en 2008. Irán se negó en dicho momento a devolver los 28 millones de dólares que Sipetrol había invertido en la exploración del Bloque de Mehr. Recién 10 años después la NIOC aceptó devolver lo invertido en petróleo.

El primer y último embarque de un millón de barriles de crudo (del llamado iranian heavy, el cual contiene fuertes concentración de ácido sulfhídrico) llegó el 14 de julio de 2018 a la bahía de Concepción a bordo del carguero “Monte Toledo”. El 04 de agosto (y luego de que la mitad de la carga fuera trasladada a otro buque, debido a las faenas de “venteo” de las bodegas del barco), un fuerte olor a pescado y huevos podridos obligó a evacuar a cerca de 60 mil personas desde el mall Plaza Trébol y la Clínica Bío Bío.

Posteriormente, el petróleo fue trasladado a Quintero, donde varios ejecutivos de ENAP permitieron “la propagación de elementos derivados del azufre provenientes del crudo iranian heavy depositado en uno de los estanques”, según la acusación del Ministerio Público, lo que también implicó fuertes emanaciones de mal olor y una emergencia sanitaria en la zona, como consecuencia de la cual cientos de personas debieron ser atendidas de urgencia, con irritación en las mucosas, mareos, náuseas y otros problemas. 

En 2023, en un juicio realizado en Concepción, tres ejecutivos de ENAP fueron condenados a 540 días, acusados de infringir la ley de gestión de residuos. Sin embargo, al año siguiente, fueron absueltos por la Corte Suprema (en un fallo dividido), tribunal que tampoco acogió el recurso de nulidad procesal presentado por Valdés.

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La CIDH

Ante ello, esta semana se presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acusa al Estado chileno de haber violado varios derechos constitucionales, entre ellos el tener derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, igualdad ante la Ley y la falta de protección efectiva.

Al respecto, el abogado indicó que “es imprescindible que el Estado de Chile se abra a un diálogo que supere el antagonismo que hoy día pervive entre un grupo de perjudicados y una empresa que tendría que estar gobernada, al igual que el Estado, por un objetivo de bien común”.

Respecto de los querellantes, indicó que se trata de “un grupo heterogéneo de personas. Algunas de ellas, 17, que tienen nombre y apellido, ya han fallecido”, agregando que los sobrevivientes enfrentan diversos dramas, pues “hay personas que, siendo ya ancianas, invirtieron todos sus ahorros para poderse ir a vivir en una zona que esperaban fuera su solaz en los últimos días de su vida y que hoy, contaminada como está, todo este perjuicio, impide no solo que vivan tranquilos, sino que, adicionalmente, puedan dejar de vivir o de residir en esa zona contaminada”. 

Del mismo modo, explicó que “hay padres que han tenido que separarse de sus hijos. Los papás siguen viviendo porque tienen sus trabajos en la zona de Quintero y Puchuncaví y, para evitar el daño a la salud de sus hijos, han tenido que derivarlos con familiares a otras zonas cercanas, como Villa Alemana, Valparaíso y Santiago. Existen también grupos de mujeres que, de manera prematura, han sido privadas de la posibilidad de volver a tener hijos o de tenerlos, porque el cáncer a sus úteros les ha privado de su capacidad de poder ser madres”.

Asimismo, detalló la existencia de los “hombres verdes”, antiguos trabajadores de la exfundición Ventanas que padecen de dolorosas yagas de color verde, por exposición a los gases, “que les ha ido quitando poco a poco la vida”. 

“En suma, hay una zona de sacrificio que se mantiene ya casi por 60 años, en donde el Estado de Chile, y en particular la Empresa Nacional del Petróleo, se encuentra en deuda con chilenas y chilenos que no puedan seguir viviendo en estas condiciones”, señala.

Los testimonios

En el dossier enviado a la CIDH hay incluso testimonios de video de las víctimas de la contaminación. Rosalinda Sánchez, por ejemplo, dice que “ha sido un tiempo muy difícil, porque desde que sucedió el evento, dos años después, en el 2020, me diagnostican un cáncer de médula ósea, un linfoma no Hopkins, con metales pesados en mi médula”.

David Briones, a su vez, relata que “mi suegra muere de cáncer, mi suegro trabajó en Enami, y él también muere por cáncer a sus pulmones; o sea, sus pulmones estaban contaminados. Y mi señora, cáncer a los pechos, de repente”.

Mila Bernal, por su parte, cuenta que “a mi hijo le encontraron un cáncer, y ese cáncer lo operaron y todo, pero llegó hasta el estómago. Se sabe que ya no hay nada más que hacer, hay que esperar nomás”, agregando que “hay días que no se puede respirar, yo sé qué dicen que se está midiendo la contaminación… no, eso es falso. Además, ¿qué les podemos pedir? si a la final son empresas de gobierno. Ellos arreglan todo para el beneficio de ellos, no de la gente”.

Por su parte, Ida Roa cuenta que “nos  han impuesto vivir en estas circunstancias, ya que si bien es cierto, las empresas son un poder económico y dan trabajo, el costo es que tenemos que sacrificar a nuestros hijos, a nuestras familias, e inclusive el tema de la salud”.

Paola Sandoval concluye señalando “en realidad lo que nosotros queremos hacer notar son todos los perjuicios que hemos tenido psicológicamente, médicamente, a nivel de familia y todo ese tema, que nos escuchen, realmente que nos escuchen y que nos tomen en cuenta, que no nos miren como que no existiéramos”.