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Crédito: Aton
Los abogados del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud, Jaime Mañalich, y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga –todos querellados por las muertes por COVID-19– recurrieron a la Corte Suprema para apoyar la negativa del Ministerio de Salud a la entrega de correos a la Fiscalía. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, fue consultado al respecto tras la cumbre de poderes del Estado en La Moneda, donde compartió con el Presidente Sebastián Piñera y los timoneles del Senado y la Cámara de Diputados, pero solo apuntó que “este es un asunto que está viendo la Segunda Sala de la Corte Suprema y está en curso”. “Es gravísimo que un Presidente de La República realice acciones para obstruir los procesos judiciales y pretenda influir en las decisiones de otro poder del Estado”, acusó Daniel Jadue, querellante en esta causa.
Una serie de críticas gatilló la estrategia judicial de los abogados del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud Jaime Mañalich y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, de recurrir a la Corte Suprema para apoyar la negativa del Ministerio de Salud a la entrega de correos requerida por el Ministerio Público en la investigación por las muertes por COVID-19 en Chile.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, querellante en este caso, catalogó la acción como “impresentable”. “Es gravísimo que un Presidente de la República realice acciones para obstruir los procesos judiciales y pretenda influir en las decisiones de otro poder del Estado”, indicó.
En la misma línea, el timonel del Partido Radical y exministro de Justicia Carlos Maldonado, sostuvo que los “correos electrónicos del Estado son medios de comunicación oficial de autoridades públicas”.
“No debe haber nada en ellos que no pueda ser sometido a escrutinio público, sobre todo si los pide el Ministerio Público por investigación penal”, indicó. “¿Qué teme el Gobierno que se descubra?”, acotó el dirigente radical.
A las críticas se sumó la expresidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández. “¿Por qué tanta negativa a entregar los correos electrónicos? ¿Qué están escondiendo? Las chilenas y chilenos tienen derecho a saber la verdad respecto al manejo de la pandemia”, dijo la diputada socialista.
En un tono similar, la diputada PS que integra la Comisión sobre Acusación en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, Daniella Cicardini, emplazó al Mandatario a que «diga qué es lo que quiere ocultar, porque se bloquea una investigación del Ministerio Público».
«Me parece impresentable que el Gobierno y el Presidente quieran ocultar información sobre el manejo de la Pandemia del COVID, cuando hay miles familias que han perdido a sus seres queridos y que exigen saber si desde el Gobierno se tomaron las medidas adecuadas”, dijo Cicardini.
Sobre este mismo punto, la diputada PS agregó que «las acciones adoptadas por el Ejecutivo nos llevan a dudar sobre si la información que han estado entregando son verdaderas o han sido manipuladas (…). La transparencia es un pilar fundamental de una democracia y con esta acción claramente se tiende un manto de oscuridad sobre cómo se ha manejado este Gobierno en la pandemia”.
El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, fue consultado al respecto tras una reunión en La Moneda donde compartió con los timoneles del Senado y la Cámara de Diputados y también precisamente con el Presidente Sebastián Piñera. Pero no hizo mayores comentarios, y solo apuntó que “este es un asunto que está viendo la Segunda Sala de la Corte Suprema y está en curso”.
En el documento enviado a la Corte Suprema, a juicio de los representantes de Piñera (Samuel Donoso), Mañalich (Gabriel Zaliasnik) y los subsecretarios (Eduardo Riquelme), la diligencia de la Fiscalía es “infundada”, “carece de todo fundamento legal” y se sustenta en “elucubraciones” sobre el manejo de la crisis sanitaria.
Los argumentos buscan reforzar así la respuesta entregada por el ministro de Salud, Enrique Paris, al máximo tribunal, ayer en la tarde, donde expone que la solicitud del Ministerio Público “resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo”, y se queja de que la Fiscalía “derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo”. Además, Paris insiste en jugar la carta de la seguridad nacional, señalando que los correos dan cuenta de la “adopción e implementación de decisiones reservadas, estratégicas y logísticas”.
En el documento enviado por los representantes de los querellados a la Suprema, los abogados critican duramente al Ministerio Público, señalando que “no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito”.
“La mera especulación epidemiológica excede largamente las atribuciones de la Fiscalía y solo exhibe su encono hacia quienes son objeto de su poder persecutor (…). No es función del Ministerio Público auditar a las autoridades, como sí lo es de la Contraloría General de la República (…). ¡El Ministerio Público investiga delitos, no hechos de interés público!”, sostienen
Las defensas de Piñera, Mañalich y los subsecretarios también apelan al argumento de la seguridad nacional sosteniendo que en los mails requeridos del exministro Jaime Mañalich; la exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro; y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, “existen antecedentes cuya divulgación importaría infringir su debida reserva con afectación evidente de la seguridad nacional”.
Asimismo, tal como lo hizo Paris, también apuntan al juez del 7° Juzgado de Garantía Darwin Bratti, quien autorizó esta incautación de correos, al señalar que el magistrado “acoge una solicitud que esgrimió antecedentes insuficientes (…), pues no se realizó en la resolución impugnada el adecuado test de proporcionalidad exigido, ni tampoco dicha diligencia resulta necesaria para el éxito de la investigación”.
